Los especialistas que participaron en el Meet Point de El Financiero, aseguran que es necesaria una verdadera proyección de seguridad enfocada en la prevención de delitos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo
su estrategia de seguridad con el lema “Abrazos, no balazos”, durante su Gobierno. Esa fue la
forma que eligió para combatir al crimen organizado.
Sin embargo, se trata de una propuesta que “ha salido muy
cara para el país”, opinó Roxana Juárez, senior Analist de Souther Pulse,
durante el EF Meet Point Virtual, El Estado de seguridad, de El
Financiero.
“La seguridad pública en México está peor que nunca. El asunto
de abrazos, no balazos, fue parte de la retórica política de un candidato que
la sostuvo como presidente”, agregó la especialista.
Sobre el tema de seguridad, Roxana Juárez explicó que es
algo que cuesta y por ello es necesario el presupuesto para las fiscalías,
el cual debería destinarse a que tengan mayor capacidad para realizar
investigaciones.
“Hay estados donde no tienen todas las prácticas forenses
necesarias para investigar los delitos”, agregó.
¿Cómo ayuda la Guardia Nacional en materia de seguridad?
En el mismo foro, el abogado Jorge Alberto Lara,
destacó que en este Gobierno no hubo una estrategia de seguridad.
“Todo ha sido concentrar las fuerzas en la Guardia Nacional,
lo cual no ha servido en seguridad pública”, afirmó.
El internacionalista consideró que es necesaria una
verdadera proyección de seguridad enfocada en la prevención de delitos
para fortalecer así a las instituciones policiales
“Nadie en su sano juicio en este país piensa que la inseguridad se deba arreglar a punto de balazos y
mucho menos con abrazos a la delincuencia común y organizada”, añadió.
Jorge Alberto Lara puntualizó que la agenda de seguridad
debe incluir políticas públicas que realmente impacten en la prevención de
delitos, debido a que durante estos cinco años de Gobierno se ha abandonado a
la policía como eje central para la protección de la ciudadanía.
Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum Pardo, aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, ayer tuvieron asambleas en la Ciudad de México. El exsecretario de Gobernación realizó una en Tlalpan, alcaldía que encabezó la exjefa de Gobierno capitalina entre 2015 y 2017.
Cerca de las dos de la tarde, rodeado de empresarios y bajo
fuertes medidas de seguridad, llegó a la explanada de la alcaldía Tlalpan Adán
Augusto López Hernández, quien vestido de camisa blanca, pantalón color beige y
acompañado de su esposa Isabel Estrada, fue recibido con tamboras, bandas,
batucada y bailarines por cientos de simpatizantes y colaboradores
que llevaban mantas, gorras, camisas, banderines y todo tipo de propaganda.
También había empresarios y excolaboradores de
la Secretaría de Gobernación, algunos muy cerca de él, otros un poco
retirados, pero desde donde pudieran ser vistos por López Hernández.
Entre ellos estaban Ricardo Peralta Saucedo,
coordinador Nacional de la Alianza Patriótica por la 4T, subsecretario de
Gobernación y hoy uno de los principales acompañantes de Adán Augusto, junto
con su coordinadora de comunicación social, Andrea Chávez.
También lo acompañó Arturo Ávila, empresario de
Aguascalientes dedicado al blindaje de autos y seguridad,
exdirector general de Enlace con Gobernadores y Alcaldes de la Segob y
ahora coordinador territorial y de logística de Adán Augusto.
También estuvo el empresario farmacéutico Julio Gerardo
Padilla Sánchez, que pese a querer mantener un perfil bajo se hizo notar por
su celular enfundado en chapa de oro, sus zapatos de buena marca y sobre
todo, sus guardaespaldas.
Desde antes de las 13:00 horas ya había gente de la avanzada
de Adán Augusto López, principalmente personal de seguridad, de su equipo de
trabajo y uno que otro militante. Conforme iban pasando los minutos arribaban
camiones con la gente que apoyaría el evento, algunos se apresuraban para
agarrar lugar y poder saludar a su corcholata favorita o por lo
menos lograr una foto para presumirla en redes a sus amigos.
