Directorio

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viernes, 6 de noviembre de 2020

Conferencia Magistral de Ana Lilia Herrera, Fernando García Cuevas y Jaime Vázquez en el CM del PRI de Ecatepec

 


 

 

 


Por; ELIGIO GOMEZ BADILLO

TULTITLAN, Méx. – Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación política de la cámara de diputados del Estado de México, se perfila como uno de los fuertes candidatos de Morena a la presidencia municipal de Tultitlan, en tanto que el PRI según los cometarios se prepara para lanzar a Axel Roth presidente del comité municipal de tricolor a la alcaldía en los comicios intermedios a celebrarse la primera semana de julio del 2021.

“Fecha en la que se renovaran los 125 ayuntamientos y las diputaciones federal y local, por lo que se espera que los institutos políticos elijan a sus mejores mujeres y hombres para la contienda electoral”.

Como es del dominio público este medio informativo sigue de cerca las actividades políticas que se vienen desarrollando en el Valle de México, en la que los distintos partidos, por todos los medios trataran de derrotar al partido en el Poder (Morena) que se ha convertido en un partido a vencer.

De acuerdo con diferentes opiniones que el diario El Mexiquense Hoy ha venido recabando entre militantes priistas, perredistas y panistas, los encuestados han coincidido  en que, ante el hartazgo ciudadano que tiene en contra de los legisladores y munícipes emanados de Morena, los partidos de oposición hoy tienen la oportunidad de recuperar los espacios políticos perdidos, para ello, agregaron es de vital importancia recuperar la confianza del electora y eso solo lo vamos a lograr trabajando y atención las demandas ciudadanas, revelaron nuestros interlocutores.

Coacalco inicia pavimentación de calle La Garita

 



 

Por; ELIGIO GOMEZ BADILLO


COACALCO, Méx.- Con el firme propósito de atender las más sentidas demandas de la ciudadanía”, en gira de trabajo el alcalde de Coacalco, Darwin Eslava, dio el banderazo de inició de obra a los trabajos de pavimentación de calle La Garita, petición que durante años fue ignorada por gobiernos anteriores.

Ante vecinos que se dieron cita para atestiguar el arranque de dicha obra, el Presidente Municipal destacó que con estos trabajos y varios más que ya se realizan a lo largo del territorio local, se cumple con el compromiso de mejorar la imagen urbana del municipio.

Puntualizó que, al atender esta demanda social histórica, además de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 encaminados a aumentar la urbanización, también se procura el bienestar ciudadano y el mejoramiento de la calidad de vida de su habitante, dijo.

Darwin Eslava afirmó que estos trabajos beneficiarán directamente a cerca de 10 mil personas, entre ellas, estudiantes del TESCo, y se da continuidad al programa de obra pública en la localidad.

Cabe señalar que la pavimentación de calle La Garita los trabajos que se realizarán son: la construcción de ocho mil 961 metros cuadrados de carpeta asfáltica, reductores de velocidad, renivelación de rejillas y pozos de visita.

Sandra América Velasco Ruiz, representante de los vecinos beneficiados, agradeció al alcalde Darwin Eslava la realización de esta obra que representa un cambio y un avance en el desarrollo de Coacalco.

“Esta es una obra por la que durante muchos años habíamos levantado la voz ante los gobiernos municipales y hoy, por fin, un Presidente Municipal, que sabemos está cerca de la gente, nos ha escuchado”, afirmó Velasco Ruiz.

Cabe mencionar que la pavimentación de La Garita es la obra más solicitada al gobierno local, a través de los distintos medios de comunicación que los ciudadanos tienen con sus autoridades.

 

Pensión para adultos mayores ahora será de 2 mil 700 pesos

 

Actualmente la pensión de adultos mayores y personas con discapacidad es de 2 mil 620 pesos bimestrales

 


El Gobierno federal distribuye actualmente el pago del último bimestre del año de la pensión para adultos mayores y de apoyos económicos a personas con discapacidad, informó la Secretaría del Bienestar.

De acuerdo con Javier May, secretario del Bienestar, se concluirá en los próximos días la distribución de más de 8 millones de pensiones para adultos mayores, y 996 mil apoyos a personas con discapacidad.

La subsecretaria Ariadna Montiel expuso que el proceso de reparto de los recursos inició el pasado 3 de noviembre.

"El día 3 de noviembre se realizó el pago a través de dispersión bancaria, directamente de la Tesorería de la Federación a la tarjeta del derechohabiente. Esa dispersión ya quedó concluida para quien tiene tarjeta bancaria.

 "Para quien cobra por operativo de pago a través de mesas de atención en las comunidades o de ventanillas de Telégrafos de México, el pago va a ser entre el 3 de noviembre y el 30 de noviembre", Ariadna Montiel.

En total, dijo, Montiel se dispersarán 23 mil 400 millones de pesos a adultos mayores y 3.1 mil millones a personas con discapacidad, para más de 26.5 mil millones de pesos.

La subsecretaria informó que ya se tiene proyectado el incremento que tendrá la pensión para el próximo año, contemplado el incremento a la inflación.

"Las pensiones tendrán un incremento inflacionario que permita mantener el valor de la pensión, y para el 2021, la pensión será de 2 mil 700 pesos el bimestre", expuso la subsecretaria.

Actualmente la pensión de adultos mayores y personas con discapacidad es de 2 mil 620 pesos bimestrales.

 

Garantiza GEM participación de las mujeres en el ámbito político

 

 

             Participa Secretaría de la Mujer en la “Movida Latinoamericana” para promover la cultura de equidad y prevenir la violencia política.

             Destacan iniciativa 3 de 3, que buscará que deudores de pensión alimenticia y agresores no puedan ejercer un cargo de elección popular.

 






Toluca, Estado de México, 6 de noviembre de 2020. Como un pronunciamiento de las mujeres para defender su representación en la política, la Secretaría de la Mujer estatal participó en la “Movida Latinoamericana”, para la promoción de la cultura de equidad y prevención de la violencia política, que reunió a alcaldesas y especialistas de países como Argentina, México, Colombia y Brasil.

 

En este encuentro virtual, Isabel Sánchez Holguín, titular de esta Secretaría, dijo que es importante que la participación de las mujeres se vea materializada en cada faceta de su día a día, por eso, afirmó, desde el Gobierno encabezado por Alfredo Del Mazo Maza, la lucha se construye de manera primordial a través de acciones dirigidas a la promoción de liderazgo y educación de niñas, adolescentes y mujeres, para erradicar la discriminación que en pleno 2020 subsiste.

 

Asimismo, recordó que un logro reciente ha sido la aprobación de la iniciativa 3 de 3, medida que propone elevar los estándares de ética y responsabilidad política para que sea de obligatoriedad que, en todos los cargos de elección popular, se garantice que quienes lo ejerzan no sean deudores de pensión alimenticia, agresores o acosadores sexuales o agresores de mujeres en el ámbito familiar y político.

 

“Este hecho marca un antes y un después en cuanto a establecer nuevas pautas en la democracia mexiquense, al no tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres en espacios públicos”, destacó.

