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viernes, 11 de agosto de 2017

Necesario destinar recursos suficientes para cumplir objetivos de ley general de protección de datos: Areli Cano

•“Si no hay recurso público que se destine para la protección de datos personales, difícilmente vamos a lograr los objetivos de la Ley”, advirtió la comisionada del INAI
•Participó en el “Encuentro Regional de Transparencia y Acceso a la Información con Órganos Jurisdiccionales”, organizado por el Consejo de la Judicatura Federal


Al referirse a los retos que enfrenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) para la implementación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Areli Cano Guadiana, destacó la necesidad de destinar a los sujetos obligados los recursos suficientes para que puedan cumplir con las nuevas disposiciones normativas.

“Si no hay recurso público que se destine para la protección de datos personales, difícilmente vamos a lograr los objetivos de la Ley; creo que es propicio ahorita estamos en tiempos presupuestales, que se prevean todo este tipo de mecanismos”, subrayó al participar en el “Encuentro Regional de Transparencia y Acceso a la Información con Órganos Jurisdiccionales”, organizado por el Consejo de la Judicatura Federal.

Al dictar la conferencia magistral “La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: ámbitos de aplicación y sus implicaciones para los sujetos obligados”, Cano Guadiana expuso que, además del tema presupuestal, el PJF y los sujetos obligados en general, enfrentan los siguientes retos para la implementación del nuevo marco jurídico:

Primero, ajustar y desarrollar los mecanismos y procedimientos involucrados en el tratamiento de datos personales; segundo, desarrollar las medidas de seguridad necesarias; tercero, llevar a cabo programas de capacitación y actualización dirigidos a los servidores públicos, y cuarto, adecuar la estructura y el marco procedimental del Comité de Transparencia.

Sobre las medidas de seguridad que deberán desarrollar los sujetos obligados, la comisionada explicó que, de acuerdo con la Ley General, éstas deben ser de tres tipos: físicas, relacionadas con el cuidado y la conservación del entorno físico en el que se resguardan los datos; técnicas, relacionadas con los mecanismos de protección de sistemas tecnológicos e informáticos, y administrativas, relacionadas con la capacitación de funcionarios y la generación de políticas y lineamientos en la materia.

La comisionada del INAI expuso que el derecho a la protección de datos personales debe ser tutelado bajo los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad.

“El actuar de cualquier funcionario público al momento de recabar los datos tiene que atender estos principios básicos, si no se atienden estos principios son motivo de infracción a la ley y, por tanto, sujetos de sanción”, advirtió.

Asimismo, Areli Cano destacó la importancia de contar con el Aviso de Privacidad como la forma en la que el Estado asume el compromiso con las personas de que sus datos personales serán protegidos adecuadamente.

“En este Aviso de Privacidad le tengo que decir yo (sujeto obligado) a la persona qué datos le voy a recolectar; cuál es el fundamento para que yo recolecte esos datos; si esos datos los voy a transferir a otra institución; el compromiso que asume la autoridad de que yo los voy a ocupar para lo que te dije, y por último, en ese aviso se le tiene que informar a las personas que tienen la posibilidad de acceder a la información, de cancelar algún dato, de rectificar algún dato o simplemente de oponerse a que la autoridad siga teniendo un dato”, detalló.

Previo a la conferencia magistral, la comisionada Areli Cano participó en la inauguración del “Encuentro Regional de Transparencia y Acceso a la Información con Órganos Jurisdiccionales”, junto al presidente del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, Gonzalo Moctezuma Barragán; la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de Yucatán, Susana Aguilar Covarrubias, y el coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Tribunales Unitarios de Mérida, Paulino López Millán.