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Una jueza federal concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) con el efecto de frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024 y ordenó a la dependencia educativa utilizar los materiales y planes de estudio aprobados para el periodo pasado.
En la audiencia constitucional del 18 de agosto, Yadira
Medina, jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México, determinó conceder el amparo a la organización, de
acuerdo con una notificación publicada este lunes.
El amparo tiene el efecto de ordenar a las
autoridades federales y locales de la SEP establecer una estrategia para la
implementación de los programas y libros aprobados para el
ciclo escolar 2022-2023, es decir, el periodo pasado.
Lo anterior, estableciendo “un reparto virtual o físico, o
cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y
adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de
cada entidad federativa”.
Además, las autoridades federales deberán gestionar
los ajustes presupuestales necesarios, ponderando el interés superior
de la infancia y la adolescencia, determinó la juzgadora.
Sin embargo, la jueza no publicó la sentencia completa
en la que se detallan los efectos del amparo. La Unión Nacional de Padres
de Familia (UNPF) aseguró a Latinus que aún no cuentan con el
documento, pero posteriormente convocarán a una conferencia de prensa para dar
detalles del caso.
De acuerdo con el expediente, la juzgadora notificará en el
transcurso de este lunes la sentencia a la SEP.
El pasado 16 de agosto, la SEP promulgó los planes
de estudio para el ciclo escolar 2023-2025, mismos que fueron incluidos
como medios de prueba por la juzgadora en el juicio de amparo contra la
distribución de los nuevos libros de texto.
Desde finales de mayo, la jueza concedió una suspensión
definitiva a la organización de padres de familia con la que se ordenó a
la SEP acreditar que los nuevos libros de texto cumplieran con la normativa y
todos los procedimientos legales.
Entre los requisitos, la dependencia educativa tenía
que acreditar que los libros se hicieran conforme a programas y planes de
estudio previamente aprobados y vigentes para el ciclo escolar
2023-2024.
En esa misma suspensión definitiva, la jueza señaló que en
caso de que la SEP no hubiera cumplido con la normatividad
respectiva, podrá imprimir y distribuir los libros de texto aprobados con base
en las formalidades vigentes para el ciclo escolar inmediato
anterior (2022-2023).
Sin embargo, el 15 de agosto, la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos (Conaliteg) de la SEP notificó a la jueza que
estaba imposibilitada de cumplir la suspensión definitiva, por lo que la
juzgadora le advirtió que podría enfrentar sanciones en caso de no acatar la
orden judicial.
Hasta el momento, los gobiernos de Guanajuato, Chihuahua,
Coahuila, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán y Nuevo León suspendieron
la entrega de libros.
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