 

Con lo anterior, será posible la plena participación en todos los escenarios de las y los mexiquenses en condiciones de igualdad y, con ello, garantizar los derechos políticos de las mujeres y eliminar todo acto de violencia política por razón de género.

 

En este evento, realizado vía remota, se abordaron temas de prevención de la violencia digital, estrategias de campañas electorales para mujeres, políticas públicas y protocolos para eliminar la violencia política contra las mujeres y reconocieron que, aunque hay avances al respecto, aún falta mucho por hacer.

Es IFREM el más innovador del país en trámites digitales

 

 

             Es primer lugar en el sector público de acuerdo con la revista especializada IT Master Mag.

             Consideran que la automatización de trámites permite reducir gastos a los usuarios, facilita el acceso a los servicios públicos y garantiza la transparencia del Registro Público.

 





Ciudad de México, 4 de noviembre de 2020. El Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) es el más avanzado entre el sector público nacional en materia de innovación.

 

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH) obtuvo el galardón por parte de la revista especializada IT Master Mag en la categoría sector público “Las más innovadoras 2020”.

 

La empresa editorial, enfocada a negocios, reconoció la emisión automatizada del Certificado de Existencia e Inexistencia de Gravamen y del Certificado de Inscripción, los cuales se desarrollan mediante tecnologías de código abierto, lo que reduce el costo de inversión.

 

Las digitalizaciones de ambos trámites benefician a notarios, abogados, personal del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) y al público en general, y pueden tramitarse en sólo 20 minutos, cuando antes tomaban hasta 20 días.

 

El Director General del IFREM, Chiristian Gasca Droppert, agradeció el galardón a los integrantes de IT Master Mag y detalló que la implementación de tecnologías de la información ha permitido garantizar la transparencia y abatir posibles actos de corrupción.

 

Durante la ceremonia de premiación, Gasca Droppert aseguró que estos dos procesos se ubican entre los trámites más solicitados por los usuarios del IFREM y están directamente vinculados en el tráfico inmobiliario del Estado de México.

 

Cabe resaltar que ésta es la tercera ocasión que el Instituto de la Función Registral obtiene un reconocimiento por la implementación de tecnologías de la información para desarrollo de trámites y servicios en beneficio de las familias mexiquenses.

Podría de suspenderse la Feria Internacional de la Piñata en Acolman

 





Indicaron que la medida establecida por las autoridades de mantener sana distancia que prohíbe las reuniones masivas, ha impacto en la venta de piñatas

Artesanos de la piñata en Acolman temen que debido a la pandemia por Covid-19 sea suspendida la 35 edición de la “Feria Internacional de la Piñata”.

Indicaron que la medida establecida por las autoridades de mantener sana distancia que prohíbe las reuniones masivas, ha impacto en la venta de piñatas y ahora está en riesgo de que la feria sea suspendida, pese a que es una de las más populares del Valle de México que reúne a más de 120 mil visitantes y deja derrama económica de aproximadamente 15 millones de pesos.

Los artesanos y comerciantes de piñatería refirieron que antes de la pandemia por coronavirus vendían sus productos en los estados de Puebla, Morelos, Hidalgo, Aguascalientes y la Ciudad de México, pero que la alerta sanitaria ha puesto en crisis su actividad.

Señalaron que para apoyar a los cerca de 60 talleres que existen en Acolman, el gobierno municipal acondicionó un bazar en un terreno abierto para evitar las conglomeraciones, donde los artesanos tienen que turnar los días de venta y de esta manera los visitantes puedan con mayor seguridad comprar las piñatas, sin embargo, la venta ha sido muy poca.

 “No ha habido personas que nos encarguen, por lo mismo de que no se pueden juntar las familias, no hemos tenido pedidos, hemos visto la manera de cómo sacar la producción, de hecho, no hemos tenido ventas porque las condiciones no permiten que las familias se reúnan. Normalmente hacemos la inversión en enero, acabando la venta empezamos a invertir en cartón, papel y ahorita por esta situación está parado”, refirió un artesano.

La elaboración de la piñata, como hoy se conoce, consistente en una olla de barro forrada con papeles multicolores fue realizada por primera vez en México por Monjes Agustinos en el año 1857. En la actualidad, es una de las principales fuentes de trabajo de los pobladores del Pueblo Mágico de Acolman.

 

Pacientes con cáncer en la incertidumbre

 

Afiliados al extinto Seguro Popular Pacientes ya no serán atendidos en el Centro Oncológico del ISSEMyM

 




Pacientes con cáncer afiliados al antiguo Seguro Popular padecen incertidumbre, pues ya no serán atendidos en el Centro Oncológico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

Para algunas de las personas el tiempo corre en su contra, pues será hasta finales de este mes cuando dejarán de recibirán consulta y medicamento en Toluca.

Por este motivo, ellas tendrán que buscar algún hospital o institución en donde serán atendidos, pues el ciclo del Seguro Popular ya expiró.

A través de este medio, pacientes afiliados al Seguro Popular mencionaron que el ISSEMyM les informó que solamente se les otorgará consulta y medicamentos hasta el día 27 del mes en curso.

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Lo anterior a pesar de que algunas pólizas vencen en el primer trimestre de 2021 e incluso hasta 2022.

Por eso quienes tenían el Seguro Popular deben solicitar al centro oncológico su historia o resumen clínico, para presentarlo en donde consigan atención.

“Tengo consulta en diciembre y para ser atendida tengo que mover la cita para antes del 27 de noviembre”, puntualizó una de las afectadas.

Una paciente más comentó que su Seguro Popular tiene vigencia hasta 2022, pero de igual manera tendrá que efectuar el proceso descrito.

En ese sentido, comentaron algunas, ya pidieron al Centro su historia clínica y en cerca de 15 días deben llamar para saber en qué fecha debe acudir para que les sea otorgado el documento.

No obstante, indicaron, están preocupadas porque no saben qué pasará con ellas, pues en algunos casos requieren del tratamiento para un lapso de cinco o hasta 10 años más.

Hasta el momento, señalaron, existe incertidumbre porque desconocen en dónde continuarán el seguimiento a su enfermedad y que les permita recibir los fármacos correspondientes.

No obstante, una paciente más, con quien tienen interacción en un grupo de WhatsApp, detalla que su póliza concluyó a inicio de año.

En abril le informaron que la enviaron al Hospital Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”, ubicado en esta ciudad.

Sin embargo, “no me han dado ni cita, ni medicamento”, detalla en una conversación en dicho grupo.

Casi al cierre del año les inquieta su situación y su enfermedad porque desconocen a dónde serán referidas, a partir de diciembre de este año y por consiguiente todo 2021.

Consideraron que derivado de la pandemia de Covid-19, pudiera complicar su atención aún más.

Es de mencionar que durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, las instituciones de salud pública suspendieron temporalmente algunas de las especialidades médicas.

RESPUESTA

Por su parte, el ISSEMyM, al exponer el tema, comentó que las pacientes tendrán que recurrir a la Secretaría de Salud del gobierno federal para dar continuidad o les indique los procedimientos a seguir para su atención.

