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El sector privado condenó los actos de violencia registrados en distintos puntos del país y desde la máxima cúpula empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió el cumplimiento de la obligación del gobierno, de garantizar la seguridad y patrimonio de los ciudadanos, bajo una estrategia eficaz y con acciones inmediatas.
“Exigimos a las autoridades competentes actuar con rapidez
para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las y los mexicanos, en
un contexto de paz y justicia, con el debido respeto al Estado de derecho, para
recuperar lo antes posible la tranquilidad en las comunidades afectadas”,
expuso el CCE tras los hechos ocurridos Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló
que es obligación del Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos por lo
que urgió la puesta en marcha de una estrategia de seguridad efectiva, dejar de
lado la política de ‘abrazos no balazos’ y combatir a los grupos delictivos.
“Es claro que los abrazos no están funcionando; los hechos
registrados en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez lo constatan, como lo hacen también las
cifras dadas a conocer por el INEGI, donde el 67 por ciento de la población se
siente insegura. Es momento de que el Estado asuma su responsabilidad sin
vacilaciones y garantice la vida y la seguridad de todos los mexicanos”,
enfatizó.
Tanto la Coparmex, la Concamin y la Concanaco Servytur
manifestaron su disposición para colaborar con las autoridades en mejorar las
estrategias de seguridad en las regiones a partir de detectar las necesidades
específicas de cada comunidad en materia de seguridad.
Daño a inversión y economía
Para la Coparmex, la ausencia de una estrategia efectiva
contra la inseguridad sumada a la indiferencia de los diferentes órdenes de
gobierno, han resultado en terreno fértil para que, en lo que va del sexenio,
se hayan perpetrado más de 130 mil homicidios dolosos, 10 asesinatos de mujeres por día y
en los últimos ocho meses, el asesinato de 13 periodistas.
Además del deterioro de la ya afectada economía nacional, la
situación enrarece el ambiente de negocios y es un factor más que inhibe la
llegada de nuevas inversiones al país.
En tanto, la Concanaco México señaló que ha recibido
reportes de hechos delictivos que afectan a estados como Baja California,
Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, mismos que, además
de causar pérdidas humanas, paralizan la actividad económica del país.
“Es necesario que el Gobierno, en sus tres órdenes —federal,
estatal y municipal—, actúe de manera conjunta y firme para fortalecer el
Estado de derecho y lograr la paz social que tanto necesita nuestro país, a
través de una estrategia de seguridad que sí funcione”, señaló
Héctor Tejada Shaar, presidente de la confederación.
La Concamin coincidió en que la intensificación de los
hechos de violencia pone en riesgo la seguridad de los mexicanos y de las
actividades económicas, provocando pérdidas en la economía.
“Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que
brinden soluciones inmediatas a estos hechos. Esto genera desconfianza en
las inversiones extranjeras y la imagen de los comercios,
la gente no puede vivir con miedo al salir de sus casas y tampoco nos podemos
arriesgar a que los visitantes extranjeros, vivan estos actos delictivos que
pueden terminar en una desgracia”, mencionó el presidente de la confederación,
José Abugaber.
Por su parte, Jorge Figueroa, presidente de la Concamin
Tijuana, demandó al gobierno acciones contundentes que garanticen la operación
en la industria y que los trabajadores puedan salir y regresar a sus casas con
bien.
En tanto, la Canieti destacó que desde hace tiempo los ciudadanos
y empresarios sienten temor por ese tipo de acciones.
“Como empresarios, vivimos tiempos donde las pérdidas y los
sobreprecios por la inseguridad y la falta de un verdadero Estado de
derecho, nos tienen en grave peligro de continuar operando, ante el ambiente
que se vive en el país”, alertó la Canieti y llamó a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, junto a los poderes judiciales de los Estados, a
fomentar la existencia de un “auténtico Estado de derecho en el que todos los
crímenes sean perseguidos y castigados”.
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