El juez Caballero inició el procedimiento respectivo que lo llevará a tomar una decisión a más tardar en los primeros días del mes de marzo de este año
El alcance del acuerdo emitido por el juez Alejandro Caballero Vértiz el jueves pasado implica que el impartidor de justicia federal analizará y resolverá en los próximos días la petición de Gordillo.
En ella, el juzgado federal no sólo se pronunciará respecto a si es procedente que por su avanzada edad, la chiapaneca pueda ser trasladada a su casa desde donde enfrente los procesos penales que obran en su contra, sino también si se autoriza su solicitud " prioritaria" respecto a que sea atendida en un hospital privado debido a los múltiples padecimientos graves que enfrenta, fundamentalmente, dos aneurismas cerebrales que requieren intervención quirúrgica lo más pronto posible, según han señalado sus médicos particulares y de la propia Torre Médica de Tepepan donde se encuentra recluida desde hace casi dos años.
Con el propósito de analizar dicha solicitud, el juez Caballero inició el procedimiento respectivo que lo llevará a tomar una decisión a más tardar en los primeros días del mes de marzo de este año.
En principio, dará tres días a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, una vez que admitió a trámite la petición de prisión domiciliaria.
Se concederá cinco días más a las partes para que aporten todas las pruebas que estimen necesarias a fin de respaldar la solicitud
Posteriormente, concederá cinco días más a las partes para que aporten todas las pruebas que estimen necesarias a fin de respaldar la solicitud del beneficio o bien considerar improcedente su otorgamiento.
Después de exponer su pruebas y argumentos a favor y en contra de la medida, el juez Caballero Vértiz deberá evaluar cada uno de los argumentos y pronunciarse respectos si concede o no la prisión domiciliaria a Gordillo, quien hace una semana alcanzó los 70 años de edad y quien previo a ello fue reconocida como adulta mayor en situación de prisión por parte del mismo juzgado de distrito.
De acuerdo con la defensa de la exlíder sindical, existen altas posibilidades de que le sea concedido el beneficio a su representada dado el estado de salud que enfrenta y que alcanzó la edad que marca la ley y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos para considerarla candidata a ese beneficio.