El Centro Oncológico, con década y media de vida, ha atendido a derechohabientes con diversos tipos de cáncer, así como pacientes del Seguro Popular.

Es de mencionar que el citado programa en el presente sexenio federal terminó para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La página de la Secretaría de Salud del gobierno federal especifica que la aprobación en la Cámara de Diputados del Dictamen que reforma la Ley General de Salud pretende proveer de servicios de salud de manera gratuita a las personas sin seguridad social.

Garantiza atención universal a padecimientos que generan gastos catastróficos, incluidos los oncológicos.

 

 

Edoméx entra de Tarjeta Rosa

85 por ciento de detenciones de personas inocentes son ilegales en Edoméx

 

El 66 por ciento de los detenidos sufrieron torturas; la mayoría es gente pobre y de bajo nivel educativo




En el Estado de México se criminaliza la pobreza, las policías realizan detenciones ilegales, sin órdenes de aprehensión, practican la tortura, aleccionan testigos, no se respeta el derecho a una defensa adecuada y los jueces sentencian a inocentes sin pruebas.

De acuerdo con el Primer Informe sobre Personas Injustamente Presas en la entidad el 85% de quienes han sido detenidos, pese a ser inocentes fueron detenidos sin una orden de aprehensión y el 66% sufrieron torturas desde su detención, hasta la puesta a disposición del Poder Judicial.

Además, el 58% de las detenciones fueron hechas por policías ministeriales y estatales, el 28% por municipales, un 5% por personas vestidas de civil y un 3% por la Guardia Nacional, encapuchados o policías federales.

El informe muestra fallas en el sistema de justicia, discriminación estructural, la vulnerabilidad de cualquier persona a ser detenida y acusada, cobros en los penales por todo: por visita, por pasar lista, por el baño, por protección, por tener un lugar para dormir.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la plataforma Haz Valer Mi Libertad aplicaron 243 cuestionarios en diferentes centros penitenciarios mexiquenses y concluyeron que muchas personas están presas porque fueron discriminadas por su color de piel, por su aspecto, por su forma de vestir o porque no tuvieran dinero para pagar una extorsión, ni un abogado particular.

Otros datos son que el 68% de las personas injustamente presas tienen educación básica, y de ellas, el 24% solo cuenta con primaria y el 44% con secundaria; mientras otro 22% tiene preparatoria y sólo un 4% licenciatura.

Además, el 74% no contaba con un ingreso fijo al momento de su detención, pero un 85% tenían dependientes económicos.

Las investigaciones de la policía ministerial son tan superficiales, precisa el documento, que a veces sólo se basan en fotografías de Facebook.

Detenciones ilegales y tortura

De acuerdo con los resultados del informe la tortura sigue siendo una práctica usada por policías para obligar a declararse culpable, o a dar el nombre de otras personas.

Las prácticas van desde golpes, asfixia con bolsa, piquetes en las manos con plumas o alfileres, toques en órganos sexuales, cortes en el cuerpo y quemaduras.

Otras prácticas recurrentes que caracterizan las detenciones son el ingreso a domicilio sin órdenes de cateo en operativos ilícitos con uso excesivo de la fuerza que ha afectado incluso a menores de edad al ser encañonados, la complicidad entre agentes ministeriales y ciudadanos para tender trampas a otras personas.

También detectaron detenciones de personas a quienes les encargaron un trabajo y les dejaron un vehículo, pero después agentes ministeriales acusaron que era robado.

En otros casos, personas dieron datos personales a supuestos servidores públicos que llegaron a las puertas de su hogar y plantearon la posibilidad de acceder a un programa social o beneficio, pero su información fue usada para señalarlos como culpables de algún delito.

Otra práctica fue subir a la gente a vehículos sin placas, y sin dar explicaciones, golpearlas y posteriormente presentarlas al Ministerio Público, también detener a quienes se estacionaron en una gasolinera y a familiares de otra persona que ha sido puesto a disposición de la autoridad ministerial cuando se acercaron a preguntar por ellos a los centros de Justicia.

El proceso

Aún cuando las personas inocentes deberían ser liberadas de inmediato, el segundo paso para la fabricación de culpables, de acuerdo con el informe, es la participación de autoridades judiciales, quienes no decretan las detenciones como ilegales, no se respeta el derecho a una defensa adecuada, pues no permiten a las personas avisar a sus familiares y solicitar asistencia de un defensor particular.

El documento acusa discriminación estructural, pues en casos de indígenas a veces no se verifica si entienden lo que se les indica; también señalan una indebida valoración de las pruebas y el uso de testigos singulares, es decir, de quien es acusado y hasta sentenciado sólo por la declaración de una persona.

"Una práctica muy recurrente en el Edomex es abordar la situación del testigo singular, y esto se hace mediante tomar una declaración de una sola persona que señala alguien como supuesto un agresor y es tomada como fuente de convicción de una decisión judicial condenatoria, cuando no existe ninguna otra prueba".

Además, detectaron aleccionamiento de testigos, a quienes les enseñaron previamente fotos, los obligaron a declarar en contra del iniciado y hasta los amenazaron en caso de negarse; también la presentación de pruebas periciales que no concluyeron la responsabilidad de la persona injustamente presa.

La fiscalía, asegura el informe, realiza investigaciones superficiales en redes sociales, a través de fotos de Facebook para emitir dictámenes también se señalan armas que no son pruebas de la culpabilidad, aunque a veces no las ofrecen como medios de prueba, o las presentan sin huellas dactilares.

Criminalización de la pobreza

Uno de los temas señalados en el informe es la criminalización de la pobreza y la resistencia a discutir una Ley de Amnistía por miedo injustificado y prejuicios ideológicos, pues algunas personas creen que la población penitenciaria es un lastre del cual hay que deshacerse.

Sin embargo, un porcentaje significativo son provenientes de sectores desfavorecidos a quienes se les ha asignado la labor de pagar delitos que no cometieron y son víctimas de discriminación y prejuicios, al relacionar la pobreza con una supuesta tendencia a la criminalidad, y así culpan a personas racializadas y excluidas, aunque no haya elementos para acusarlas.

El informe advierte que hay un impacto económico psicológico en las familias que se encuentran muy frágiles, con altos niveles de estrés y concluye pidiendo a las y los diputados no perder la oportunidad de recomponer el pasado, de otorgar justicia a quienes les han fabricado delitos.

De hecho, concluye, es urgente abordar la situación de las personas injustamente presas en la entidad, pues hay fallas en los procesos judiciales y en el sistema de justicia desde la detención, hasta el proceso, y es necesario hacer justicia a quienes han sido discriminados.

También urge a detener la tortura, denunciarla, castigarla y propone el Poder Judicial algunas recomendaciones, como: garantizar el debido proceso, respetar el derecho a la presunción de inocencia, eliminar el uso de testigos singulares para emitir sentencias, que un señalamiento directo no sea definitorio, ponderar las pruebas sin tendencias.

