En el IMSS-Bienestar se volaron la barda en contra de los
trabajadores, simplemente los borraron del mapa laboral. | Manuel Fuentes
Resulta inusitado que el propio gobierno federal, que
ha propalado (hacia afuera) su repudio (a todo grito) a los contratos de
protección en los centros de trabajo con motivo de sus
compromisos forzados por el T-MEC, en sus propias entrañas, a escondidas, sin
conocimiento de los trabajadores, haya confeccionado uno en su favor, tan
pernicioso que ni siquiera ha necesitado un sindicato para avalarlo.
Temiendo una revuelta de miles de médicos, enfermeras,
camilleros, personal de laboratorio y demás personal de salud que
ahora pasan al llamado “Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar”
(IMSS-Bienestar), ante la desaparición abrupta del “Instituto de Salud para el
Bienestar” (INSABI), decidieron, de manera sigilosa, como ladrones en la noche,
sin el aval de los afectados, depositar unas condiciones
generales de trabajo en el Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje para anular cualquier derecho colectivo en su favor.
Como escribió el periodista Roberto Rock en su reciente
columna “IMSS-Bienestar, un legado tóxico” IMSS-Bienestar, un legado tóxico | La Silla Rota:
“Las CGT arrancarán sobre la base jurídica que
la plantilla laboral estará adscrita al apartado “B” del artículo 123
constitucional, reglamentado por la ley federal del trabajo, lo
que supondrá menores capacidades de asociación y de reclamos que puedan
conducir a una huelga, a lo que se deberán añadir tabuladores de sueldo y otras
condiciones (por ejemplo, la obligación de realizar tareas de alto riesgo) más
vulnerables de las que esos trabajadores tenían en sus anteriores
empleos.”
No sólo se restringen los derechos colectivos de los trabajadores
de la salud, a quienes se les adscribe a la fuerza en esa institución creada al
vapor, sino que se les anula toda bilateralidad sin miramiento alguno.
La denuncia que hace Rock en su columna es muy grave, porque
deja al descubierto las primeras condiciones generales en la historia del derecho
laboral burocrático sin que haya un sindicato que represente a los trabajadores.
Fue únicamente la directora de ese nuevo aparato IMSS-Bienestar, Gisela
Juliana Lara Sandoval, la que se presentó ante el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje (TFCA), a través de sus representantes legales, para
depositar este lesivo documento normativo laboral.
¿Por qué estas condiciones generales de trabajo (CGT)
son equiparables a un Contrato de Protección? Porque se realizó a espaldas de
los trabajadores, porque nunca se les pidió su opinión, ni a ellos ni a
sindicato alguno. Porque hicieron ese mamotreto de condiciones generales
de trabajo en el jurídico de la patronal y, sin hacerlo
público ante los interesados, lo depositaron ante la autoridad
laboral burocrática, quien cerró los ojos frente a esa atrocidad jurídica.
Y, por cierto, hay que informarle a la recién designada Luisa María Alcalde
Luján, que ese Tribunal laboral depende de la Secretaría de
Gobernación.
Es necesario comentar que la abandonada página del TFCA en
la que se pretende dar cumplimiento con la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, específicamente en su artículo 78 fracción
VII, es una vergüenza. Al descargar los documentos se observa que la forma de
buscar las CGT es por medio del nombre del Sindicato. Claro que no
aplica para los trabajadores del INSABI anterior ni IMSS-Bienestar actual,
porque se les permitió registrarlas sin el respaldo de una Organización
Sindical. Y aunque lo hubieran hecho, la información no ha sido
actualizada desde 2019. Ellos dicen: transparencia, ¿para qué?
Es necesario reiterar que no existe antecedente alguno en el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, desde su constitución en el año
1960, del depósito de unas condiciones generales de trabajo únicamente
firmadas por el patrón gobierno, y que hayan sido avaladas por una
publicación de ese tribunal, el 8 de junio pasado, con los siguientes datos:
Actualmente, el total de Condiciones Generales de Trabajo depositadas
en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuenta con la participación
de los sindicatos de cada dependencia, quienes expresan su opinión favorable.
Pero en el caso del IMSS-Bienestar se volaron la barda, atrincherándose en
contra de los trabajadores. Simplemente los borraron del mapa laboral.
En la denuncia expresada por Roberto Rock en su columna de
La Silla Rota se denota el temor del gobierno federal a los trabajadores de
la salud. Prefiere meterlos en una cárcel jurídica para que no se
organicen y no reclamen igualdad de condiciones de trabajo, como sus
compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes tienen uno de los
contratos colectivos más avanzados del país y una organización sindical de gran
fortaleza de más de 400 mil trabajadores inserta en el apartado “A”
del artículo 123 Constitucional.
La medida de imponer un convenio laboral patronal es
para que los trabajadores no reclamen el principio universal de
“a trabajo igual, salario igual”. Pero debe saber el gobierno que
los tiempos han cambiado, que no se puede tapar el sol con un dedo ni poner una
venda en los ojos de los trabajadores.
Que este tipo de acciones vergonzosas, de validar un
convenio ilegal y contra los derechos humanos laborales, no son propias de
un gobierno del cambio, sino del retroceso.
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