Tras un discurso de una hora ante sus seguidores, en el que atacó
a los medios de comunicación Televisa y Latinus, Adán Augusto prometió incrementar
a partir de enero la pensión a adultos mayores, bajar de 65 años a 63 la
edad para recibir la pensión y también hizo una encuesta a mano alzada
para que los tlalpenses rechazaran, pensión para expresidentes.
Fue en Tláhuac donde López Hernández no
quiso dejarse sorprender por la lluvia e inició su evento media hora antes de
lo previsto —a las 16:30— por lo que hasta los músicos llegaron tarde.
A pesar de la lluvia, unas mil personas se dieron cita en la
explanada de la alcaldía, donde arremetió contra periodistas,
expresidentes y prometió ampliar programas sociales y tras 45 minutos se
fue en su camioneta Cadillac color gris.
Por su parte, Claudia Sheinbaum citó a sus
simpatizantes en los campos Revolución, en la zona de Cuautepec, uno de
los bastiones morenistas de la alcaldía Gustavo A. Madero.
La exjefa de gobierno capitalina llegó en Cablebús a
la cita con algunos minutos de retraso, mientras una muñeca de cartón de dos
metros animaba al quórum.
En la estación del Cablebús Campos Revolución, una de
las obras insignia de Sheinbaum, ya la esperaba un operativo de policías
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que pedían a los asistentes
se hicieran a un lado para poder abrirle camino hasta la tarima dispuesta unos
metros adelante de la salida de la terminal.
Se esperaban al menos mil personas, pero la lluvia
descafeinó la asamblea y unos cuantos cientos se quedaron a pesar del granizo.
Cientos de sillas habían sido dispuestas para que
los asistentes pudieran escuchar cómodamente a la exjefa de Gobierno, pero
con la lluvia fueron retiradas. Sólo se quedaron alrededor de cien.
Los trabajadores de la empresa a la que se le rentaron las
sillas trabajaron bajo la lluvia doblando y apilando los asientos de plástico
negro, aun cuando la aspirante presidencial daba su breve discurso que duró
26 minutos.
El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México felicita a la generación 2019-2023 egresada de las 36 Escuelas Normales de la entidad. Asimismo, reconoce a los nóveles docentes que, con determinación y vocación de servicio, participarán en la formación integral de la niñez, adolescencia y juventud mexiquense.
La DEA revela que operan en más de 100 países del mundo; el grupo de Joaquín “El Chapo” Guzmán cuenta con más elementos que el del Mayo Zambada
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) operan mundialmente con 26 mil y 18 mil
800 elementos, respectivamente, de acuerdo con información de inteligencia que
reveló la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus
siglas en inglés).
Ambos cárteles alcanzan un estado de fuerza de casi 45
mil elementos en conjunto, —cifra que es cinco veces mayor respecto a los nueve
mil integrantes que reporta la DEA, entre agentes, analistas y otro tipo de
afiliados—.
La información fue dada a conocer por el director
adjunto de la DEA George Papadopoulos, tras comparecer ante el Comité de
Seguridad Nacional del Congreso de Estados Unidos para hablar del tráfico
de fentanilo a través de la frontera, y fue consultada por El
Sol de México luego de que el Departamento de Justicia publicó
recientemente la transcripción de su testimonio.
“El Cártel de Sinaloa, con sede en el Estado
mexicano de Sinaloa, es una de las organizaciones de narcotráfico más antiguas
de México (...). Se ha identificado que actualmente hay más de 26 mil
integrantes, asociados, facilitadores y corredores al Cártel en más de 100
países”, dijo Papadopoulos en la reunión con dicho Comité, celebrada
el pasado 12 de julio.