No aleccionar, ni intimidar testigos, garantiza una defensa adecuada, evitar el uso excesivo de la prisión preventiva, respetar y garantizar el derecho a la autoadscripcion en personas indígenas, deja de justificar detenciones arbitrarias, capacitar intérpretes de lenguas indígenas y emitir resoluciones independientes e imparciales, entre otras.

 

 

Ordenan a militares cerrar la boca en caso del general Cienfuegos

 

    


Al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), nos comentan, se giró un oficio interno en el que se pide al personal no hacer declaraciones sobre el caso de la detención del exsecretario, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien este jueves será presentado ante una Corte de Distrito de Nueva York.

Nos explican que el documento fue elaborado por la Dirección General de Administración con destinatario al jefe del Centro Ecuestre de la Sedena, ubicado en Santa Fe, en la Ciudad de México, al que se le pide adoptar las medidas necesarias para que el personal de esa área evite cualquier declaración, sobre todo a la prensa.

El requerimiento, nos hacen ver, va con copia para el Casino Militar, el Hotel del Ejército y Fuerza Aérea, Restaurante Sedena, Mini Súper Sedena, Cine Sedena y el Hotel “Centenario del Ejército Mexicano”, lugares de encuentro entre el personal militar.

 

Emilio Zebadúa y sus hermanos gastaron 205 mdp en casinos, propiedades y compras; hoy busca el perdón legal

 

El oficial mayor de la Sedesol y la Sedatu, cuando Rosario Robles era titular, le entregó 190 millones de pesos a sus hermanos presuntamente de la arcas de Sedesol y Sedatu para gastarlos en apuestas y envíos al extranjero.

 


Emilio Zebadúa, brazo derecho de Rosario Robles, le entregó 190 millones de pesos a sus hermanos presuntamente de la arcas de Sedesol y Sedatu para gastarlos en apuestas y envíos al extranjero; y él mismo gastó 14 millones de pesos sólo con una tarjeta de crédito American Express.

Este exfuncionario busca ahora el perdón legal prometiendo a la FGR entregar información para inculpar a su exjefa, Rosario Robles, y al presidente Enrique Peña Nieto en La Estafa Maestra.

Desde 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR por probable lavado de dinero presuntamente cometido por Emilio Zebadúa y sus hermanos José Ramón Zebadúa y Lourdes Zebadúa, por los 205 millones de pesos que gastaron.

Dicho monto no corresponde con los ingresos de ninguno de los tres, lo que “hace probable que Emilio Zebadúa percibiera diversas cantidades de efectivo por la comisión de actos de corrupción, pues ninguna otra justificación se encuentra en la conducta de un servidor público”, advierte la denuncia de la UIF obtenida por Animal Político.

Emilio Zebadúa es una pieza clave en La Estafa Maestra. Fue el oficial mayor de la Sedesol y la Sedatu, cuando Rosario Robles era titular, es decir, el segundo puesto más importante de las dependencias, encargado de la administración y aplicación de los recursos públicos.

La Oficialía Mayor es un área indispensable para que los recursos sean ejecutados. En el caso de La Estafa Maestra, para que 11 dependencias de gobierno –incluyendo Sedesol– entregaran más de 7 mil millones de pesos a través de convenios con universidades públicas para hacer supuestos servicios entre 2013 y 2014. Pero las instituciones a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma y, por lo tanto el dinero público desapareció.

Desvío en periodo electoral

La Unidad de Inteligencia Financiera revisó dos cuentas bancarias de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en las que Emilio Zebadúa era el apoderado y detectó movimientos “inusuales” por 16 millones 385 mil pesos enviados a cuatro cuentas bancarias de personas que no tenían ningún tipo de relación con la dependencia.

En todos los casos, las cuentas bancarias fueron abiertas el mismo día en que recibieron los recursos públicos e inmediatamente el dinero era transferido a otras cuentas o retirado en efectivo.

Por ejemplo, entre el 14 de junio y el 19 de julio de 2018, la Sedatu envió 6 millones 797 mil pesos a la cuenta de una persona, abierta en Bancomer el 14 de junio. Una vez que recibió los recursos, los transfirió a una persona física y una moral y dejó la cuenta sin saldo, por lo que “hace inusual que una dependencia de Estado opere recursos con personas cuya actividad financiera es irregular”.

En otro caso, el monto depositado ascendió a 8 millones de pesos y fue retirado en 111 movimientos. En un caso más, los retiros ocurrieron en ventanilla bancaria y depósitos a personas físicas. Esto significa un desvío de recursos públicos, pues éstos no se ejercieron en lo que originalmente estaba presupuestado.

Los recursos provenientes de la Sedatu fueron entregados a través de este mecanismo los días 13, 14 y 15 de junio de 2018 “a escasos meses del cambio de administración federal e incluso en plena campaña electoral”, dice la Unidad de Inteligencia Financiera.

De ahí que la UIF, a cargo de Santiago Nieto, advierte que dicha estrategia fue “posiblemente encabezada por Emilio Zebadúa, quien era apoderado legal de las cuentas bancarias y a quien le correspondía además la vigilancia y correcta aplicación del presupuesto”.

“Probablemente implicó que el patrimonio de la Secretaría fuese desviado a través del actuar de Emilio Zebadúa”, dice la denuncia penal interpuesta por la UIF obtenida por Animal Político.

Casinos y consumos en American Express

José Ramón Zebadúa es hermano y apoderado legal de Emilio Zebadúa y transfirió 57 millones de pesos a una compañía en el extranjero entre 2015 y 2019. También pagó 45 millones de pesos en su tarjeta American Express y compró un inmueble en el Estado de México por 3 millones de pesos, lo que hace un total de 106 millones de pesos.

Sin embargo, según las declaraciones fiscales de José Ramón Zebadúa, sólo tuvo ingresos por préstamos y pagos de dos empresas que sumaron 19 millones de pesos entre 2015 y 2018. Esto significa apenas 17% de lo que gastó.

De acuerdo con la UIF, el monto de sus gastos “no encuentra justificación en una actividad lícita”, y su falta de declaración de dichos ingresos ante el SAT “puede ser una estrategia para el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas”.

Emilio Zebadúa tiene un domicilio registrado en Cuajimalpa de Morelos, mismo que comparte con su hermana Lourdes Zebadúa, quien gastó 58 millones de pesos en casinos, entre 2017 y 2019.

La industria de los juegos de azar, advierte la denuncia, es fuente importante de “blanqueo” de dinero proveniente de actividades ilícitas, según el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales.

Lourdes Zebadúa también gastó 26 millones de pesos a través de tarjetas de crédito entre 2017 y 2019. Sin embargo, no se sabe a qué se dedica, pues ni siquiera presentó declaraciones de impuestos, “por lo que se desconoce el origen de las cantidades de activos que opera”, lo que implica “un alto grado de probabilidad que los mismos provienen de actividades ilícitas”, dice la UIF.

