Más de 250 decretos en 105 años la han transformado; en
contraste, la Carta Magna de Estados Unidos, promulgada en 1787, sólo ha tenido
27 enmiendas en 231 años, de acuerdo con un informe del Instituto Belisario
Domínguez; los ajustes a partir de 2018 han sido para dar sustento a la
política social de la 4T
Desde 1917 hasta la fecha, nuestra Constitución ha sido
reformada en 763 ocasiones, a través de más de 250 decretos aprobados por las
Cámaras de
Diputados y de Senadores, haciendo de la Constitución Política de México una de
las más reformadas en todo el mundo, de acuerdo con los registros del Instituto
Belisario Domínguez (IBD) del Senado.
En 2022, al menos se tienen planteadas otras tres nuevas modificaciones
constitucionales: la primera es relativa a la reforma eléctrica que pretende
reforzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La segunda es una reforma electoral que pretende renovar el
Instituto Nacional Electoral (INE), y la tercera supone la integración de la
Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el
objetivo de culminar con la militarización de los cuerpos
policiacos.
Cada gobierno en turno plantea cambios constitucionales para
emprender las reformas que a su juicio son necesarias para el desarrollo del
país.
Así, por ejemplo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a
través de acuerdos entre los partidos mayoritarios en ese entonces: PRI, PAN y
PRD, en el llamado Pacto por México, se reformó la Carta Magna, para realizar,
entre otras enmiendas constitucionales, la Energética, de Telecomunicaciones,
Hacendaria, Laboral y la Educativa, esta última derogada en el actual
sexenio.
EN UN SIGLO, LA CONSTITUCIÓN MÁS ROBUSTA
En un siglo, de 1917 a 2018, es decir a finales del sexenio
de Enrique Peña Nieto, la Constitución fue reformada en 707 ocasiones, a través
de 233 decretos aprobados por el Congreso de la Unión, según el registro del
IBD en el estudio Las reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
En el informe se apuntó que, contrario a lo que sucede en
otras democracias, las reformas constitucionales en México, más que una
excepción, han sido una constante.
Menciona como ejemplos que la Constitución de los Estados
Unidos, promulgada en 1787, ha tenido sólo 27 enmiendas en 231 años; la
Constitución española de 1978 ha sido reformada solamente en tres ocasiones y
la Constitución de Brasil de 1978 ha sido tocada por 70 decretos de reforma
constitucional desde su publicación.
Como resultado de las adiciones y modificaciones al texto
constitucional realizadas en el último siglo, el tamaño de la Constitución
mexicana creció cinco veces, al pasar de 21 mil 382 palabras a las 111 mil 783,
incluyendo los artículos transitorios, según el seguimiento del
IBD.
Los artículos constitucionales con más modificaciones han
sido el 73 (facultades del Congreso), el 123 (trabajo), el 27(régimen de
propiedad) y el 89 (facultades del Ejecutivo). Tan sólo estos cuatro artículos
se han modificado 144 veces, lo que representa el 20% del total de veces que se
ha reformado la Constitución.
El documento del IBD explica que las reformas
constitucionales son decisiones políticas trascendentales porque suponen
cambios en la organización y ejercicio del poder político, la creación de
instituciones, el reconocimiento de derechos y la adopción de valores, ideales
y principios fundamentales.
De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Mexicana,
para modificarla “se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las
dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o
adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los
Estados y de la Ciudad de México”.
El artículo 71 establece que “el derecho de iniciar leyes o
decretos compete al presidente de la República; a los diputados y senadores del
Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los estados y la Ciudad de México;
y a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las
leyes”.
CONSTITUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL
De 2018 a la fecha, es decir en el sexenio del presidente
Andrés Manuel López Obrador, se han reformado 55 artículos constitucionales,
inicialmente con el fin de dar sustento, principalmente, a la política social
de la 4-T, orientada a ampliar los programas sociales.