Papadopoulos detalló que la organización liderada por Ismael
“El Mayo” Zambada y “Los Chapitos” —como se le conoce a la facción a cargo
de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— controla la actividad
del narcotráfico en varias regiones de México, particularmente
en la costa del Pacífico.
“Según los informes, el Cártel de Sinaloa tiene
presencia en 19 de los 32 estados mexicanos”, explicó durante la
audiencia.
Sobre el Cártel de Sinaloa, el director adjunto de
la DEA le aseguró a los representantes estadounidenses que de todos
los cárteles mexicanos es el que mantiene una “presencia internacional
más expansiva”.
Afirmó que la organización exporta y distribuye cantidades
al por mayor de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína en Estados
Unidos, donde mantiene centros de distribución en ciudades que incluyen a Phoenix,
Los Ángeles, Denver y Chicago.
Según su testimonio, las drogas ilícitas distribuidas por el Cártel
de Sinaloa se introducen de contrabando a Estados Unidos a
través de puntos de cruce ubicados a lo largo de toda la frontera.
Papadopoulos también dio detalles sobre el CJNG,
el cual tiene una fuerza menor a la del Cártel de Sinaloa, con
apenas 18 mil 800 elementos, y su red internacional también está
presente en más de 100 países de los que no se ofrecieron más detalles.
Respecto a sus operaciones internacionales, el director
adjunto de la DEA aseguró que la organización comandada por Nemesio
Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tiene presencia en prácticamente todos
los continentes, a excepción de la Antártida.
“Se ha identificado que actualmente hay más de 18 mil
800 integrantes, asociados, facilitadores y corredores afiliados al cártel
en más de 100 países (...). A nivel internacional, el Cártel de Jalisco tiene
presencia e influencia a través de asociados, facilitadores y corredores en
todos los continentes, excepto en la Antártida”, explicó ante los diputados
estadounidenses.
El 49 por ciento de los hogares más pobres recibieron apoyo de programas sociales durante el 2022, 20 por ciento con respecto al 2016
Los programas sociales han sido clave en el actual sexenio,
sin embargo, se observa que los más beneficiados son los hogares con mayores
ingresos, según los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del INEGI.
A nivel nacional, los hogares beneficiarios de
programas sociales ascendieron al 34 por ciento, un “máximo histórico y para
celebrarse”, consideró el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig).
“En 2016, 68% de los hogares más pobres eran beneficiarios
de programas sociales. En 2022 sólo 49% lo eran (caída de casi 20%). Por el
contrario, entre 2018 y 2022 se triplicó el porcentaje de beneficiarios
entre los hogares más ricos: pasó de 6 a 20%”, señaló el Indesig en un reporte.
Para el socio consultor de Integralia, Carlos Ramírez,
estas cifras muestran que los programas sociales se tornaron regresivos y “una
de las razones fue la decisión de universalizar el apoyo a Adultos Mayores”.
El análisis del Indesig revela también que los estados
más pobres del país reciben menos programas sociales. En este sentido se
observa una caída de 8 por ciento en la cobertura en Chiapas; en Oaxaca de 3
por ciento y en Guerrero de 2 por ciento en 2022, respecto al 2018.
En contraste, en las entidades con más ingresos se
reportó un aumento en la cobertura: en Yucatán creció 16 por ciento; en la
CDMX, 15 por ciento, en Nuevo León, 13 por ciento y en el Edomex, 11 por
ciento.
Al considerar los deciles se observa que en los del primero,
cuyos ingresos son más bajos, el incremento pasó de 1 mil pesos
en 2018 a 1 mil 044 pesos, es decir un aumento de 4 por ciento.
Mientras que en los hogares del décimo decil pasó de 922
pesos a 1 mil 511 pesos, es decir, un aumento de 64 por ciento.
El monto promedio de ingreso a nivel nacional fue de 63 mil 695 pesos por trimestre, desde los 60 mil 916 pesos reportados en el 2018, indicó el Inegi.