Mientras que los ingresos de Emilio Zebadúa como funcionario público entre 2015 y 2018 ascendió a 9 millones 707 mil pesos, pero en ese periodo registró un pago por consumo a través de su tarjeta American Express por 14 millones 861 mil pesos, lo que “no sale del perfil transaccional manejado por él mismo”.

Por lo tanto, la UIF solicitó en 2019 el congelamiento de cuentas de los Zebadúa y, sobre todo, pidió a la FGR que reuniera los datos probatorios para sustentar la carpeta de investigación que se iniciara con la denuncia y “estar en posibilidad de acreditar el delito, siendo urgente la aplicación de la técnica de investigación por existir temor fundado de que se oculten, dilapiden o destruyan los activos, o producto de delito relacionados con la indagatoria”.

La denuncia incluye a los hermanos Zebadúa, pero también a Ramón Sosamontes, quien fue jefe de Oficina en la Sedesol, por las operaciones financieras a través de su empresa  Sistema Guerrero Audiovisual S. A. de C. V., que recibió contratos de la Administración Pública por 10 millones 823 mil pesos entre 2012 y 2017, cuando él era funcionario.

También incluye a Rosario Robles por haber sido la jefa de Emilio Zebadúa y ella también era responsable de la correcta aplicación de recursos públicos. Aunque en la revisión financiera de la exfuncionaria sólo se encuentran viajes al extranjero y como “operaciones inusuales” el consumo a través de una tarjeta de crédito American Express por 4 millones 498 mil pesos. Mientras que sus ingresos sumaron 19 millones 322 mil pesos entre 2013 y 2018.

 

Traidor de la patria

 

 


Raymundo Riva Palacio

 

Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, se fue con toda su furia emocional en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien acusó de “traidor a la patria” por su presunto uso de dinero de una empresa extranjera para financiar la campaña presidencial. Ayer se mostraron en este espacio las debilidades y falsedades en la acusación de Gertz Manero, a quien Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, quien le inyecta combustible a su temperamento, le ha ocultado un episodio que muestra quién realmente traicionó a la nación, donde el fiscal, ignorante de esto, es su cómplice involuntario.

Todo se remonta al 3 de diciembre de 2012, en vísperas de que Lozoya asumiera formalmente la dirección general de Pemex, y cuatro días después de que apareció en la presentación formal del gabinete legal y ampliado del presidente Enrique Peña Nieto. Ese día se firmó el Convenio Modificatorio al Contrato de Suministro de Etano, entre Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Braskem Idesa, una empresa formada por la filial de Odebrecht, y la compañía propiedad de la familia política del primer secretario de Comunicaciones en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Javier Jiménez Espriú.

Ese día Pemex, con el aval de su director entrante Lozoya, modificó lo que se le llama la 'cláusula de inmunidad', que le daba ventaja jurídica a la petrolera mexicana en cualquier diferendo jurídico con Braskem Idesa, y mediante el cual la podrían mantener de rehén, como ha sucedido desde hace casi seis años, por incumplir con el suministro de gas natural al complejo petroquímico Etileno XXI, que hasta 2019, representaba tres mil millones de pesos en penalizaciones. La cancelación de esa cláusula dejó vulnerable a Pemex y benefició a la empresa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha quejado varias veces de que ese contrato es 'leonino', y ha querido modificar los términos del mismo, sin éxito hasta ahora. López Obrador no trae buena puntería y Gertz Manero no lo ayuda. No se puede modificar el Convenio por los candados que tiene en el capítulo de Solución de Controversias, que es lo que tendría que estarse desanudando, y que se cambió, muy raramente cuatro años después de haberse firmado el contrato, y muy extrañamente como primer acto autorizado por Lozoya. El inciso clave del Convenio es el 12.6, sobre la Inmunidad, donde Pemex “expresamente renuncia, de manera irrevocable con relación a sí mismo y a sus activos, a cualquier derecho de inmunidad que tenga ahora o en el futuro”.

De esa forma, el Pemex de Lozoya se entregó a Braskem Idesa, que buscó esa modificación ante los problemas que estaba teniendo en los tres años previos con el suministro de gas, y entendiendo que, sin esa modificación, no podía poner de rodillas al gobierno mexicano. El contrato, en el momento en el que se suscribió, el 19 de febrero de 2010, tenía sentido. La idea original había surgido en el gobierno de Vicente Fox ante los excedentes de etano. Hasta ese entonces el etano, que sirve para la petroquímica, se incorporaba en las ventas de gas metano, que no sirve para la petroquímica, porque no había tecnología para separarlo del petróleo.

La planta petroquímica Proyecto Etileno XXI fue diseñada para ello, por lo que se construyó una fórmula de precio que establecía el máximo de precio al gas entregado en la petroquímica de Mont Belviu en Texas, menos el costo del transporte. Era un buen negocio para Pemex en ese entonces, ante los excedentes de etano, que rápidamente fueron siendo chupados por Braskem Idesa. No mucho después de la firma del contrato, el gas, que Pemex se había comprometido a entregar, comenzó a escasear, con lo que la fórmula del precio explotó. Para que pudiera seguir operando la planta se comenzó a importar etano, con lo cual la arquitectura del contrato orientada hacia la exportación perdió su costo de oportunidad porque se empezó a importar el etano, más lo que costaba el transporte.

El contrato se convirtió en 'leonino', como califica ahora López Obrador, por lo que el sucesor de Lozoya en Pemex, José Antonio González Anaya, al enfrentar el alto consumo del gas etano, que no había más en México, y la caída en los precios de petróleo, comenzó una larga negociación con Braskem Idesa para modificar la fórmula del precio. La empresa que operaba Etileno XXI se resistió a modificarlo, y después de la elección presidencial de 2018, rompió las negociaciones con Pemex y dijo que ya no hablarían más con la administración de González Anaya, y esperarían a negociar con el gobierno entrante.

El nuevo gobierno de López Obrador tampoco se arregló con la empresa, y han tenido que vender más gas etano a Braskem Idesa de lo que le dio el gobierno de Peña Nieto, para limitar el monto de las penalizaciones. Pero el problema sigue siendo el mismo, la falta del producto, lo que llevó a interrumpir los suministros acordados en el contrato. El modelo del contrato se le conoce en la industria como take or pay, que es normal en los suministros de largo plazo asociados con inversiones en infraestructura, como es Etileno XXI, mientras que Pemex tiene que entregar el gas o pagar.

El gobierno de López Obrador está atrapado por Braskem Idesa, pero no por el contrato en sí mismo, que pudo haber modificado por la llamada 'inmunidad soberana', que le da márgenes en los tribunales, pero que anuló la modificación de la cláusula 12 del Convenio. En Palacio Nacional ha habido frustración y han pensado en proceder penalmente contra la empresa, sin haber encontrado aún la forma jurídica correcta. López Obrador está atado de manos, gracias a las decisiones del equipo entrante a Pemex, encabezado por Lozoya, que, por favorecer a Odebrecht, recibió sobornos por más de 10 millones de dólares.

