La vida ha unido y desunido a López Obrador y a Slim varias
veces. Hoy, los dos viven la virulencia de la pandemia del Covid-19
Mario
Maldonado
El poder político y el poder económico están en cuarentena.
Los máximos representantes de los dos poderes que le dan estabilidad a México
están contagiados de Covid-19, el implacable virus que una vez más muestra que
no respeta estatus ni condición social. El domingo, el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció que contrajo el coronavirus y ayer un hijo
del magnate Carlos Slim Helú lo dio a conocer a través de Twitter.
Pese a la coincidencia en el tiempo, en la etapa más
virulenta y mortal del Covid-19 en el país, ambos se reportan con síntomas
menores y con una evolución favorable en su estado de salud. Sin embargo, vale
la pena reflexionar en tres temas importantes: primero, la forma en la que la
pandemia ha trastocado la vida de todos los habitantes del planeta, en la que
nadie, por más poderoso que sea, puede evitar contagiarse; segundo, la
necesidad de una mayor y mejor coordinación internacional y local para producir,
distribuir y aplicar de manera expedita y equitativa la vacuna contra el
Covid-19; y tercero, la interrogante de si México está preparado para
administrar un riesgo como el que significa que los dos hombres más poderosos
del país estén infectados de un virus que ha matado a más de 2 millones 130 mil
personas en el mundo.
La primera pregunta con respecto al presidente López Obrador
es si su exposición al virus se pudo haber limitado siguiendo las medidas de
seguridad sanitaria adoptadas en el mundo, incluido México, los cuales no han
sido respetadas al pie de la letra por su gobierno, empezando por el encargado
de gestionar la crisis del Covid-19, Hugo López-Gatell. O bien si debió
haber sido vacunado, como otros jefes de Estado, para evitar contagiarse y preservar
lo más posible la estabilidad y seguridad que significa que el líder del poder
político de un país esté a salvo de una eventual complicación de salud.
El presidente mexicano, de 67 años, tiene además
antecedentes de problemas cardiacos, entre ellos un infarto agudo al miocardio.
Su cardiólogo Patricio Ortiz informó que en 2013 se sometió a una
intervención coronaria. Durante su campaña a la Presidencia, López Obrador
reconoció que tomaba medicina para controlar su hipertensión, una de las
comorbilidades que hace más vulnerables a los infectados por Covid-19. Todo
esto debió poner a sus médicos en guardia sobre un posible contagio y a sus
asesores alerta por el riesgo político que podría generar para la estabilidad
del país.
En el caso del empresario con mayor poder económico del
país, Carlos Slim Helú, el planteamiento es distinto, aunque no tanto. Si bien
la mayoría de sus empresas, entre ellas América Móvil, Carso e Inbursa, son
administradas por sus familiares, él se mantiene como presidente honorario y es
el principal interlocutor con el poder político. La mayoría de las decisiones
importantes de sus negocios aún pasan por su escritorio.
El empresario, quien por décadas ha estado en la cima de los
multimillonarios mexicanos –y algunos años también de los rankings globales–,
es uno de los principales empleadores de México. Sus empresas dan trabajo a más
de 300 mil personas en México y el valor de sus compañías públicas –las que
cotizan en los mercados bursátiles– suma más de un billón de pesos. Su fortuna
personal asciende a 55 mil millones de dólares y es considerada por Bloomberg
como la número 23 del planeta.
Slim Helú, de 80 años, también ha lidiado con problemas del
corazón. En 1992 se sometió a una cirugía cardiovascular por un problema con un
aneurisma. Cinco años después volvió al quirófano por un aneurisma aórtico.
Esta última vez perdió los signos vitales por unos momentos, al grado de que se
consideró que había muerto.
La vida ha unido y desunido a López Obrador y a Slim varias
veces. Los unió en 2003, con la rehabilitación del Centro Histórico, y los ha
enfrentado en temas como el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Hoy, los dos
hombres más poderosos del país viven en carne propia la virulencia de la
pandemia del Covid-19, de la que deseamos que salgan bien.
