Directorio

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jueves, 22 de noviembre de 2012

TEMA LIBRE

Por I. León Montesinos

Ratifican triunfo indiscutible de Pablo Bedolla

Desplazados, otro saldo negativo de Calderón

La desaparición de la SSP; adiós a García Luna


La encuesta publicada por El Universal donde en apariencia un 64 por ciento de los mexicanos aprueban el desempeño del presidente saliente, Felipe Calderón Hinojosa, no refleja los puntos oscuros de la realidad nacional y que pasaron desapercibidos para la mayoría de los mexicanos, entre ellos, el millón y medio de desplazados a consecuencia de la guerra contra el narco y que en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Veracruz, sin exceptuar a Zacatecas, ha dejado poblaciones vacías, pueblo fantasmas que existen sólo en la geografía del mapa pero no en la realidad.

El asunto ha adquirido tales proporciones de conflicto social que en el senado de la República, la legisladora del PRI Diva Hadamira Gastélum, ha referido que el fenómeno es una muestra contundente de la “crisis de seguridad pública” que se vive en México, ocasionada en buena medida por la torpe estrategia ejercida en el sexenio que terminará en unos días, en materia de atención y prevención del delito.

Tan sólo en la ciudad de Chihuahua, la Cámara de Comercio local reporta que la ola delictiva ha impactado a gente de escasos recursos con el cierre de infinidad de pequeños negocios, más de dos mil familias en la capital norteña tienen que buscar otra fuente de ingresos pues los robos y el cobro de extorsiones por parte de las bandas delincuenciales, muchas de ellas adheridas a las células de los cárteles, los han llevado a la quiebra.

Familias enteras han debido desarraigarse de sus lugares de origen no por gusto sino por las apremiantes circunstancias que les obligan a emigrar para salvar sus vidas. Y en este contexto de fin de sexenio nos resulta imposible de comprender cómo es que todavía las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos se dan hasta con la cubeta como es la abierta acusación hecha hace un par de días por la PGR, confirmando la responsabilidad de los agentes de la Policía Federal Preventiva en el atentado que sufrieran dos agentes estadounidenses en el poblado de Tres María, del estado de Morelos.

Aquí lo señalamos hace unas semanas que resultaba una broma macabra y de mal gusto la posición triunfalista asumida por Felipe Calderón en los promocionales de su Sexto Informe donde hacía desfilar juntos y unidos en la lucha contra el crimen organizado a elementos de la Marina, del Ejército, de la PFP y de la PGR. En los hechos nunca hubo una coordinación eficiente entre las distintas corporaciones y las fuerzas armadas para unir esfuerzos en una causa común.

La gente de Genaro García Luna, y como ahora lo confirman todas las versiones dadas a conocer, oficiales y extraoficiales, se puso al servicio de cárteles como el de los Beltrán Leyva a los que protegieron contra viento y marea sin que desde Los Pinos se moviera un dedo para frenar sus cada vez más repetidos escándalos y manifiestos errores de sus elementos.

Ahora las indagatorias apuntan a una clara responsabilidad de mandos de importante jerarquía en la dependencia a la que se destinaron decenas de miles de millones de pesos en todo el sexenio, y a la que el gobierno de Calderón llegó a presumir con sus homólogos de Estados Unidos como una corporación de vanguardia que combatiría a los delincuentes con los mejores adelantos científicos.

El presidente electo, Enrique Peña Nieto, ya ha anunciado que dos Secretarías que en la práctica no han servido de nada, desaparecerán del organigrama oficial en el gobierno entrante: La Secretaría de la Función Pública, que sólo funcionó como agencia de colocaciones y bolsa de trabajo para panistas serviles, y la Secretaría de Seguridad Púbica (SPP), que a nivel federal creció como nunca en el gobierno de Felipe Calderón con los nulos resultados logrados por su Policía Federal Preventiva (PFP).

La estrategia, sentimos, debe cambiar de forma radical pues amén de los 70 mil muertos que hereda Calderón a un país ensangrentado y con el miedo inyectado en sus venas, y los fenómenos colaterales como el de los desplazados y el surgimiento de miles de narcomenudistas en todo el territorio, debemos sumar las ejecuciones en contra de políticos que se han opuesto a la impunidad con que operan los cárteles que, quiérase aceptar o no, tienen postrada a toda una nación.

Ahí tenemos el reprobable asesinato a la ex alcaldesa michoacana de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta, que con anterioridad se había librado de dos atentados por parte de sicarios de la Familia Michoacana. Hace un año el gobierno de esa entidad le retiró la vigilancia y hoy los narcos se la cobraron, enviando un mensaje al país de que ellos no olvidan sus afrentas aunque lo hagan, de forma ruin y cobarde, en la persona de una valerosa mujer que los combatió con las únicas armas a su alcance: la razón y la decencia política.

