La documentación a la que el lopezobradorismo no renunciaría sería la de los padrones de programas sociales, comenta Salvador Camarena.
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Es conocido el problema legal en que está
metido el expresidente Donald Trump, a quien las autoridades estadounidenses
acusan de haber sustraído documentación oficial que tenía que permanecer bajo
resguardo gubernamental.
Con esa referencia del exmandatario
naranja, a quien ya le allanaron su residencia en Mar-a-Lago, de donde el FBI
se llevó documentos que incriminarían (por fin) a este enemigo de México, cabe
preguntarse lo siguiente: en la eventualidad de que Morena pierda en 2024, qué
papeles se llevarían quienes hoy ocupan el Poder Ejecutivo.
No, no piensen en códigos nucleares, mejor
piensen en otro tipo de bomba atómica, al menos en términos electorales.
Desde la primera semana de la transición,
Andrés Manuel López Obrador se abocó a construir una de las herramientas más
potentes para su proyecto político: un padrón de beneficiarios de programas
sociales.
Esta semana, en ocasión del cuarto Informe
de Gobierno, comenzaron a difundirse anuncios sobre las obras del Presidente.
En uno de los mensajes de esa propaganda se destaca que 25 millones de familias
reciben algún tipo de apoyo social. Demos por bueno el número.
En la eventualidad de que Morena perdiera
las elecciones de 2024 –escenario que semana a semana la oposición parece
socavar–, la documentación a la que el lopezobradorismo no renunciaría sería la
de los padrones de programas sociales.
Las anteriores administraciones federales
se quejaban de la multiplicidad de los padrones. Por ejemplo, una funcionaria
que intentó sin éxito una consolidación de esos listados fue Rosario Robles en
la entonces Secretaría de Desarrollo Social.
Los padrones son una poderosa herramienta
de gestión política. En inundaciones como la de Tabasco de hace 15 años, a la
hora de tratar de repartir ayuda a los damnificados la Federación enfrentó un
problema singular: era más gente la que demandaba ayuda de la que habían
calculado.
Eso fue en parte por la deficiencia de los
padrones, pero también porque algunas familias, olvidadas desde siempre de la
gestión pública, vieron la oportunidad de que el gobierno les compensara en
algo la deuda histórica que con ellas tenía, así que no faltaban casos donde
distintos familiares se organizaban para presentarse como varias familias y no
una, y así recibir más cheques. Ni cómo alegarles sin padrones al día.
También hubo coyunturas donde incluso en
medio de alguna emergencia gobernadores regateaban a la Federación sus padrones
(por ejemplo el veracruzano Fidel Herrera entregaba el directorio telefónico),
pues con esa información un mandatario estatal ejerce control político, y no va
a compartir esa herramienta con un gobierno de otro partido.
Esas estampas son del pasado. Con su
talante centralizador, Andrés Manuel dedicó el presupuesto destinado a la
transición para financiar a 20 mil operadores electorales, que grosso modo meses
después acabarían incrustados en la burocracia como “servidores de la nación”,
para consolidar el padrón de beneficiarios de los programas.
Del párrafo anterior se desprende la
importancia que el Presidente le dio a consolidar esa herramienta de política
pública, pero también resulta muy evidente la fusión lopezobradorista de
partido-gobierno, que en distintos aspectos caracteriza a esta administración.
De modo que incluso en el escenario de una
derrota de Morena en las presidenciales venideras, el movimiento del Presidente
tendrá –y no renunciará a eso– la información detallada y depurada de millones
y millones de beneficiarios de múltiples programas.
Tendrá además un presupuesto potente por
parte de su odiado INE, una veintena de gubernaturas y miles de exservidores de
la nación que sabrán recordarle a 25 millones de familias a quién le deben
becas y pensiones: los planos de una bomba electoral.
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