Inhabilitan a arrendadora
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un año a
la empresa Jet Van Car Rental para celebrar contratos con fondos federales y la
multó con un millón 430 mil pesos, debido a incumplimientos encontrados en uno
de los acuerdos que celebró en 2019 con el Servicio de Protección Federal
(SPF).
La firma de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa
López es identificada como una de las consentidas del gobierno de Enrique
Peña Nieto, aunque la administración de Andrés Manuel López Obrador también le
ha entregado varios contratos. De 2013 a 2018 se quedó con 401 convenios por un
total de 6 mil 430 millones de pesos, y de 2019 a 2021 ha sumado 165 contratos
más por 4 mil 62 millones de pesos.
Entre los contratos más destacados del sexenio actual se
encuentra uno firmado con Seguridad Alimentaria Mexicana, por mil 714 millones
de pesos, vigente de octubre de 2019 a enero de 2023; otros dos con Caminos y
Puentes Federales, por un total de 556 millones 509 mil pesos, con plazo de
abril de 2020 a diciembre de 2023; mientras que en este año se adjudicó otros
con el Servicio de Protección Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores
por 7 millones 931 mil pesos, y 7 millones 377 mil pesos, respectivamente.
El caso del Renapo
El sábado 16 y domingo 17 de enero se realizó la migración
de sistemas del Registro Nacional de Población (Renapo), que dirige Jorge
Leonel Wheatley Fernández, el cual implicaba la suspensión temporal del
servicio de CURP y Registro Civil. Este procedimiento se realizó con el
objetivo de trasladar la información a un servicio de nueva generación, debido
a que en los próximos tres años se buscará que los mexicanos cuenten con la
Cédula Única de Identidad Digital.
El centro de datos de Renapo fue renovado por Triara de
Telmex, de Héctor Slim, y Engine Encore de BDrive It, a cargo de Guillermo
Chávez. El traslado duró tres meses, aunque las estimaciones indican que podría
llevar de 12 a 18 meses.
El asunto fue que antes y después de esta migración comenzó
a posicionarse información en Twitter, la cual indicaba que el sistema estaba
fuera de servicio. La ‘noticia’ se hizo tendencia hasta que las empresas
involucradas y la Segob desmintieron la información.
En octubre de 2020 se realizó la licitación consolidada No.
LA-004000998-E43-2020 para la Contratación del "Aprovisionamiento y
Migración 2020, Administración y Operación de los Servicios de Cómputo de la
DGRNPI 2020-2023", donde Sixsigma Networks México, subsidiaria de Kio Networks,
perdió el concurso por presentar en la propuesta equipo de cómputo usado, con
lo que dejó de ser el proveedor histórico de esta dependencia de la Secretaría
de Gobernación.
En la industria sospechan que la firma de María
Asunción Aramburuzabala fue la que estuvo detrás de la campaña negra.
Según las investigaciones internas, se tienen indicios de que esta empresa
había sido la responsable de filtrar información falsa para tratar de
desestabilizar a su antiguo contratante.
Hace poco la auditoría de la Bolsa Mexicana de Valores
determinó que la caída en el sistema en octubre de 2020 fue responsabilidad de
Kio Networks. Han sido tiempos difíciles para esta firma que, se dice, está
buscando un comprador.
Relevo en MetLife
Como lo adelantamos a finales del año pasado, el 1 de enero
se concretó el cambio en la presidencia para la región Latinoamérica de la
aseguradora MetLife, con la llegada de Eric Clurfain en sustitución
de Óscar Schmidt, quien se quedará como asesor de su relevo hasta marzo.
Clurfain viene de la dirección general de MetLife en Japón y
tiene entre sus misiones fortalecer en los mercados latinoamericanos el
llamado compliance o cultura anticorrupción, debido a que en la
región abundan casos como el de México, en donde la firma ha recibido diversas
amonestaciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Estas corresponden en su mayoría a faltas atribuidas a la
promotora Grupo KC de Daniel Guzmán, relacionadas con modificación de
pólizas sin previo aviso a los asegurados, contratación de asesores que carecen
de cédula ante la CNSF y hasta la ausencia de reportes de operaciones al SAT.
