Han sido 10 días muy duros para el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
En primer lugar, el mayor capo de la droga del país escapó de la cárcel. Posteriormente, la primera subasta de su emblemática reforma energética resultó un fracaso.
Y ahora, enfrenta una dura batalla contra un sindicato de maestros disidentes decidido a hundir su renovación del fallido sistema educativo del país.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alentó a sus miembros a organizar huelgas y protestas en cuatro estados después de que, el martes, Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, expulsara el sindicato del dominio absoluto que por 22 años mantuvo sobre la educación en el estado sureño.
La medida, coordinada con el gobierno de Peña Nieto, fue el equivalente a desafiar un sindicato que ha paralizado la aplicación de la reforma educativa en Oaxaca y otros tres estados. “No nos quitarán lo que nos pertenece”, prometió Rubén Núñez, líder de la sección Oaxaca del sindicato en una manifestación en la plaza principal de la ciudad, conforme el sindicato se preparaba para definir su respuesta completa el miércoles.
“Éste es un anuncio muy importante, incluso valiente”, dijo Marco Fernández, profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador de los grupos de estudio México Evalúa y Wilson Center. “Inevitablemente habrá conflicto en los próximos días”.
Aunque los inversionistas han prestado más atención a la reforma energética del gobierno, aumentar el nivel de la educación se considera vital para las ambiciones de México de impulsar la productividad y catapultarse a la categoría económica de altos ingresos.
El mayor obstáculo para lograrlo era la CNTE. Aunque tiene sólo alrededor de 200,000 de los 900,000 maestros de México – el resto pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que respalda la reforma – alrededor del 60 por ciento de los miembros de la CNTE están en Oaxaca. La victoria sobre los opositores allí, calcula el gobierno, garantizará que la reforma educativa sea imparable.
Mediante su control sobre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, conocido como IEEPO, la CNTE reforzó su poder y los líderes se llenan sus bolsillos, según las autoridades. Por ejemplo, Oaxaca tiene aproximadamente la misma cantidad de población escolar que el estado de Michoacán, pero el doble de profesores.
El IEEPO, el cual Cué disolvió por decreto, era administrado por 4,000 trabajadores de la CNTE que recibían salarios tanto de sus puestos de trabajo allí como de sus puestos docentes. Como muestra de cuán extremadamente inflada estaba la nómina, el gobierno mexicano calcula que el nuevo instituto de educación del estado será administrado por sólo 500 personas.
Peña Nieto claramente espera que éste sea el principio del fin de meses de perjudiciales protestas por parte de un sindicato cuyo desafío estaba haciendo que el gobierno luciera ineficaz.
El gobierno se abochornó aún más la semana pasada por la adjudicación de sólo dos de los 14 bloques en oferta en la primera licitación de gas y petróleo en la historia de México, muy por debajo de sus propias expectativas.
Pero fue la reacción oficial a la dramática fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán lo que ha renovado las dudas acerca de su capacidad para gestionar las situaciones de crisis.
Una serie de escándalos por conflictos de interés el año pasado, especialmente acerca de la mansión familiar de la primera dama, financiada por un contratista favorecido, y la inicialmente tibia respuesta a la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes a manos de una banda de narcotraficantes que controlaba a la policía local, alimentaron la sensación de que los funcionarios no tenían los pies sobre la tierra.
“Las subastas petroleras fueron extremadamente decepcionantes y otro ejemplo más de que no pueden vivir de los logros pasados”, dijo Vanda Felbab-Brown de la Institución Brookings. Peña Nieto está bajo presión para tomar la iniciativa ahora, reorganizar su gabinete, y demostrar que va en serio en la segunda mitad de su mandato.
Desafiar a la CNTE es, en palabras de una fuente del gobierno, “una de las decisiones más importantes de este gobierno ... estamos dándolo todo”.
Pero es una estrategia de alto riesgo. “Si esto no funciona, los considerarán incapaces de mantener tras las rejas al más peligroso capo de la droga, ni de aplicar la reforma educativa”, dijo Fernández.
