* Señalan al TEEM de vender alcaldía en Chalco
* Priísta se jacta de comprarla en 20 millones
* Ayotzinapa, a un año de la cruenta infamia
Por I. León Montesinos
Ante el fuerte rumor que se expande en los círculos políticos de Valle de Chalco Solidaridad, en el sentido de que Luís Enrique Martínez Ventura, ex candidato a presidente municipal de los partidos, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, presume ha comprado con 20 millones de pesos a Magistrados del Tribunal Electoral, Estado de México, para que echen abajo el triunfo electoral de Ramón Montalvo Hernández, quien resultó ganador en las elecciones del pasado siete de junio, para gobernar este municipio, el repudio de los habitantes se torna un reclamo generalizado y enérgico llamamiento a las autoridades electorales a nivel local y federal, para que impidan este atropello a la voluntad de miles de electores.
Este susurro político que vienen divulgado personas incondicionales del priista Luís Enrique Martínez Ventura, identificado como cacique del PRI, en Valle de Chalco, ha despertado la justificada furia de líderes sociales como Marcelino Guzmán León, destacado luchador social y fundador en el municipio Valle de Chalco de la Organización “Cirilo Sánchez”, quien comentó a este espacio de Mexiquense que de prestarse los Magistrados del Tribunal Electoral Estado de México a echar abajo la votación del electorado que el siete de junio, que mediante el sufragio eligió a Ramón Montalvo como presidente municipal, se desatará un conflicto social en contra de la pretendida arbitrariedad.
Entre otras acciones, el dirigente no descarta la ejecución de tumultuarias acciones de protesta, contra el TEEM y quienes a través de la corrupción se presten a ser compinches de caciquillos que ven mermado su poder, y quienes como verdaderos delincuentes a costa de lo sea, pretenden conservar el poder, “burlando la voluntad electoral de un pueblo”, asentó Guzmán León, acompañado, de representantes diversos de asociaciones sociales, quienes acotaron: “no toleraremos que por una operación gansteril de 20 millones de pesos se pitorreen de la voluntad de nuestro pueblo”.
Si el fallo de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México resulta a favor del priísta, las sospechas pasaran al terreno de los hechos confirmados. Algo realmente preocupante para nuestra agraviada democracia. Un conflicto social toca a las puertas del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, ojalá que los magistrados sepan lo que están haciendo.
A UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 NORMALISTAS. La “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, fue rebasada el pasado 26 de septiembre por las muestras de solidaridad que por todo el país refrendaron su apoyo a los padres y familiares de los ausentes, recordando a las autoridades la enorme deuda que, en materia de justicia, tienen no únicamente con los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, sino con los más de 26 mil desaparecidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Un país tinto en sangre, con crespones y epitafios por cada rincón, que clama justicia.
La que habló en las marchas realizadas en diversas ciudades del país, es la voz del hartazgo que priva en un pueblo agraviado por la creciente injusticia y la impunidad con que operan no únicamente los grupos criminales que controlan amplias regiones del país, sino los cuerpos de seguridad y fuerzas castrenses, aliados con los capos en el rentable y sangriento negocio del narcotráfico, con el visto bueno de políticos corruptos de las tres instancias de gobierno.
Inconcebible que en un país con aparente sello democrático e institucional, respetuoso del marco jurídico y la aplicación de las leyes, sus instituciones de justicia no puedan dar razón del paradero de miles y miles de personas desaparecidas; peor todavía, que la gente se siga esfumando a la vista de operativos conjuntos entre policías locales, estatales, federales y hasta fuerzas armadas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), registró que en la noche de los trágicos sucesos ninguna autoridad federal o militar prestó auxilio a los normalistas cuando eran atacados a mansalva por los policías municipales y entregados a los lugartenientes del grupo criminal Guerreros Unidos. Si esto no es complicidad y responsabilidad oficial, entonces ¿qué es?, ¿extremo cinismo?
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pusieron a temblar al estado mexicano al tejer el hilo conductos que apunta a la complicidad de los cuerpos militares y elementos federales con los capos de la droga en una región caracterizada por ser la principal productora de goma de opio para la elaboración de heroína; la masacre de Ayotzinapa sirvió para destapar una de mayores dimensiones como resultó el hallazgo de innumerables fosas clandestinas en Iguala y los municipios aledaños, donde decenas y decenas de cadáveres permanecen en calidad de desconocidos ante la angustia de muchas familias que, por temor a las represalias, se abstienen de reclamar a sus difuntos. Saben que iniciar una averiguación previa es condenarse a muerte.
Ninguna de las autoridades locales, estatales o federales han explicado a la nación el surgimiento de un camposanto clandestino de tales dimensiones, en las narices de sus aparatosos e inservibles operativos.
Testimonios de las aterradas poblaciones vertidos a medios de comunicación hablan del estado de exclusión y terror que siguen padeciendo los habitantes de poblaciones y rancherías dónde, inexplicablemente, ninguna fuerza pública ha logrado restablecer el dañado tejido social y la aniquilada paz ciudadana.
Reportes de la DEA indican que en los 56 municipios del norte de Guerrero se produce el 60 por ciento de toda la goma de opio del país, misma que transformada en heroína, con gran demanda en el mercado de adictos estadounidenses, reporta ganancias superiores a los mil millones de dólares al año, a los grupos criminales. Y si bien las autoridades mexicanas aceptan esta realidad, de manera por demás insólita, nada han hecho para combatir frontalmente el problema y liberar de su encubierta “esclavitud” a los habitantes de la tierra caliente y de la montaña guerrerense que siguen “secuestrados” por las gavillas de sicarios. Los narcos han impuestos sus propias leyes en un país donde las libertades son un mero eufemismo de los políticos en turno.
No resulta difícil de entender el por qué la espontánea participación del pueblo de México quedó de manifiesto en el primer aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; el efecto multiplicador de los abusos contra los habitantes de todo el país es un problema social generalizado que no puede silenciarse con meros recursos retóricos ni cosméticas manipulaciones mediáticas.
La cifra oficial de 26 mil 580 desapariciones, es elocuente porque el gobierno va perdiendo la batalla contra los grupos delincuenciales y en buena medida por la colusión de cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y políticos sin escrúpulos que armando endebles tinglados como la “verdad histórica” de la masacre de Iguala, tratan de ocultar una problemática de dimensiones nacionales que ha retumbado ya, como un incontenible grito de protesta, también en los foros internacionales. Los Abarca son una especie que lejos de estar en vías de extinción se reproduce geométricamente.
Los mexicanos que salieron a las calles a decir que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos no están solos, mostraron que son muchos los que no están de acuerdo con el clima de violencia que padecemos en el agobiante día a día, lo que están convencidos que sobre las cabezas de muchos funcionarios ronda el fantasma del Crimen de Estado. Los responsables que han encubierto la verdad de los hechos, deben caer.
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