Los ingresos
en los hogares mexicanos han crecido en lo que va del sexenio del
presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en los de menores
recursos, y solo cayeron en los más ricos.
Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022
del Inegi mostraron que entre 2018 y 2022 los ingresos promedio por hogar aumentaron
4.6 por ciento, en términos reales.
El monto promedio de ingreso a nivel nacional fue de 63 mil 695 pesos
por trimestre, desde los 60 mil 916 pesos reportados en el 2018, indicó el
instituto.
En los hogares del primer decil, es decir
aquellos más pobres, con ingresos trimestrales de 13 mil 411 pesos,
se reportó un aumento de 19.9 por ciento en 2022, en relación con el 2018. Los
del segundo decil vieron un aumento de 13.5 por ciento y en los del
tercer decil un 11.1 por ciento.
En el cuarto, quinto y sexto decil el alza fue de
9.8, 9.3 y 8.7 por ciento, respectivamente. Para el séptimo 7.6 por ciento, en
el octavo 6.2 y en el noveno de 4.6 por ciento.
Sin embargo, en el décimo decil, donde los ingresos son mayores, de 200 mil 696 al trimestre, se
reportó una caída de 2.2 por ciento.
Por entidad, cinco sufrieron una baja en sus ingresos entre
2022 y 2018. La caída más pronunciada fue en la CDMX, con 7.6 por ciento,
seguida de Tlaxcala con 6.0 por ciento. Con un menor descenso se
ubicó Jalisco, con 3.0, mientras que en el Edomex y en Campeche fue
de 2.4 y 1.4 por ciento, en cada caso.
Se cierra brecha
De acuerdo con los registros del INEGI, la brecha
muestra que los hogares con mayores ingresos son 15 veces mayores que
los de menores ingresos. Esta brecha ha mostrado una reducción, ya
que fue de 18 veces en 2018 y 21 veces en 2016.
“En 2016, el decil 10 con respecto al decil 1 era 21 veces
más grande (la brecha de ingresos), ahora en la encuesta de 2022 se está
reportando 15 veces más grande. Así sucesivamente entre los años, 2016, 2018,
2020 y 2022 se va viendo cómo crece la participación del ingreso en los deciles más bajos y
esta reducción en lo más altos”, dijo Octavio Heredia, director general adjunto
de Encuestas Sociodemográficas del INEGI.
Sobre la desigualdad de los ingresos, medida a través del coeficiente
de Gini bajó a 0.402 en 2022, desde 0.415 en 2020, considerando las
transferencias. Este indicador refleja que un valor cercano a 0 mostraría la
‘máxima igualdad’ y mientras más se acerque a 1 sería ‘máxima desigualdad’.
Gasto crece 2.1%
Por el lado del gasto corriente monetario, los resultados
de la ENIGH revelan un crecimiento de 2.1 por ciento entre 2018 y
2022, a un total de 39 mil 965 pesos por trimestre,
De los diferentes rubros del gasto, el de mayor crecimiento fue
en salud con 30.9 por ciento más en 2022, comparado con
el 2018; en alimentos, bebidas y tabaco fue de 9.2 por ciento y
en cuidado personal de 6.1 por ciento.
El principal rubro de gasto corriente monetario de los
hogares en 2022 fue el de alimentos, bebidas y tabaco con 37.7 por ciento del
total; le siguió transporte y comunicaciones con 19.3 por ciento,
y educación y esparcimiento, con 9.8 por ciento.
En contraste, los rubros al que las familias destinan menos presupuesto son transferencias de gasto, con 2.8 por
ciento; salud, con 3.4 y vestido y calzado, con 3.8 por ciento del
total.
Crece cobertura de programas
Los hogares en el país beneficiarios de programas sociales representaron 34 por ciento del
total en 2022, un “máximo histórico y para celebrarse”, consideró el Instituto
de Estudios sobre Desigualdad (Indesig).
