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martes, 28 de febrero de 2017

Repatriación del sueño americano



Por ANTONIO CUÉLLAR



Pocas noticias sustanciosas fueron compartidas con relación a la reunión que la semana pasada sostuvieron los secretarios Videgaray y Osorio, con sus pares de los EEUU, el Secretario de Estado Rex Tillerson y el Secretario de Seguridad John Kelly. A pesar de que el señalamiento de los funcionarios extranjeros fue contundente, en el sentido de que no habría deportaciones masivas o uso de la fuerza, poco más tarde se difundieron señalamientos contradictorios que producen desconfianza. La verdad de las cosas es que las órdenes ejecutivas firmadas hasta ahora, producirán un desplazamiento forzoso de los migrantes deportados hacia el sur del territorio de los Estados Unidos, precisamente en dirección a la frontera con México, que nos deben llevar a estar preparados. ¿Qué va a suceder?

La Constitución Mexicana es muy clara tratándose del establecimiento de aquellas directrices que el Presidente de la República y el Senado deben seguir en materia de política exterior: al primero corresponde celebrar los tratados bajo los principios normativos de autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de controversias; proscripción de la amenaza o uso de la fuerza; igualdad jurídica de los Estados; cooperación internacional para el desarrollo; respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

Este último tema, sobre protección de los derechos humanos es vital, y es el más cercano a la idiosincrasia de nuestras nuevas generaciones. Es relevante, porque se apega a los valores que hemos forjado con el paso de nuestra historia. A pesar de que México se ha convertido en las últimas décadas en un auténtico exportador de mano de obra, dicho fenómeno no ha ocurrido siempre; más bien todo lo contrario, ha sido un receptor de grandes movimientos migratorios desde su fundación y, sobre todo, el siglo pasado. Tenemos, desde luego, la gran colonia española, pero como esa, la alemana, la francesa, la judía, la libanesa, la chilena, la china y japonesa, por mencionar algunas. Conglomerados sociales que hoy forman parte de nuestro mosaico demográfico y nos permiten reconocer, contundentemente, que hemos estado abiertos a la recepción de migrantes, a favor de quienes reconocemos su derecho humano a buscar un mejor estilo de vida.

Pero los grandes movimientos migratorios que en alguna época produjeron ese invaluable intercambio cultural, no se pueden seguir viendo desde la misma óptica. La complejidad del desarrollo mundial y las manifestaciones de la sobrepoblación, la delincuencia y el terrorismo, obligan a tomar cartas en el asunto en la materia, por muy poco políticamente correcto que pueda sonar ese discurso.

El nuevo nacionalismo norteamericano amenaza con devolver a millones de mexicanos y centroamericanos a sus lugares de origen, y probablemente el mensaje acabará por cumplirse. La política que ha emprendido la administración de EPN y el firme posicionamiento de rechazo no se ha dejado esperar. Curiosamente, se viene aplaudiendo el hecho de que, por fin, el gobierno se haya propuesto a responder con dignidad.

En el calor de la diatriba nuestro antagonismo es meritorio, pero acabará por ser poco consistente con una política adecuada, amén de los principios torales que establece nuestra Constitución.

Se acumularán los futuros migrantes candidatos a ser deportados en zonas francas a lo largo de la frontera con México, y nuestro gobierno, con el mejor ánimo de favorecer su estancia en el país vecino, denegará su entrada hasta que se acredite su verdadera nacionalidad. ¿Cuánto tiempo se les va a mantener encerrados?

La decisión de no aceptar inmigrantes centroamericanos o mexicanos debidamente documentados, amenaza con producir una crisis humanitaria de dimensiones catastróficas. Una denegación esencial de libertad y debido proceso como nunca antes se ha visto.

Si México fue el camino de ingreso, no existe justificación moral alguna para impedir que sea el camino de regreso, si el migrante centroamericano decide así hacerlo. El reto consistirá en dar seguimiento puntual al tránsito de migrantes en el sentido opuesto al de su trayectoria habitual.

Se viene solventando a los consulados para defender a migrantes a permanecer en los EEUU, sin miramiento de que, esa defensa, puede estar encaminada a favorecer a personas que, auténticamente, han infringido las leyes administrativas de un país extranjero. ¿Porqué el gobierno asume una defensa de la ilegalidad que no podrá superar las primeras batallas ante los tribunales establecidos?

Es verdad que la decisión asumida por el Presidente Trump es inhumana y terriblemente impopular, pero es legal. No puede el Gobierno de México asumir una actitud opuesta, que se desvirtúa por su falta de basamento en la legalidad.

Con apego al mandato de proteger los Derechos Humanos, el presupuesto de la Federación debe encaminarse, precisamente, a ese propósito. Gastar menos en una defensa consular insalvable para apoyar una repatriación ordenada del migrante centroamericano. Serán circunstancias inherentes al descalabro económico de la política implementada, como la que ya vive Alabama, las que más pronto de lo esperado podrían empezar a significar un cambio de rumbo de la decisión ejecutiva….para los que todavía persigan el sueño americano.

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