Lo de José Luis Abarca es un ejemplo de las pifias
sistemáticas, que llevan a preguntar si los pretextos no están en el Poder
Judicial, sino en el Ejecutivo.
Raymundo
Riva Palacio
Como suele pasar en la mañanera, ayer hubo otro engaño
disfrazado de indignación pendenciera. Ahora lo ejecutó el subsecretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, que amenazó al juez
primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos,
porque lleva 120 libertades absolutorias a favor de acusados por el gobierno de
Enrique Peña Nieto de la desaparición y crimen de los 43 normalistas de
Ayotzinapa. “Se va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura
Federal e incluso una denuncia penal”, adelantó. “Se va a actuar en
consecuencia”.
Está muy bien lo que dijo el subsecretario, pero falta que
lo cumplan. Si esto sucediera, tendría que actuar el gobierno contra sí mismo,
por omiso y negligente. Las deficiencias e insuficiencias del gobierno mantuvieron
las debilidades y vulnerabilidades de las acusaciones originales formuladas por
el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, pero incurrieron en algo peor: no
hicieron nada por corregirlas para evitar las liberaciones.
Al atajar las críticas a los jueces tamaulipecos iniciadas
por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el presidente de la
Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, dijo el miércoles que le parecían
injustos los señalamientos a los jueces por sus resoluciones, porque sus
sentencias absolutorias se derivaban de una del Primer Tribunal Colegiado del
Decimonoveno Circuito, en Reynosa, el 4 de junio de 2018, que concluyó que los
imputados habían sido torturados, afectando el proceso legal.
Mejía, siguiendo el estilo de la casa presidencial, se hizo
el gracioso. “No ha habido debido proceso, sino debido pretexto”, ironizó. Ni
él ni Encinas han mencionado la sentencia del tribunal colegiado en sus
recientes críticas, sobre la cual los jueces tamaulipecos dictaron las
resoluciones objetadas, pese a que una de sus recomendaciones propició el
nacimiento de la Comisión para la Investigación de la Verdad y la Justicia, que
encabeza el subsecretario de Gobernación. Incluso, el 20 de septiembre de 2020,
al presentar el primer informe sobre el caso Ayotzinapa, Encinas reconoció al
tribunal colegiado por haber expuesto la existencia de “indicios suficientes
para presumir que las confesiones que dieron lugar a la llamada verdad
histórica fueron obtenidas mediante tortura”.
Para entonces, uno de los liberados, Gilberto López
Astudillo, el Gil, ya había sido reclutado por Encinas como “Juan”,
su testigo estrella para imputar los delitos de delincuencia organizada y
desaparición forzada a cuatro militares y apuntalar su vieja creencia de que lo
sucedido en Iguala en 2014 fue “un crimen de Estado”. Es un doble discurso el
silencio sobre el criminal en el que apoya su investigación contra autoridades
federales y estatales, y la denuncia contra los jueces que, bajo los mismos
preceptos, liberaron a decenas más del crimen, como José Luis Abarca, exalcalde
de Iguala, al que Encinas identifica como quien ordenó el ataque contra los
normalistas.
Las resoluciones de los jueces tamaulipecos no nos gustan a
muchos, pero estuvo en manos del gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador corregir los errores, auténticos o deliberados de la PGR de Murillo
Karam, para evitar las liberaciones. No lo hicieron, aunque desde el 28 de
noviembre de 2018, en el apartado 32 de la recomendación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en el caso Iguala, planteó una fórmula para
reforzar los procesos penales seguidos contra los inculpados del crimen de los
normalistas para lograr reaprehender a quienes fueron liberados indebidamente,
como el Gil, y para la obtención de órdenes de aprehensión contra otros
imputados, que significaba presentar ante el juez pruebas que no se habían
argumentado. Como botones de muestra:
1.- La detención de la Rana o el Güereque,
identificado como el perpetrador de la ejecución de los normalistas, y de quien
proporcionaron nombre completo, fotografía, dirección en Cocula y ubicación en
Estados Unidos. Esta persona fue identificada por la CNDH como “Édgar”, un
sicario de Guerreros Unidos, en ese momento de 27 años, pero la PGR lo
confundió –Encinas también– con el profesor Erick Uriel Sandoval, que tenía 32
años y a quien su padre llamaba “la ranita”, que sigue siendo perseguido por la
justicia por ese delito.
2.- Las declaraciones recabadas por la CNDH a varios de los
choferes de los autobuses, incluidas pruebas periciales en grafoscopía y
documentoscopía que demostraban la falsedad de un documento atribuido al chofer
del quinto autobús, en el que describe lo que ocurrió con el secuestro de su
unidad y el traslado de los normalistas.
3.- La investigación de varias líneas telefónicas cuyos números
entregó de manera reservada a la PGR, y el análisis de los chats que
proporcionó la DEA al gobierno que revelan información sobre el móvil de las
agresiones y la responsabilidad del Gil.
La PGR de Peña Nieto ya no tuvo tiempo de hacer nada al
respecto, si en algún momento hubiera pensado hacerlo, pero el gobierno de
López Obrador se acerca a cuatro años sin tampoco haber hecho nada para impedir
que los asesinos de los normalistas y sus cómplices quedaran libres. La falta
de cumplimiento de la recomendación de la CNDH, la inobservancia de sus
propuestas y el descuido de los procesos penales tuvieron como consecuencia las
liberaciones indebidas de los inculpados.
Este gobierno ha sido omiso y negligente, cometiendo errores
monumentales. Por ejemplo, en el caso de Abarca, recientemente absuelto de la
desaparición forzada de los normalistas, fue vinculado a proceso el 16 de
diciembre de 2020 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita. Encinas, a través de la Fiscalía General, logró otra orden
de aprehensión contra el exalcalde –por un segundo delito de delincuencia
organizada, por lo que ya está preso–. Y aunque hace dos años lo investigan por
recursos de procedencia ilícita, nunca intervino el gobierno su centro comercial
en Iguala, que opera como si nada hubiera sucedido.
Lo de Abarca es un ejemplo de las pifias sistemáticas, que
llevan a preguntar a Mejía Berdeja si los pretextos no están en el Poder
Judicial, sino en el Ejecutivo.
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