Por primera vez en este sexenio los jesuitas se solidarizan
con el resto de la sociedad que sufre la situación de violencia.
Darío Celis
EL ASESINATO DE dos jesuitas en Chihuahua es un punto
de quiebre de la endeble relación entre el Papa Francisco, los jesuitas y
la jerarquía de la Iglesia católica con Andrés Manuel Lopez Obrador.
“Los jesuitas de Mexico no callaremos ante la realidad que
lacera a toda la sociedad. Condenamos estos hechos violentos, exigimos justicia
y la recuperación de los cuerpos de nuestros hermanos”.
El Papa, los jesuitas y la Conferencia Episcopal Mexicana ya
dieron la señal de lo que va a ser la posición de aquí a las elecciones de
2024. Detrás vienen todos los movimientos ligados a la Iglesia a condenar la
muerte de dos misioneros jesuitas y la política de seguridad de la 4T.
Y en el camino a la elección de 2024, los casi 20 mil
ministros, entre obispos, arzobispos y cardenales, religiosos y sacerdotes, van
a tener sus reservas de apoyar al candidato de Morena, aunque la relación entre
gobierno e Iglesia puede deteriorarse todavía más.
La muerte de los jesuitas de la Tarahumara va a tener un
impacto negativo para el gobierno mexicano, pues la Iglesia católica está
gobernada por un jesuita y la Compañía de Jesús es la organización católica más
influyente del mundo, particularmente en las universidades privadas y en los
grupos de defensa de derechos humanos.
En Mexico, la Universidad Iberoamérica, el ITESO de
Guadalajara y la obra social de los jesuitas, apoyaron la campaña y al gobierno
de Lopez Obrador, y aunque no se sintieron escuchados en estos primeros años,
el apoyo se mantuvo.
Pero la muerte de dos de los suyos es un asunto personal
para los seguidores de la congregacion religiosa fundada por Ignacio de
Loyola en el siglo XVI.
La Conferencia del Episcopado Mexicano, integrada por más de
100 obispos, durante estos tres años no ha tenido una buena relación con el
gobierno de la 4T y no está en favor de la estrategia del combate a la
inseguridad que ha elegido el inquilino de Palacio Nacional, menos en aquello
de ‘abrazos, no balazos, como una medida de política pública para resolver este
problema.
La colaboración Iglesia-Estado en la era de la 4T ha sido
muy desafortunada, porque no hay programas sociales en los que se encuentren,
ya que no se trata de programas que tiendan a crear comunidad y a reconstruir
el tejido social a través de la promoción de familias y sociedad trabajando en
el bien común, sino de pagos individuales destinados más al clientelismo y a la
compra de votos.
Para muchos miembros de la jerarquía católica, la política
pública anti-Covid también ha sido trágica, a juzgar por el número de muertes,
y tampoco la lucha contra la inseguridad está resultando porque el número de
vidas perdidas es impresionante.
El comunicado donde oficialmente la Compañía de Jesús
denuncia los asesinatos de los dos sacerdotes es muy claro respecto a la forma
de pensar que hoy en día tiene esta congregación, en contraposición con su
postura inicial en 2018 de respaldar las acciones de la 4T.
Ahora los jesuitas tienen expresiones como “condenamos” y
“exigimos”. Por primera vez en este sexenio los jesuitas se solidarizan con el
resto de la sociedad que sufre la situación de violencia.
Todo ello muestra que lo que en el pasado fue una alianza
hoy se vea como ruptura. Este rompimientos no es menor.
En la alternancia electoral de los últimos cuatro gobiernos,
la Iglesia católica y sus 14 arquidiócesis y 55 diócesis, que incluyen casi 5
mil parroquias, tuvieron una influencia importante en la orientación a sus
fieles sobre los candidatos que mejor representan la forma de pensar de los
católicos.
Los jesuitas en Chihuahua, que llevan años en la sierra
Tarahumara, pero también los obispos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y
Guanajuato, tienen un peso específico que puede favorecer a o no a un partido y
a un candidato. Su influencia puede inclinar la balanza hacia un lado de la
ecuación política o desacreditarla.
Sin duda, la carrera hacia 2024 ya empezó... y con handicap para
el partido guinda.