Cabe preguntarse si en la nueva estrategia de gobierno se aplicará todo el peso de la ley a los responsables de que la lucha contra la delincuencia organizada haya resultado un completo fracaso. ¿Se dejará que García Luna y su nefasto operador, Luis Cárdenas Palomino, se pasen a retirar así como así, tan campantes a gozar de sus fortunas mal habidas como si hubieran ganado los méritos suficientes para gozar de prebendas e impunidad?

Por dos sexenios el citado ingeniero metido a labores de policía por el noviciado político de los panistas, hizo lo que le vino en gana y va siendo hora de que alguien con la suficiente fuerza y moral públicas lo ponga en su sitio. No puede concebirse que ilegítimas riquezas, edificadas sobre los cimientos de miles de muertos sean permitidas en nuestro país pues hacerlo es aceptar a la ligera que cualquier funcionario de alto nivel tiene luz verde para hacer negocios con los narcos.

Ojalá que los responsables de diseñar la nueva estrategia contra el crimen organizado vuelvan los ojos a las víctimas de los efectos colaterales que como los desplazados, ahora enfrentan situaciones extremas para poder sobrevivir al haber sido expulsados de sus lugares de origen, situación de la que tampoco se han podido librar cientos de familias de comerciantes y pequeños empresarios en el vecino municipio de Nezahualcóyotl, que han bajado las cortinas de sus negocios ante la libertad con que operan las células de la Familia Michoacana para el cobro de piso y extorsiones.

Quitarle las plenipotenciarias funciones que tenía la PFP, parece ser una buena señal de que el equipo del presidente electo, ya sabe por dónde hay que atacar a la raíz del problema. Ése un primer paso del largo trecho que deberá empezar a recorrerse a partir del primero de diciembre para enfrentar decididamente al crimen organizado desde una óptica distinta a la empleada en el sexenio que lejos de minar a la estructura del crimen organizado, debilitó a la sociedad.

La ratificación de Pablo Bedolla.- Luego de que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), ratificaron el triunfo de Pablo Bedolla López en Ecatepec, los opositores deben abandonar su papel beligerante para sumarse con propuestas serias y realistas, a la construcción de un gobierno municipal con un sólido plan de gobierno que busque el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Cabe recordar que luego de los resultados del pasado primero de julio en que Bedolla López obtuvo 338 mil 582 votos a su favor, los integrantes de la Coalición Movimiento Progresista que postuló al ex alcalde José Luis Gutiérrez Cureño, interpusieron la impugnación JI/92/2012, a través de la que solicitaban la nulidad de 676 casillas y de las cuales únicamente procedieron 34 casos, tras la exhaustiva revisión de los magistrados. Con tan mínimo porcentaje de anomalías quedó descartado cualquier intento por anular los resultados.

Tras obtener su constancia de mayoría, Bedolla externó ante sus simpatizantes, que es hora de hacer a un lado los gritos, las estridencias y los bloqueos que no llevan a nada, para sumarse a un proyecto de gobierno. Aquí lo hemos reiterado: Ecatepec necesita se acciones inmediatas y soluciones integrales que le ayuden a enfrentar los graves problemas que le aquejan. Uno de ellos el de la seguridad pública.

Y si no, veamos lo penoso y preocupante que resulta enterase de las estadísticas difundidas por la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), que ubican a Ecatepec como el municipio con más alto robo de vehículos en la entidad, encabezando las cifras negras en el país con 4 mil 171 automotores sustraídos de manera ilegal en los primeros diez meses del año.

Y si bien éste delito también golpea con fuerza a Naucalpan, Tlalnepantla y Neza, por su dimensión geográfica y poblacional en Ecatepec nos habla de una problemática que va aparejada con otros tipo de ilícitos como es el robo a mano armada, pues se ha hecho común observar como en las principales avenidas del municipio los delincuentes despojan a la gente de sus vehículos, llegando por desgracia en algunas ocasiones a privarla de la vida.

Ciudades como Guadalajara, con 2 mil 805 robos de vehículos, o Monterrey con 2 mil 626, no se comparan con lo que ocurre en nuestro ayuntamiento, siguiendo en las cifras delincuencias tenemos a Nezahualcóyotl con 2 mil 616; Culiacán, 2 mil 276; Iztapalapa, mil 808; Naucalpan, mil 473; Zapopan, mil 435; Tlalnepantla de Baz, mil 430 y en décimo lugar Chihuahua con mil 406.

Poderosas razones como la anteriores son las que nos motivan a exigir no sólo como comunicadores sino como parte de la sociedad ecatepequense, que las próximas autoridades se pongan las pilas para revertir la cruenta imagen que nuestro municipio está mostrando a todo el país, no sólo por el creciente robo de automotores sino por el número de reincidentes ejecuciones que se registran en su demarcación.

Agradecemos sus comentarios a nuestro correo electrónico: garrasleo6@yahoo.com.mx

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