 

La 4T y Elba Esther o gambito de dama

 

 


Lourdes Mendoza


Hace 15 días, el mismo día que anuncié que la maestra Elba Esther se quedaría sola porque cada una de las piezas a las que ha recurrido la han ido abandonando, Netflix estrenó la miniserie Gambito de Dama. En política, como en el ajedrez, los buenos jugadores piensan más allá de una jugada y el gambito consiste en sacrificar una pieza para lograr una posición favorable en espera de obtener ventajas posteriores.

Lo que no ha entendido Elba Esther, no lo ha sabido leer, es que no cabe en la 4T de AMLO, y para muestra un gran botón. En la mañanera de ayer, al referirse al SNTE, AMLO adelantó que se entiende con la dirigencia sindical actual, que ha basificado a más de 287 mil maestros y repudió la venta de plazas. Simultáneamente, la maestra impulsa como caballo (de Troya) a un experto en el negocio de cobrarle a los maestros por el derecho al trabajo.

Lo increíble es que ahora ha decidido enviar a uno de sus viejos cómplices, ah, no, sobrino, ah, no, protegido, Ricardo Aguilar Gordillo, a atacar al magisterio desde el nuevo membrete –redoble de tambores– sí desde el Movimiento Nacional de Transformación Sindical del Magisterio. ¡Ver para creer!

Papara entender la disonancia, veamos de quién se trata

Primero el nieto, luego el yerno, ahora... el 'sobrino' de Elba Esther.

Liderazgo emergente en los orígenes de la CNTE en los 80, el chiapaneco Ricardo Aguilar Gordillo dejó el movimiento disidente (traicionó, según líderes de la época) para incorporarse al proyecto sindical de Elba, cuando ella hizo lo propio empujada por Carlos Salinas (¿recuerdan que fue el clavo para que CSG pudiera sacar al potosino Carlos Jonguitud Barrios?).

Si bien entre corrillos chiapanecos se ha dicho hasta el cansancio que Aguilar Gordillo es sobrino de Elba, ambos han negado la especie y no hay pruebas de un parentesco, que no le ha hecho falta para una trayectoria de 30 a la sombra de su paisana quien, en la lógica de los políticos tradicionales, no le dio recursos, lo puso donde hay: lo hizo secretario de Educación en Chiapas.

El no-sobrino de Elba, pero sí protegido, fue muy organizadito. Impuso un tabulador durante su gestión para la venta de plazas: 100 mil pesos por una de prescolar; 150 mil por la de primaria y 200 mil en telesecundaria. Tan sólo con la CNTE negociaba 380 plazas al año. Echen cuentas.

Esto significó que un maestro o una maestra tuvieran que trabajar al menos 10 meses GRATIS para cubrir dicha cuota. ¿A poco no se le vino a la cabeza el adjetivo, miserable?

Si seguimos revisando la lista de tarifas, las comisiones sindicales con goce de sueldo costaban 25 mil pesos anuales y repartía 500. ¡12 millones y medio al año! Ah, pero que no hay plazas disponibles, bueno pues por tres meses de salario, por adelantado, con Aguilar Gordillo podían conseguir un interinato de los 300 que repartía anualmente.

Carlos Salinas de Gortari y Elba Esther Gordillo.Especial.

No sólo el magisterio chiapaneco sufría la expoliación del exfuncionario que ahora pretende 'democratizar' al SNTE, se sabe en la entidad que vendía REVOES (Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios) a 100 mil pesos por cada licenciatura reconocida. ¡Quihúboles!

La mina de oro de la secretaría de Educación en Chiapas era una concesión a Elba Esther mantenida por el cónsul Juan Sabines y hay que reconocer que, ante el desfalco insostenible, el gobernador del Verde, Velasco, lo destituyó.

De nada sirvió a Elba Esther que su nieto y su yerno se sumaran a Morena durante el proceso electoral de 2018, pues ha fracasado en su intento de volver al SNTE. Además, los mensajes presidenciales a Elba Esther han sido más claros que el agua: que jamás se tomaría una foto con ella; que no la quiere de regreso en el magisterio; que reconoce plenamente a Alfonso Cepeda al frente de la organización sindical; que confiese (cual pecados) sus delitos electorales al lado de Calderón, eso sí, sin riesgo a ser juzgada por ellos, y que se acabó con la venta de plazas.

En fin, lo cierto es que varias preguntas quedan en el aire. ¿Por qué Elba Esther siempre enreda y se enreda con la familia? ¿Por qué alguno de sus amigos en el actual régimen la ven a espaldas del presidente? ¿De verdad creen que pretender desestabilizar al magisterio es algo que desea y conviene a la 4T? ¿Gambito de peón, gambito de dama o a qué juegan, señores? ¿Esta conferencia de prensa será para deslindarse de Elba?

¿Labastida con MC?

¡No escupan el trago de café! Al ver a Dante Delgado, a Ivonne Ortega y a Francisco Labastida en el gran restaurante Trastevere, y mejor servicio de Pepe Cuaik, lo primero que se me vino a la cabeza fue ¿qué estarán grillando? Y tras darle vueltas y más vueltas, creo que No lo estaban convenciendo de irse con ellos y dejar al PRI de Amlito, sino que seguro estaban viendo cómo generar uniones para el 21. Baste recordar que el Borrego Gándara en Sonora abrió una posibilidad de cómo hacerle. Renunció al PRI, dentro de una estrategia consensuada para poder ser candidato de otros partidos, sin tener conflicto pues será una candidatura ciudadana y ¡va a ganar! Leído lo anterior, seguramente Labastida debe estar cooperando para que este tipo de cosas se hagan en otros estados, municipios o distritos federales y locales. Labastida no es un hombre de rencores ni de odios permanentes, seguramente hará siempre lo mejor para su partido.

 

Ciro Gómez Leyva, entre los influencers que desinformaron sobre elecciones en EEUU: The New York Times

 

Señalaron que las noticias falsas habrían influido en los votantes de habla hispana unos días antes de las elecciones





Las noticias falsas en español intentaron poner a unos contra otros a las comunidades que tenían que salir a escoger a su nuevo presidente. (Foto: EFE/Mario Cruz)

Con las elecciones de Estados Unidos en curso, uno de los problemas más fuertes que enfrentan las autoridades es el de la desinformación y los mensajes poco fundamentados que circulan en redes sociales con el objetivo de inclinar la balanza hacia uno u otro candidato.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times las noticias falsas en español intentaron poner a unos contra otros a las comunidades que tenían que salir a escoger a su nuevo presidente.

El pasado 4 de noviembre “parecía que Facebook y Twitter podrían haber pasado por alto la avalancha de desinformación dirigida a los estadounidenses de habla hispana”, señalaron Patricia Mazzei y Nicole Perloth.

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Mencionaron varios casos en los que medios y figuras periodísticas incurrieron en actos de desinformación. Entre ellas están QAnon, que habría publicado un video editado en el que se aseguraba que el candidato Joe Biden era un “superdepredador de niños”.