Sin embargo, el organismo señaló que la mayor penetración ha
sido en las familias con mayores recursos. “En 2016, 68 por ciento de
los hogares más pobres eran beneficiarios de programas sociales. En 2022 solo 49 por ciento lo eran
(caída de casi 20 puntos). Por el contrario, entre 2018 y 2022 se triplicó el
porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos: pasó de 6 a 20 por ciento”, detalló.
Para el socio consultor de Integralia, Carlos Ramírez, estas
cifras muestran que los programas sociales se tornaron regresivos y “una de
las razones fue la decisión de universalizar el apoyo a Adultos Mayores”.
Del casi medio millón de empleos que se generaron en junio de 2023, más del 95% fueron informales.
En México, la tasa de desempleo disminuyó a un mínimo
histórico de 2.68 por ciento en junio de 2023, de acuerdo con
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi; sin embargo, la tasa de informalidad aumentó a 55.35 por ciento,
una señal de que gran parte de los empleos creados en los últimos años son ‘informales’.
De acuerdo al reporte, 60.3 millones de personas de
15 años y más es parte de la Población Económicamente Activa (PEA); es decir,
las personas que realizan un trabajo que le representa una remuneración
económica; dicha cantidad significó un aumento de 859 mil personas con
relación al dato de junio de 2022.
En contraste, la Población No Económicamente Activa (PNEA)
-que es la que se dedica al hogar, estudia, está jubilada o pensionada, tiene
impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades- fue de 40
millones de personas (39.9 por ciento de la población de 15 años y más),
55 mil personas más respecto a junio de 2022.
Estos ‘buenos datos’ de desempleó se dan tras la creación
de 419 mil 85 puestos de trabajo en junio de este año, comparado con el
mes de mayo.
Sin embargo, de los 419 mil 85 empleos que se
agregaron, 417 mil 164 lo hicieron en las filas de la informalidad, su
cifra más elevada desde abril del año pasado
Mucho empleo... pero mucha informalidad.
De las 60.3 millones de personas que trabajan en México, 32.6
millones lo hacen en la informalidad; es decir, quienes trabajan sin
prestaciones, sin contratos, sin seguridad social, además de la
población que trabaja en micronegocios no registrados ante el SAT y otras
modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la
agricultura de subsistencia.
El problema de la informalidad lo presentan tanto hombres
como mujeres.
De los hombres de 15 años y más que tienen un trabajo, 55.2
por ciento lo hace desde la informalidad
Asimismo, del total de mujeres de 15 y más económicamente
activas, el 55.9 lo hace desde un trabajo ‘informal’.
Por otra parte, la ocupación en el sector informal considera
a todas las personas que trabajan para unidades económicas no
agropecuarias que operan sin registros contables y que funcionan a partir
de los recursos del hogar, o de la persona que encabeza la actividad sin que se
constituya como empresa.
De este modo, la actividad en cuestión no tiene una
situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que
la dirige y, por lo mismo, tiende a concretarse en una escala de operación muy
pequeña.
Un ejemplo de estos casos puede ser la venta de comida o
dulces en escuelas por parte de un estudiante que vive y es mantenido por sus
padres.
En junio de 2023, esta población fue de 16.9 millones
de personas y significó 28.9 por ciento de la población ocupada.
El Ejecutivo destacó que su modelo económico de apoyar primero a los pobres da resultados, pues ahora "están recibiendo más"
Andrés Manuel López Obrador celebró los resultados de
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 (ENIGH) del
Inegi, la caual muestra que hubo una pequeña recuperación del 4.6% tras
impacto de la pandemia.
En su conferencia mañanera de este jueves el presidente
aseguró que con los indicadores de este estudio se está demostrando “que no
basta con el crecimiento económico” y que su modelo económico de
apoyar primero a los pobres da resultados.
Pese a que la encuesta demuestra que ha aumentado la brecha
salarial entre hombres y mujeres, que es de hasta de 10 mil pesos, el jefe
del Ejecutivo dijo que la encuesta es muy importante.
