El método ha sido reiterado. Si la ley no se ajusta a la realidad del presidente, cambia la ley. Si hay obstáculos en su camino, encarga quién los elimine.
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López Obrador vio con beneplácito que los nombramientos que
hizo en la Corte están empezando a dar los resultados que buscaba, darle la
vuelta en la Corte a las decisiones contra sus megaobras en tribunales
inferiores. El método ha sido reiterado. Si la ley no se ajusta a su realidad,
cambia la ley. Si hay obstáculos en su camino, encarga quién los elimine. De
esta forma, los tres proyectos de la ministra Ortiz desestiman las acciones
promovidas por la Comisión Federal de Competencia y por un grupo de senadores,
donde jueces especializados determinaron que violaba los principios
constitucionales de libre competencia y concurrencia en el mercado eléctrico.
También, la ministra considera que no viola el acuerdo comercial
norteamericano.
Los proyectos son una calca de las declaraciones del
Presidente, que atacó a los jueces por sus fallos y se exaspera porque la
reforma eléctrica está congelada, por lo que ordenó meter el acelerador. La
próxima semana arrancará en la Cámara de Diputados el proceso para dictaminar
la reforma eléctrica, que quisieran votar antes de Semana Santa, que empieza el
10 de abril, justo el día de la consulta para la revocación de mandato. La
Corte tiene previsto debatir los proyectos de la ministra Ortiz dentro de dos
jueves, el 5 de abril.
La ministra Ortiz no trabaja para vigilar la constitucionalidad
de los actos públicos, sino para satisfacer los deseos del Presidente. Por lo
minucioso de la tarjeta que le envió sobre los proyectos, no necesitaron
ajustes algunos. Esto no debería causar sorpresa alguna, al haber sido parte de
la estructura de Morena hasta antes de ser nombrada para ministra de la Suprema
Corte y estar casada con un incondicional del Presidente, José Agustín Ortiz
Pinchetti, el fiscal para delitos electorales, el portero que neutraliza lo que
le pide López Obrador. Esta relación, a diferencia del asunto de la reforma
eléctrica, sí la colocó en un conflicto de interés –que le perdonaron en la
Corte– en el caso de los amparos a Laura Morán y Alejandra Cuevas, parientes
políticas del fiscal Alejandro Gertz Manero, jefe de su esposo.
Ortiz alegó que no había ningún conflicto de interés y que
no se excusaba. Por lo tanto, quien había hecho parte de su vida profesional la
defensa de los derechos humanos, votó en contra de los derechos humanos de las
señoras Morán y Cuevas y se alineó con el deseo en ese momento del Presidente:
el apoyo limitado a Gertz Manero. Estos amparos serán revisados de nueva cuenta
hoy en la Suprema Corte, pero el ánimo hacia el fiscal giró. López Obrador se
negó a su petición de influir en los ministros para que hoy votaran en contra
de su liberación, por lo que la probabilidad de que al terminar el día se les
haya hecho justicia, es muy alta. Igual podría decirse de la ministra Ortiz. Si
mantiene consecuente su obsecuencia ante el Presidente, votará con la mayoría.
La ministra forma parte de la destrucción acelerada de los
contrapesos del Estado mexicano, cuya estrategia ha sido la eliminación de
aquellos órganos que cuestan políticamente poco, y la colonización de aquéllos
que desaparecerlos implicaría conflicto, querellas internacionales y una
controversia que sólo lo atorarían en sus objetivos. No obstante, hay que
subrayar que el hecho de que un presidente designe a ministras o ministros que
piensen con el mismo marco de referencia, no es algo extraño ni inusitado. En
México y en otras partes del mundo así lo hacen sus líderes, porque eso les
permite consolidar sus programas y lograr sus objetivos.
El problema de la ministra Ortiz es que se convirtió en una
especie de títere de López Obrador. Podía haber elaborado los tres proyectos de
acuerdo con su pensamiento y creencias, lo que no significaría una
subordinación al Presidente. Lo que le cambia la esencia y modifica su
actuación, convirtiéndola en accesoria de Palacio Nacional, es que le haya
enviado los proyectos para su aval. Enviar los proyectos no está tipificado
como delito. Hacerlo con fines de alinear los objetivos de una parte
interesada, legalmente tampoco, porque no está tipificada tal aberración. El
problema es político y ético, lastimando la independencia de la Suprema Corte
en momentos donde temas de alto impacto han hecho mella en ella.
En noviembre del año pasado, cuando fue elegida como
ministra por el Senado, aseguró que sus votos serían autónomos e
independientes, y que si hubiera una circunstancia por la cual tuviera un
interés en un asunto, se excusaría. No ha tardado mucho en mostrar de qué está
hecha. No se excusó en el caso de la familia política del fiscal Gertz Manero,
y no es ni autónoma ni independiente. Fue nominada por el presidente López
Obrador a la Suprema Corte porque era confiable y podía contar con ella en los
casos donde la necesitara. El Presidente dejará el poder en 2024, pero ella
continuará en el cargo. Un juicio sobre sus actos y votos seguramente vendrá.
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