Fue entonces cuando señalaron al periodista mexicano Ciro Gómez Leyva entre quienes han atribuido contenido al fenómeno de la desinformación por un video del pasado 3 de noviembre donde aseguró que 150 miembros del grupo antifascista se encontraban en Washington con “máscaras de gas, armas y escudos”.

Ciro Gómez Leyva dijo en julio que la capital mexicana haría un salto radical hacia el semáforo verde (Foto: Captura de pantalla)

Las periodistas del NYT aclararon en el texto False News Targeting Latinos Trails the Election que “si bien los manifestantes marcharon frente a la Casa Blanca, no hubo evidencia de que hubiera armas involucradas”.

Otro de los medios en español que fueron señalados son Campechanenado, Informativo G24 y Cada Tarde con Carinés Moncada y Agustín Acosta.

Estos ejemplos fueron utilizados por el medio estadounidense para informar que, aunque no es posible saber en que nivel influyeron estas afirmaciones, se sabe que tuvieron peso entre los votantes latinos días antes de las elecciones.

El director de Avaaz, Fadi Quran, cuya empresa se encarga del rastreo de la desinformación, dijo al New York Times que:

Estas narrativas de desinformación están ayudando a hundir al país aún más en el caos y la confusión (...) las comunidades más vulnerables del país están pagando el precio más alto

Apenas en julio, Gómez Leyva fue fuertemente criticado por anunciar que la Ciudad de México, capital del país, pasaría al semáforo epidemiológico verde en medio de la pandemia por coronavirus.

En esa ocasión incluso el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respondió a la afirmación del periodista asegurando que “la infodemia”, es decir, la proliferación de noticias falsas, podría llegar a cobrar la vida de algunas personas.

Ciro Gómez Leyva se defendió al contar que la afirmación se hizo con base en un documento al que tuvieron acceso.

“Informamos anoche que el gobierno federal dejaba al de la CDMX en posibilidad de ir a semáforo verde. Lo hicimos con base en el documento oficial que, por cierto, hizo público el gobernador Héctor Astudillo. CGL”, aclaró el comunicador.

Además, añadió que no dio por sentada la información y que en tres momentos diferentes de su noticiario remarcó que la jefa de gobierno tenía la última palabra.

 

Peña Nieto pactó con AMLO, por eso el candidato fue Meade

 

En entrevista con Carlos Loret de Mola, afirma que es un chivo expiatorio; asegura que hubo un pacto entre AMLO y EPN para allanar la llegada del tabasqueño a la Presidencia





El empresario aceptó que hizo una donación a la campaña de Enrique Peña Nieto, pero dijo que éste no le dio “ni madres”. Foto: Tomada de video   

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), se identificó como un perseguido político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Afirma que hay una persecución injusta en su contra y que ha sido utilizado como “chivo expiatorio” para ser un “ejemplo” ante los empresarios del país.

Ayer, a través del portal Latinus, el periodista y columnista de EL UNIVERSAL Carlos Loret de Mola presentó una entrevista con el presidente de Altos Hornos de México en la que hablaron de López Obrador, del expresidente Peña Nieto y de Agro Nitrogenados.

El empresario consideró que el Presidente de México debe ofrecerle disculpas.

Se declaró priista y admitió que inyectó, vía AHMSA, un par de millones de dólares en especie a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto; no obstante, rechazó que en algún momento haya sobornado al expresidente y advirtió que, por el contrario, al quitarse los aranceles lo que ganó por la venta de Agro Nitrogenados lo perdió en tres meses.

El empresario, quien se encuentra actualmente en libertad bajo fianza en España, consideró que hubo un pacto entre la administración pasada y Andrés Manuel López Obrador para que pudiera ganar la Presidencia.

Al cuestionarle Loret de Mola si hubo un pacto entre López Obrador, Peña Nieto y Luis Videgaray, el presidente de Altos Hornos de México consideró que fue para hacerle menos complicada su llegada a la Presidencia.

“Hubo un pacto, ¿en qué consistió el pacto? En sacar a un hombre muy bueno, pero un candidato muy mediocre: Meade, pero es un hombre muy bueno, derecho”, dijo Ancira. Advirtió que el pacto contempla que si la popularidad del Presidente baja probablemente busque meter a la cárcel a Peña.

Al cuestionarle Loret de Mola si mantuvo alguna reunión con Peña NIeto y Videgaray para negociar la compra de Agro Nitrogenados por parte de Pemex, Ancira lo negó. “Me llevaba bien [con Peña Nieto], pero no me dio ni madres”, dijo.

Enfatizó que nunca sobornó a Lozoya, aunque admitió que le ofreció buenas comidas y vinos o brindar con champaña en París. “Lozoya me arrastró”, dijo.

En relación a Agro Nitrogenados, Ancira expresó que no hubo un sobreprecio, negó que fuera una planta chatarra y que 275 millones de dólares era el valor real del complejo para elaborar fertilizantes por toda su infraestructura y por su ubicación en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. “Sigo pensando que es un buen negocio para el país”, afirmó el presidente de AHMSA.

Dijo no conocer personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador y que tal vez lo que hizo mal fue no haber estado con El Peje en sus momentos de elección; “eso hubiera suavizado muchas cosas”, señaló. 

 

AMLO aclaró que el recorte de aguinaldo sólo es para altos funcionarios y él no recibirá

 




Insistió que todos los trabajadores al servicio del Estado recibirán el dinero este beneficio laboral

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que ningún trabajador al servicio del Estado se quedará sin aguinaldo, luego de que este jueves se publicara un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se establece que los altos funcionarios recibirán menos dinero de sus beneficios de fin de año en congruencia con la austeridad republicana, mientras el presidente mismo renunció al 100% de los mismos.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario insistió que el único funcionario público que no recibirá aguinaldo este fin de año será el presidente y recalcó que los altos funcionarios aportarán parte de este derecho laboral “de manera voluntaria”.

“Es importante. La mayoría de los trabajadores al servicio del estado, la inmensa mayoría tiene su aguinaldo completo, no podríamos quitarlo. Por la pandemia, los altos funcionarios decidimos que íbamos a aportar, nuestros aguinaldos. Ahora que se están por adelantar los aguinaldos por El Buen Fin, se tuvo que hacer un decreto para cumplir con los procedimientos legales y ya se estableció para los altos funcionarios una disminución en el caso del aguinaldo, es voluntario”, reiteró.

“En el caso del decreto, es realmente para los de mero arriba, y es un asuntos de formalidad, de legalidad. En los trabajadores, todos, su aguinaldo completo, el que dice que no, está en su derecho. A los de más alto rango les toca menos, empezando por el presidente. Solo el presidente no va a tener aguinaldo”, insistió.

FOTO: ANDREA MURCIA/ CUARTOSCURO

López Obrador recalcó que esta disminución en el aguinaldo de los altos funcionarios es de manera voluntaria y aseguró que gracias a las medidas de austeridad implementadas por su gobierno, “ya es bastante lo que se tiene ahorrado”.

