Por acuerdo del procurador general de justicia del Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto, la justicia mexiquense podrá ofrecer y pagar recompensas de entre 100 mil y hasta un millón de pesos a quienes ofrezcan información que permita resolver casos de alto impacto y localizar a delincuentes.
El procurador firmó ayer el acuerdo 11/2012, que establece los lineamientos, procedimientos y criterios para realizar el ofrecimiento y entrega de recompensas.
Según el convenio, sólo en casos excepcionales, el procurador podrá autorizar recompensas superiores a las mencionadas. El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.
El procedimiento será regulado por el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, cuyos integrantes sopesarán los antecedentes de la investigación de la que se trate, su pertinencia para ofrecer una recompensa; además, deberán contar con el aval del procurador.
Entre los criterios a evaluar para definir el monto de una recompensa se encuentran: la localización efectiva y, en su caso, el rescate de la víctima o víctimas; la peligrosidad del probable responsable; el rango del sujeto a localizar dentro de la célula delictiva de que se trate; la trascendencia del caso o el grado de dificultad que exista para la obtención de la información; la gravedad o el número de conductas delictivas por las cuales se investiga o que se le imputan a la persona, y el riesgo que implican para la sociedad; así como el que la información aportada lleve al esclarecimiento de los hechos y al éxito de la investigación.
El procedimiento
El ofrecimiento y entrega de recompensa será público y aplicable a cualquier persona que cumpla con los términos establecidos, con excepción de servidores públicos con funciones relacionadas con la procuración de justicia o la seguridad pública.
Luego de que el servidor público reciba la información, la asentará por escrito, la transmitirá de inmediato al titular de la Fiscalía Regional o Especializada, y proporcionará a la persona que aporte la información un número de identificación confidencial personal e intransferible.
El acuerdo establece que el servidor público deberá resguardar la información que reciba bajo la más estricta reserva y confidencialidad. En ningún caso se dará a conocer públicamente el nombre o datos de identificación de la persona que dé la información.
Los pagos se harán mediante depósitos bancarios. El Comité someterá a consideración del procurador los casos en que sea necesario brindar protección a quienes aporten información verídica y útil, o presten auxilio eficaz, eficiente, efectivo y oportuno al Ministerio Público.
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