CON TODO Y que hace dos semanas Crédito Real decidió
despedir a todos sus asesores legales y abortar una reestructura ordenada bajo
un Chapter 11, ayer por la tarde ya se presentó la solicitud en Nueva
York, solo que involuntaria por parte de algunos acreedores. Fue ante las
cortes del Distrito Sur. Cuenta con el apoyo total de todos los acreedores
comunes que conforman el comité ad-hoc de bonistas de la compañía,
amén de otros acreedores quirografarios mexicanos y del extranjero. El
movimiento da un vuelco a las pretensiones de la administración de Ángel
Romanos Berrondo, que buscaba un acuerdo solo con Banorte de Carlos Hank
González, BBVA de Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi y Nafinsa
de Luis Antonio Ramírez. Los bondholders no iban a
permitirle ignorar y afectar casi dos mil millones de dólares que poseen en
conjunto con otros acreedores comunes internacionales. Esta petición le da a la
sociedad financiera y a todos sus acreedores la protección y medidas judiciales
necesarias y tiene como intención prevenir y revisar acciones operativas o
administrativas que pudieren afectar las operaciones y el negocio de la
compañía y su posibilidad de continuar funcionando como negocio en marcha.
EL 29 DE junio está convocada una ceremonia en la Bolsa
Mexicana de Valores que ya hizo levantar la ceja a más de uno. Se trata del
rebautizo del Museo de la Bolsa, cuya placa se develó el 8 de abril de 2019. El
director y el presidente del organismo, José Oriol Bosch y Marcos
Martínez, tuvieron la idea de renombrarlo como ‘Museo Jaime Ruiz
Sacristán’. Y no es que haya algo en contra del expresidente del Banco Vx+,
fallecido hace dos años por Covid, sino que se trata de una institución de 127
años forjada por personajes hechos en el mundo bursátil, como Alfredo Harp, Roberto
Hernández, José Madariaga, Manuel Somoza, etcétera, que en su momento
la presidieron. La decisión, más a contentillo, ilustra una vez más el desdén
hacia la institucionalidad de la propia bolsa.
GRUPO SIMSA, QUE dirigen Salomón y Nesim
Issa Tafich, amplió sus operaciones a raíz de la instalación de su nueva planta
en Hermosillo, Sonora. La instalación es la primera de gas natural licuado en
México y la de mayor capacidad en Latinoamérica, al poder almacenar hasta 300
mil galones por día para abastecer a la industria minera y al transporte.
El grupo trabaja en la construcción de una similar en Gómez
Palacio, Durango, que podría quedar lista para fines de año. Con estas nuevas
plantas SIMSA asegurará el abasto de gas natural licuado a las empresas
transportistas de carga. Aunado a esto, el grupo de los hermanos Issa Tafich
trabaja en la implementación de una red de puntos de carga, para garantizar el abasto
en los principales ejes troncales del país.
POR CIERTO QUE vale precisar que la Comisión Reguladora
de Energía, que lleva Leopoldo Melchi, sí autorizó y por unanimidad la
modificación al programa, inicio y terminación de obras, del permiso de
generación de energía eléctrica número E/2234/GEN/2020 otorgado a La Pimienta
Solar. Fue en la sesión ordinaria del 15 de junio. El proyecto solar se
desarrolla en el municipio del Carmen, en Campeche, y pertenece a la empresa
Atlas Renewable Energy. Es una instalación que generará unos 300 megawatts a
través de un millón 31 mil 940 paneles fotovoltaicos que se distribuirán en una
extensión de 700 hectáreas. La Pimienta Solar va a producir energía limpia para
atender a más de 257 mil hogares en el sureste.
LA PRIMERA SALA de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que preside la ministra Margarita Ríos-Farjat, rechazó la petición
de atracción que hizo SAP México. La multinacional alemana que dirige
aquí Ángela Gómez Aiza sigue prolongando el pago ya de 609 millones
de pesos a Dominion Smart Innovation y Mexel, que dirige Michel Yehuda,
por licencias que vendió y que resultaron inservibles al no existir mercado
para su explotación, como SAP había prometido. Ya se le condenó en primera y
segunda instancia y se confirmó en amparo, pero aún así el gigante del software
que preside Christian Klein sigue resistiéndose al pago.
¿QUÉ DEBE PASAR para que la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas, a cargo de Ricardo Ochoa, tome en serio la creación de
indicadores de eficiencia de las aseguradoras con asegurados y generen
mecanismos que premien el comportamiento ético, pero que igual sancione a los
abusos que cometen? Lo decimos porque los abusos son interminables. Aquí el
caso de Ana Lilia Pérez (póliza 1854301) que tras sufrir heridas
serias por una caída su expediente fue desechado por la aseguradora BX+ en algo
que se podría catalogarse de fraude porque argumenta de que los males de su
clienta son “enfermedades adquiridas”.
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