“Estamos hablando de casi 4 años de nuestro gobierno,
pasando por la pandemia, y ya podemos comparar con esos resultados que está
funcionando nuestra estrategia de atender a todos, pero darle preferencia a los
pobres”.
Incluso aseguró que con la ENIGH ha demostrado que logró
reducir la pobreza en el tiempo que lleva su gobierno y que eso no es poca
cosa.
“Me llena de orgullo y de satisfacción el poder decir eso,
que los más pobres están recibiendo más, que estamos haciendo justicia, porque
la justicia es darle más al que tiene menos”, expresó.
Incluso dijo que con la Encuesta realizada hace un año puede
probar “cómo han mejorado los ingresos de la mayoría de los mexicanos a pesar
de la pandemia. Estoy, pero muy contento, como pavo real, mucho, mucho, mucho
muy contento", dijo.
Sin embargo, la encuesta muestra que el ingreso promedio
trimestral monetario de los hombres fue de 29 mil 285 pesos y el de las mujeres
de 19 mil 81, lo indica que hay una brecha de 10 mil 204 pesos al trimestre en
2022.
El año pasado, los hogares del primer decil, es decir, el
10% de las familias del país con menores percepciones, representan el 2.1 % del
ingreso corriente total, mientras que los del décimo decil, los más ricos,
concentran el 31.5%.
En tanto, las personas que se consideran indígenas
tienen un ingreso promedio trimestral monetario de 18 mil 428 pesos, 24.5%
menos que el promedio nacional.
Pese a esta brecha, el presidente dijo que todos los
sectores sociales en los que divide el INEGI a la población (deciles) indica
que incrementaron sus ingresos, “aún en la pandemia” y que eso fue gracias a la
política de destinar apoyos a la base de la pirámide social.
Sostuvo que el ingreso laboral para el 10% de los hogares
más pobres se incrementó en promedio 29% de 2018 a 2022 en términos reales
durante el tiempo que lleva gobernando y hasta julio del 2022.
El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes reiteró que no había condiciones para llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Al dar por terminada la investigación sobre el caso
Ayotzinapa en septiembre próximo, como está programado, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dirá que cumplió con los padres de las víctimas y resolvió
el crimen, aunque no sea cierto. El caso, de hecho, concluirá en condiciones
más confusas, de mayores dudas, lleno de contradicciones y, lo peor, con los
asesinos confesos en libertad, gracias a que su gobierno les perdonó todo a
cambio de imputar a militares y exfuncionarios, pero sin aportar pruebas para
proceder en su contra de manera clara y contundente.
Lo último que esperaba, el reporte del Grupo
Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes que contrató el
gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, y recontrató el de López Obrador, contribuye al descrédito de
su gobierno. Carlos Beristáin, uno de los dos integrantes que sobrevivieron
todos estos años en el GIEI, reiteró este martes que no había condiciones para
llegar a la verdad y, sin decirlo abiertamente, responsabilizó al gobierno de
no haber logrado que las Fuerzas Armadas les dieran toda la información que
solicitaron, por lo cual existía el riesgo de que “la mentira se
institucionalice como respuesta” –un eco de una acusación similar al gobierno
peñista–.
A casi una década del crimen, las investigaciones de los
gobiernos de Peña Nieto y López Obrador han sido desaseadas, con
irregularidades e ilegalidades en ambos casos, donde la verdad de fondo ha
quedado olvidada, pese a coincidir en ella ambas administraciones: los 43
normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala, que después
contaron con el apoyo de agentes de los municipios colindantes, que se los
entregaron a Guerreros Unidos. En ambas versiones, la “verdad
histórica” y la “verdad alterna”, fueron asesinados e incinerados. La
diferencia está en el cómo y el dónde, pero sobre todo en la carga del quién;
en la primera, los responsables son los asesinos, mientras que en la segunda
son los funcionarios federales, de entonces y actuales.