“(...) Pero va bajando, el presidente cero, creo que 20 días para secretarios… Todos van a recibir (aguinaldo), pero los altos funcionarios van a recibir menos, voluntariamente, si lo desean aportar y en el caso del presidente es el único que no va a recibir aguinaldo… (...) Ya es bastante lo que se tiene ahorrado por la disminución de sueldos y aportaciones voluntarias de funcionarios”, señaló.

De acuerdo con el decreto publicado el jueves 5 de noviembre de 2020, los recortes en el aguinaldo serán para el personal de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre cumpliendo funciones en territorio nacional.

El aguinaldo será únicamente de veinte días, sobre la base de cálculo de los sueldos y salarios autorizados, “mismo que se incrementará hasta alcanzar un máximo de cuarenta días, sobre la misma base de cálculo, en los niveles que menor percepción tengan en el tabulador de sueldos y salarios”.

Históricamente, y como lo indica el mismo decreto, los servidores públicos tienen derecho al equivalente a 40 días de salario como aguinaldo.

En el mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció que reintegrará a la Tesorería de la Federación el 100% de su aguinaldo y otras gratificaciones de fin de año, de acuerdo a sus principios de austeridad en el gobierno mexicano, mismos que deberán ser utilizados en la emergencia por COVID-19.

“Que a fin de ser coincidente con las medidas de austeridad que he venido impulsando, he tomado la decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100 por ciento del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y que históricamente equivale a 40 días por esos conceptos, para que se destinen a dar atención a las necesidades derivadas de la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México”, publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Además, consideró que con motivo de la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, se decidió entregar aguinaldo al personal de confianza de las distintas dependencias contratado por honorarios, en cantidades congruentes con los principios de austeridad republicana.

 

Ejército Mexicano y FGR llevan a cabo la destrucción de narcóticos en el Edoméx.

 


  

 

San Juan Teotihuacán, EdoMéx.- La Secretaría de Defensa Nacional a través de la Comandancia de la primera Región Militar y la 37 Zona militar Informaron que en coordinación con representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), llevaron a cabo el proceso de destrucción de narcóticos y objetos del delito, por el método de incineración, en las Instalaciones del 3/er. Regimiento Mecanizado ubicado en San Juan Teotihuacán.

Dieron a conocer que se incineraron aproximadamente 2200 kg de narcóticos y 689 objetos del delito, con el objetivo de dar cumplimiento a los fines de Seguridad Pública y socavar a la delincuencia organizada.

Durante el proceso de incineración y destrucción estuvieron presentes representantes de la FGR, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y personal militar adscrito a la 37/a. Zona Militar proporcionando seguridad periférica y verificando la destrucción total de estupefacientes.

Con estas acciones el Ejército Mexicano mantiene una estrecha coordinación y colaboración con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y se encuentra comprometido con la Estrategia de Paz y Seguridad que ha implementado el presidente de la república.

 

Apoyemos para ubicar a familia en México de esta dama que murió en EU y está en calidad de desconocida

 


Agudiza la crisis económica en México AMLO ordena vía decreto recortar aguinaldo






Publicó en el DOF el decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2020 considerando las medidas de austeridad ante la pandemia de COVID-19.

El gobierno federal adelantará para el lunes 9 de noviembre el pago de aguinaldos a los servidores públicos, sin embargo, no todos tendrán un "Buen Fin", ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó vía decreto recortar los días de aguinaldo que le corresponden por ley a los servidores públicos.

El presidente publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, en el cual se suscriben cambios al aguinaldo a que se tiene derecho, considerando las medidas de austeridad ante la pandemia de COVID-19.

En el decreto el presidente López Obrador plasmó su "renuncia" al aguinaldo, a fin de ser coincidente con las medidas de austeridad que ha impulsado su gobierno en la Administración Pública Federal, con el propósito de reorientar recursos para enfrentar la pandemia. 

 

"He tomado la decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100 por ciento del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y que históricamente equivale a 40 días por esos conceptos, para que se destinen a dar atención a las necesidades derivadas de la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México", anunció AMLO.

El Artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional dispone que los servidores públicos cuya relación jurídica de trabajo se regula por esa Ley, tienen derecho a un aguinaldo anual que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna, y que se deberá pagar el 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero.

Sin embargo, el decreto publicado este jueves ordena recortar de 40 a 20 días de salario el monto del aguinaldo para el personal de nivel de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como al personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentra en funciones en territorio nacional.

En este grupo de servidores públicos se incluyen los puestos que van de enlace hasta nivel de presidente, pasando por jefe de departamento, director, subdirector, adjunto, jefe de unidad, director general, subsecretario y secretario de Estado y presidentes de organismos.

En el caso del personal de confianza del Gobierno, del personal del Servicio Exterior Mexicano y de Personal Militar Activo, se agregó la palabra "hasta" como criterio limitante para pagar el aguinaldo, es decir, el año pasado el aguinaldo a ese personal era de "40 días de salario" tal cual lo marca la Ley, pero este año será de "hasta 40 días" de salario, por lo que podrían recibir menos días de aguinaldo o incluso nada si restituyen su aguinaldo a la Tesorería.

Para el personal por honorarios, si bien ellos no tienen el derecho al aguinaldo por no tener estabilidad en el empleo, el decreto del año pasado sí consideró el pago de aguinaldo hasta por 40 días de salario, pero este año el aguinaldo que recibirán será en función del aguinaldo que se otorgue al personal con plaza presupuestaria que tenga el nivel equivalente a su puesto.

Los servidores públicos de base, es decir, aquellos sindicalizados afiliados principalmente a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, son los únicos a quienes se les respetarán sus 40 días de aguinaldo en los términos de la Ley.

Alejandro Avilés, asesor sindical y académico de la UNAM, señaló que el argumento del decreto para reducir los días de salario es la pandemia, no obstante, el fondo está relacionado con las medidas de austeridad del gobierno.

Explicó que la diferencia de este decreto respecto al de hace un año radica en el número de días que se les va a proporcionar a los servidores públicos de aguinaldo, ya que hace un año el decreto básicamente daba de forma pareja a todos los servidores los 40 días de aguinaldo, mientras que hoy se establecen días diversos.

"Me parece que esta acción del presidente de restituir su aguinaldo a la Tesorería es como una línea para que los servidores públicos, por lo menos los de confianza, los de mandos medios y altos sigan el ejemplo del presidente a efecto de que también restituyan su aguinaldo a la Tesorería", explicó.

Avilés indicó que agregar este año el considerando "hasta 40 días de salario" abre la puerta a que los funcionarios reciban desde un día de salario de aguinaldo hasta 40 días, aunque también podrían no recibir aguinaldo.

"¿Qué significa esto?, ¿el Ejecutivo federal puede determinar de manera unilateral cuántos días de aguinaldo va a proporcionar a determinados servidores publicó?, pues la respuesta es no porque la Constitución en su Artículo 123 dice que gozarán del derecho al salario y al aguinaldo. El aguinaldo es irrenunciable y todos los servidores públicos tienen derecho a recibirlo, si se les pretende reducir de manera unilateral hay una violación a un derecho, aquí el asunto es quién se va a inconformar", expuso.