Con ello, quedó firme el revés jurídico que sufrió la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, al no poder imputar a los académicos delitos como peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República
La Fiscalía General de la República (FGR) no apeló la decisión del juez de Control federal Gregorio Salazar, quien negó la orden de aprehensión contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Con ello, quedó firme el revés jurídico que sufrió la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, al no poder imputar a los académicos delitos como peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.
José Rodrigo Roque, uno de los 31 investigadores imputados, explicó a EL FINANCIERO que con ello la dependencia quedó prácticamente imposibilitada de imputar a los 31 investigadores los mismos delitos y con las mismas pruebas.
“El lunes se venció el plazo para que la FGR apelara la decisión del juez en el que encuentra que no hay delito de peculado y, por tanto, no hay el uso ilícito de atribuciones y tampoco hay lavado de dinero y delincuencia organizada”, indicó.
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Las acusaciones han despertado la condena de diversas instituciones, como la UNAM
“La resolución del juez, que entró al fondo del asunto y que dijo aquí ‘no hay delito’, debió haberla impugnado la FGR y no lo hizo; es decir, la FGR no nos podría investigar por los hechos que no impugnó”, dijo en entrevista telefónica.
“El juez resolvió, ya hay una resolución judicial que dice que somos inocentes”, agregó quien fuera director adjunto de asuntos jurídicos del Conacyt.
Él y otros de los imputados también consultados explicaron que por ahora “no se puede hablar de ganadores y perdedores”, ya que la FGR ha advertido que no cesará en su intento de meterlos a la cárcel.
Recordaron que la FGR anunció que replanteará la acusación contra los investigadores del Conacyt y exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por un presunto quebranto al erario federal de 471 millones de pesos.
“Hay que esperar la determinación que tome la FGR y, con base en ello, actuaremos. Demostraremos nuestra inocencia”, refirieron.
Ayer, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, publicó una serie de mensajes en Twitter, donde dejó entrever la posición del gobierno federal con relación a este tema.
Insistió, como lo hizo el jueves de la semana pasada el fiscal del caso, Alfredo Higuera, que sí hay un delito patrimonial imputable a los integrantes de la comunidad científica y que se va a proceder contra ellos.
“El Foro Consultivo gastó 471 mdp en tintorería, comidas, viajes y salarios”, dijo Ramírez Cuevas en un primer mensaje. Y acusó que dicho foro presionó para recibir 33 millones de pesos más del Conacyt, habiendo ejercido ya 16 millones.
“Durante 16 años recibió 571 mdp, pero sólo 100 mdp los utilizó para proyectos de ciencia y tecnología; lo demás lo usó en gastos operativos”, agregó.
“Las acciones que emprenda la FGR no son responsabilidad ni atribución de Conacyt; su directora no tiene causa legal en contra. El gobierno no persigue a científicos ni a nadie, pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”, dijo.
En tanto, parte de los investigadores imputados se reunió ayer con el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien les ofreció que el Poder Judicial actuará en este caso, como en todos, con objetividad, imparcialidad e independencia.
Exigen que Álvarez-Buylla vaya a comparecer
En el Senado, legisladores de oposición plantearon la necesidad de llamar a comparecer ante el Senado a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla.
Los integrantes de las bancadas de Movimiento Ciudadano y del grupo plural presentaron un punto de acuerdo para que la funcionaria exponga de forma exhaustiva ante los senadores los elementos que dieron origen a la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de 31 investigadores y científicos.
De acuerdo con la senadora de MC, Verónica Delgadillo, lo anterior exhibe el uso faccioso que el gobierno federal hace de las instituciones contra las voces críticas e incómodas, así como su menosprecio a la ciencia y la innovación tecnológica.
“Se rechazan aquellas acciones que representen una política de agresividad en contra de la comunidad investigadora y científica de nuestro país, incluyendo intimidación, amenazas y recortes de recursos públicos”, se plantea.
“Se condena la agresión que el gobierno está ejerciendo en contra de la comunidad científica. Nuestro país necesita fortalecer el desarrollo de la ciencia, no poner más obstáculos; las y los científicos son aliados de México, no enemigos”, se agrega.
A este punto de acuerdo se sumaron Clemente Castañeda, Patricia Mercado, Noé Castañón, Luis David Ortiz, Indira Kempis y Juan Zepeda, integrantes de Movimiento Ciudadano, así como los senadores del grupo plural, Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero. Con información de Eduardo Ortega.
