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El decreto tiene como propósito ‘darle la vuelta’ a la resolución de la Suprema Corte, de declarar inconstitucional dar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
En el límite de su periodo ordinario y en apuradas sesiones
de ambas cámaras legislativas, el Congreso de la Unión aseguró ayer los
derechos laborales de los elementos de la Guardia Nacional.
Diputados y senadores aprobaron un proyecto de decreto –que
fue turnado ahora a los 32 Congresos locales– por el cual se interpreta el
alcance del artículo tercero transitorio del “decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución política, en
materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, desde el 26 de marzo de 2019.
Aprobado, primero en el Senado, con 109 votos a favor,
cinco en contra y una abstención, con los votos de Morena y aliados, así como
del PAN, PRI, PRD y MC, los integrantes del Grupo Plural, que votaron en
contra, argumentaron que el decreto tiene como propósito “darle la vuelta”
a la resolución de la Suprema Corte, de declarar inconstitucional dar el
control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“¿Por qué necesitamos una interpretación?”, cuestionó el
senador Emilio Álvarez. “Justo para blindar lo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) dijo: para darle el mando
administrativo y la transferencia de efectivos militares en la Guardia Nacional
el tiempo que se quiera”, se respondió.
Esta iniciativa interpreta el artículo tercero
transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, con el
objetivo de reiterar que dicha reforma “salvaguarda” las prestaciones y
derechos laborales de los militares y marinos en tareas de seguridad pública.
La senadora sin grupo parlamentario Claudia Ruiz
Massieu afirmó que el Poder Legislativo no tiene la facultad de interpretar las
adiciones y reformas al texto constitucional, por lo que pretender
ejercerlo no sólo sienta un “pésimo precedente, sino además es
inconstitucional”.
En defensa del dictamen, el panista Damián Zepeda
aseguró que este sólo busca dar certidumbre no al gobierno, sino a
los elementos de la Guardia Nacional.
En la Cámara de Diputados, el proyecto se aprobó, por
la vía fast track, de trámite, sin oradores, sin pasar por comisión
alguna y con 415 votos a favor y sólo una abstención.
El decreto justifica que la interpretación asegura el
respeto a los derechos laborales de estos elementos, ya que evita cualquier
menoscabo durante la asignación temporal a la Guardia Nacional.
El documento enviado a las legislaturas de los estados
establece que la interpretación de los alcances deberá ser para garantizar los
derechos, prestaciones, pertenencia, rango, servicio y antigüedad del personal
de las policías militar y naval asignado a la Guardia Nacional.
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