A cinco meses de gobierno, Boluarte habló sobre las críticas
que ha recibido por parte de líderes latinoamericanos, así como de las
acusaciones sobre abusos de autoridad en las protestas de Perú.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusó al
presidente Andrés Manuel López Obrador de intervenir en los
asuntos del país que encabeza así como de defender al expresidente Pedro
Castillo, destituido el 7 de diciembre por el Parlamento tras intentar disolver
el Legislativo sin lograrlo e instaurar un gobierno de facto.
En entrevista con El Comercio, la mandataria habló
sobre las críticas que ha recibido en sus cinco meses de gobierno por parte de
este y otros líderes latinoamericanos y se desmarcó de las acusaciones sobre
abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos durante las protestas que
marcaron el inicio de su gestión.
“La injerencia extranjera hasta ahora existe, ahí tenemos
las declaraciones del presidente López Obrador, de México, las del presidente
Petro, en Colombia, o lo que dijo el señor Boric; tenemos los ingresos de Evo
Morales al Perú. Si eso no es injerencia, ¿qué cosa es?”, declaró al medio.
CIDH acusa violación de derechos humanos en protestas de
Perú
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
reportó el 3 de mayo en un informe que el Ejército y la policía peruana habrían
cometido masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los
derechos humanos, así como un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante
las protestas que exigían la renuncia de la presidenta Dina
Boluarte y de los miembros del Congreso.
El informe de la CIDH señaló que estas violaciones
ocurrieron en varias zonas de Perú, pero enfocó su investigación en las
ciudades de Ayacucho y Juliaca, donde se produjeron la mayor cantidad de
muertos durante las manifestaciones ocurridas entre diciembre y febrero.
Aseveró que el 15 de diciembre en Ayacucho al ser
“perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones
extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la
vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían
calificarse como una masacre”.
Aquel día soldados del Ejército dispararon contra
manifestantes que intentaban ingresar al aeropuerto de Ayacucho provocando la
muerte de 10 civiles por proyectiles de arma de fuego en órganos vitales. La
CIDH añadió que recibió testimonios que indican que también hubo disparos del
Ejército fuera del aeropuerto “ya no en un operativo de defensa sino de
carácter persecutorio... que impactaron a transeúntes, adolescentes, así como a
personas que huían...o que auxiliaban a heridos”.
Asimismo el órgano autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) que protege los derechos humanos indicó que el 9 de
enero en la ciudad de Juliaca murieron 18 civiles -incluidos
manifestantes, un médico brigadista y una adolescente transeúnte- “en
circunstancias que podrían ser caracterizadas como una masacre”. “Todos
murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que
impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas”.
La CIDH destacó que las protestas “han sido protagonizadas,
en su mayoría, por pueblos indígenas y comunidades campesinas”,
principalmente del sur, teniendo su epicentro inicial en Apurímac, Ayacucho,
Puno y Arequipa; regiones en las que se han registrado el mayor número de
víctimas.
El informe indicó que en la base de la protestas “hay justas
reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso
a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así
como mayor representación política”.
La CIDH también percibió una “fuerte tensión entre Lima y
las regiones especialmente del sur del país donde predomina la población
indígena y campesina” y añadió que existe “una fuerte estigmatización por
factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a
indígenas y campesinos como ‘terroristas’, ‘terrucos’, ‘senderistas’, ‘cholos’
o ‘indios’, entre otras formas despectivas”. Agregó que “estos mensajes no son
inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de
permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia
institucional”.
El informe solicitó que las graves violaciones sean
investigadas por fiscalías especializadas en derechos humanos y sean
juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales en un plazo
razonable. Asimismo pidió reparar a las víctimas en el contexto de las
protestas sociales.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, las protestas dejaron 49 civiles muertos por la acción
de las fuerzas de seguridad. Otros 11 civiles murieron en accidentes de
tránsito u otros hechos ligados a los bloqueos de vías por los manifestantes.
Siete uniformados también perdieron la vida. Los heridos tras las
confrontaciones suman mil 785, siendo civiles los casos más graves y
mayoritarios.
Antes de este informe se han presentado otros, incluidos los
de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos como Amnistía
Internacional y Human Rights Watch, que han coincidido en el uso
excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad.
Boluarte y el Parlamento gozan de escasa popularidad en
Perú, según todas las encuestas. Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos
publicado en el diario La República indicó el 30 de abril que 79
por ciento desaprueba a Boluarte, mientras que el 90 por ciento rechaza al
Congreso.
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