Las empresas que resulten afectadas por los
cambios en materia eléctrica podrán acudir a tribunales
internacionales para exigir indemnizaciones al gobierno mexicano, o
bien, buscar negociaciones para que se retomen los contratos,
aseguró Kenneth Smith, líder negociador del T-MEC.
La reforma eléctrica enviada la semana pasada por
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que está en Comisiones
de la Cámara de Diputados, establece la cancelación de los contratos otorgados
desde 2013 a los privados para vender energía renovable a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
En entrevista con El Sol de México, el especialista
calculó que en el sector de energías renovables, es decir energía
eólica y solar, hay 50 proyectos de diversos países que rebasan inversiones por
seis mil millones de dólares.
“Las empresas en lo individual pueden acudir a los
mecanismos de solución de disputas que existen en el T-MEC y el
acuerdo bilateral de protección de inversiones. Existen paneles internacionales
donde las empresas pueden exigir la reparación del daño”, aseguró.
Esto quiere decir que cada empresa puede presentar una demanda
individual contra el gobierno mexicano, añadió.
Sin embargo, este no es el único camino, pues según Kenneth
Smith, las empresas de Estados Unidos pueden solicitar apoyo a Washington para
presentar una demanda entre países.
“Estas demandas se pueden ir a nivel de panel y si
determinan que hay daño podría haber represalias comerciales en otros
sectores de comercio internacional”, comentó.
“Son dos canales muy peligrosos que son las demandas
individuales o los paneles Estado contra Estado”, mencionó.
Otra opción, dijo el especialista, es que el gobierno
mexicano decida negociar con el sector privado para
obtener nuevos términos en los contratos, como ocurrió con la construcción de
gasoductos.
La propuesta incrementará los precios de la electricidad en el
país y será negativa para la calificación del sector, alertó la agencia
calificadora Moody’s.
Si se aprueba esta iniciativa también disminuirá la transparencia
operativa del mercado eléctrico nacional, al tiempo que ahuyentará
las inversiones privadas, especialmente en energías renovables y
retrasará la transición energética del país.
“La propuesta de reforma no sólo crearía un
mercado de electricidad más costoso que aumentaría la necesidad de
subsidios, sino que también impediría el progreso de México en el logro de sus
objetivos de energía limpia”, refirió Moody’s en un reporte.
Este 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció una reforma en materia eléctrica para
fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas
privadas del país.
La propuesta establece la separación de las
subsidiarias CFEnergía, CFE Internacional y CFE Capital y
reintegra el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la
empresa encabezada por Manuel Bartlett.
“Si bien la CFE podría compensar parte de la inversión
privada perdida en energía renovable reemplazando parte de su
generación contaminante y más costosa, no ha anunciado nuevas plantas de
energía renovable además de sus inversiones en plantas
hidroeléctricas existentes y la construcción de un proyecto
fotovoltaico en Sonora”, agregó Moody’s.
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