Diputadas y diputados locales cuestionaron y reprocharon al fiscal general de justicia por la corrupción en la Fiscalía, la impunidad, la falta de resultados en las investigaciones y en detenciones por los delitos de violencia contra las mujeres y en otros de alto impacto como: secuestros, extorsiones, trata de personas, robos que azotan a la población.
Durante la comparecencia de Alejandro Gómez Sánchez ante el
Congreso local, la mayoría de las y los representantes populares señalaron que
los avances señalados por esa institución no se perciben por parte de la
ciudadanía y reprocharon que siguen las deficiencias en la fiscalía, la
solicitud de dádivas y otras irregularidades señaladas en el informe de
Amnistía Internacional.
Gerardo Ulloa Pérez de Morena advirtió que la gente se queja
de la corrupción e impunidad, mientras el fiscal lleva siete años en el cargo,
por lo cual lo invitó y urgió a dar resultados, pues las cosas no mejoran los
avances son mínimos y la gente no ve la luz y para la población la mayor
problemática es la inseguridad. Cuestionó qué está haciendo, a qué se
compromete para terminar con la corrupción y el fundamento legal para que
participe en el Viaducto Bicentenario y por qué han negado la carpeta al
indiciado.
Por Morena, María del Carmen de la Rosa dijo que la Fiscalía
fue incapaz de demostrar ante el juez de amparo las razones por las cuales no
permitían a las mujeres el acceso a la carpeta de investigación a las mujeres
de Atenco; cuestionó la impunidad, la obstaculización de las carpetas de
investigación. Preguntó si hay medios de control para garantizar el buen
trabajo de los Ministerios Públicos, el tiempo de atención que tienen, cuándo
retomarán los trabajos del centro de Justicia La Perla y los delitos contra
niñas y niños y adolescentes.
Omar Ortega Álvarez del PRD, quien erró al señalar al fiscal
como gobernador, dijo que la entidad es la que más feminicidios registra con 97
este año y cuestionó sobre ilícitos como el secuestro y la trata de personas.
Preguntó qué hacen para atender a las familias, qué hacen con las carpetas de
investigación, cómo apoyan a las víctimas de secuestro en el estado, los
resultados por sanciones, la atención a víctimas de trata y sobre turismo
sexual.
Juana Bonilla Jaime de Movimiento Ciudadano dijo que el
estado de México es el más inseguro para las mujeres, pues sigue la violencia
en distintos municipios y el tema de feminicidios ha sido recurrente. Admitió
que ha habido esfuerzos insuficientes. Preguntó los parámetros para atender la
violencia feminicida, si han ayudado a contrarrestar ese delito y refirió que
Amnistía Internacional dio recomendaciones sobre los Ministerios Públicos, por
lo cual cuestionó los avances en el cumplimiento de éstas.
Su compañero Martín Zepeda dijo que para los mexiquenses
salir es un riesgo, hay delitos que no se denuncian y se requieren sancionar,
pero también existe desconfianza hacia las autoridades. Preguntó cuándo se
verán resultados por el combate a la corrupción.
María Luisa Mendoza del Partido Verde dijo que el fiscal no
es parte del gabinete por lo cual debería comparecer en abril, en la entrega de
su informe y cuestionó sobre el informe de Amnistía Internacional, en torno a
que las autoridades no realizan pruebas periciales, hay amenazas, acoso y otras
irregularidades. Cuestionó si las capacitaciones han dado resultados porque la
ciudadanía no los visualiza.
Afirmó que hay ausencia de Ministerios Públicos y
corrupción, por lo cual urgen políticas reales y efectivas, pues los
feminicidios siguen y preguntó cuántos feminicidas se han detenido de las 177
carpetas iniciadas. Pidió más atención a las agencias de atención a mujeres
víctimas de violencia, pues solo atienden de lunes a viernes en un horario de
oficina y Claudia Morales del PVEM preguntó sobre la efectividad de esa
fiscalía.
Trinidad Franco Arpero del PT cuestionó sobre la Ley de
Amnistía en la entidad que compete a diversas instituciones cuál ha sido la
actuación de la fiscalía, le pidió se haga justicia y que esa norma cumpla el
cometido para el que fue creada. También advirtió que debe ser más evidente la
operación táctica y pidió conocer los resultados en el combate a los delitos
como robo en transporte público y a transporte de carga.
Rigoberto Vargas Cervantes de Nueva Alianza señaló que en el
informe se habla de pocas sanciones a servidores públicos, con lo cual se
muestra la falta de contundencia en el combate a la corrupción, pues la mayoría
de las personas señalan casos de corrupción, la solicitud de dádivas y
cuestionó por qué no ha funcionado el combate a la corrupción y por qué no se
han implementado métodos para combatirla.
También de NA Mónica Granillo refirió deficiencias señaladas
en el informe de Amnistía Internacional y violaciones a los derechos humanos.
Cuestionó por qué siguen violentando derechos.
Mario Santana Carbajal del PRI preguntó sobre los delitos
que han disminuido, las acciones por la crisis sanitaria, los cursos a
servidores públicos y cómo han beneficiado al personal y Evelyn Osornio,
también del tricolor, cuestionó sobre el impacto de la pandemia en la fiscalía,
la incidencia delictiva y qué se requiere fortalecer en la Legislatura para
apoyarlos.
Francisco Rojas del PAN dijo que no se puede hablar de que
le han cumplido a los mexiquenses cuando el 60% de delitos no se denuncian.
Cuestionó sobre las sentencias condenatorias y una opinión sobre la percepción
de inseguridad de la Encuesta Nacional de Victimización.
Adrián Juárez Jiménez del PAN advirtió que muchas veces en
la fiscalía se victimiza a la población, llamó a trabajar en combatir la
impunidad, pues si hay pocas posibilidades de detención hay incentivos para
cometer delitos. Pidió conocer la actuación de la fiscalía y dijo que la gente
exige resultados