El ex procurador general Jesús Murillo Karam está preso,
acusado de haber establecido una narrativa que buscaba el encubrimiento de
autoridades federales supuestamente involucradas en el crimen. El subsecretario
de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, responsable de la
investigación, ha hecho lo mismo que Murillo Karam, crear una narrativa que en
la práctica protege a los asesinos de Guerreros Unidos y,
probablemente, al exalcalde de Iguala, al liberarlos de culpa, para, mediante
declaraciones inducidas –no bajo tortura como en el gobierno anterior– y con
pruebas falsas, acusar a un general de haber ordenado el asesinato de los
normalistas.
Encinas, como el propio López Obrador lo ha dicho en algunas
reuniones, tiene una obsesión contra los militares, pero lo ha respaldado.
Incluso, autorizó la reactivación de órdenes de aprehensión contra casi dos
decenas de militares en activo y en retiro para que le ayudara a respaldar su
discurso del próximo septiembre y decir que había cumplido con lo ofrecido en
campaña. La posición del GIEI, sin embargo, lo mete en una contradicción, luego
de que Beristáin señaló que el último informe presentado el martes “muestra los
distintos niveles de implicación y responsabilidad de los diversos niveles del
Estado en el ataque de los 43″. ¿A quiénes se refiere?
En primer lugar, por jerarquía administrativa, al secretario
de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, que era el comandante de la 8ª
Región Naval Militar, con sede en Acapulco, cuando se dio la desaparición de
los normalistas. En esa categoría, el almirante participaba en las mesas de
seguridad semanales en Guerrero, donde durante largo tiempo se habló de la
presencia de Guerreros Unidos en Iguala y la Tierra Caliente, de las
actividades ilegales del exalcalde José Luis Abarca, de la presunta
colaboración de algunos militares con la delincuencia organizada y, en algo que
imputan Encinas y el GIEI, de haber sembrado evidencia falsa sobre los restos
humanos de los normalistas.
A nivel federal, el segundo en el ojo del GIEI es Alfredo
Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia
Organizada, que como tal ocupaba el mismo cargo en la Procuraduría General,
peñista, que no fue removido por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Hace
casi un mes, fue detenido quien trabajó con él en la investigación del caso
Ayotzinapa, Gualberto Ramírez, extitular de la Unidad Antisecuestros de lo que
era la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada.
En el nivel local, la figura más sobresaliente a la que se
refiere el GIEI es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México, que en ese entonces era el delegado de la Policía Federal
en Guerrero, y uno de los participantes de la Mesa de Seguridad. García Harfuch
está enemistado con el fiscal Gertz Manero y en la Secretaría de Seguridad
federal consideran que sí estuvo involucrado con Guerreros Unidos, una
imputación que siempre ha negado.
De manera indirecta señalan al general Audomaro Martínez,
director del Centro Nacional de Inteligencia, al quejarse de que el Cisen, que
es como se llamaba hasta el sexenio pasado, les negó información, lo que se
mantuvo hasta la actualidad.
No quiere quedar mal con los padres de los normalistas, pero
tampoco ha aceptado una investigación forzada o inventada, o que, aun en el
supuesto de que fuera cierta, afecte a la cúpula del Ejército. Quisiera
minimizar el daño a las Fuerzas Armadas con acusaciones quirúrgicas, como la
que tiene en prisión al general José Rodríguez, que encabezaba el 27º Batallón
de Infantería en Iguala en los días en que se cometió el crimen, acusado con
pruebas –chats a modo que presentó Encinas donde lo involucraban en el crimen–
que resultaron falsas.
El Presidente se mantiene firme en que hasta ahí llegue la
responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero el informe del GIEI lo volvió a
colocar en la trampa. Ahí están los funcionarios indirectamente imputados que
se mantienen en sus cargos, sumergido en las contradicciones de un caso donde
no midió su complejidad ni sus consecuencias.