Contrario a lo que pudiera pensarse, por el encono político
en las cámaras legislativas, la reforma que elevó a rango constitucional los
programas sociales a favor de los grupos más vulnerables, fue aprobada en el
Senado, como cámara revisora, con 121 votos a favor, uno en contra y una
abstención.
El dictamen reformó el artículo 4 de la Constitución para
garantizar la extensión progresiva de seguridad social para la población que se
encuentra en estado de vulnerabilidad.
Creó un sistema nacional de salud para personas que no
cuentan con acceso a la seguridad social y tuvo como finalidad asegurar la
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para
la atención integral y gratuita de este sector poblacional.
Establece además que el Estado garantizará el apoyo
económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a adultos mayores
de 65 años y más, a menores de 18 años, indígenas, afromexicanos, y aquellos en
condición de pobreza.
Entre otras reformas constitucionales en el actual sexenio,
destaca la del Artículo 28 constitucional para prohibir la condonación de
impuestos y la reforma de los artículos 116 y 127 de la Constitución y
extender a todos los organismos e instituciones del Estado mexicano la política
del presidente López Obrador en materia de remuneraciones de los servidores
públicos.
También está la reforma a los artículos 108 y 111
constitucionales, por la cual se precisan las causas de acusación al presidente
de la República durante el tiempo de su encargo, pues, además de la traición a
la patria y los delitos graves, se agregan, como causas para enjuiciar al
primer mandatario, actos de corrupción y delitos electorales.
GUARDIA NACIONAL Y REVOCACIÓN DE MANDATO
La primera reforma constitucional del actual sexenio fue la
relativa a la derogación de la reforma educativa del anterior sexenio para
revertir y corregir los cambios introducidos en la materia a propuesta del
presidente Peña Nieto en 2013, principalmente sus aspectos “punitivos” en
contra de los maestros.
Otras dos reformas constitucionales en el primer año del
gobierno del presidente López Obrador fueron la que crea la Guardia Nacional y
la relativa a la consulta popular y la revocación de mandato.
La reforma constitucional de la Guardia Nacional la define
como una institución policial de carácter civil de la Federación, cuyos fines,
además de los estipulados en el párrafo noveno del artículo 21, incluyen la
salvaguarda de los bienes y recursos de la nación, en coordinación y
colaboración con las entidades federativas.
El texto constitucional adicionado en el primer tramo del
actual gobierno dispone que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
La enmienda constitucional sobre la revocación de mandato
corresponde a la visión del primer mandatario sobre la participación ciudadana
y se trata de un ejercicio al cual ya se sometió él mismo durante su encargo
como jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Así, ahora en la Constitución está prevista la revocación
del mandato del Presidente de la República, por una sola vez, dentro de los
tres meses siguientes a la conclusión del tercer año del periodo
constitucional. La Constitución ordena asimismo que quede prevista para los
cargos de gobernador y de jefe de Gobierno, en la Constitución local respectiva.
También se aprobó en el primer tramo de este gobierno, la
reforma que amplía la llamada “paridad de género” a las candidaturas para
integrar las cámaras de diputados y senadores y demás cargos de elección
popular y, conforme la ley, a la titularidad de las secretarías de los poderes
ejecutivos de la Federación y de las entidades federativas, así como a la
integración del Poder Judicial y de los órganos constitucionales
autónomos.
LAS QUE VIENEN
Las reformas
constitucionales que el partido mayoritario, Morena, impulsa para 2022 y que
requerirán el consenso de PAN y PRI, para alcanzar los dos tercios de los
legisladores para aprobarlas, son las relativas a la reforma eléctrica, la reforma
electoral y nuevamente otra sobre la Guardia Nacional.
La reforma eléctrica promueve al Estado como
agente preponderante del desarrollo en sustitución del mercado. De aprobarse,
el gobierno estará en condiciones de controlar el proceso de generación y
distribución de energía eléctrica para el movimiento de toda la economía
nacional.
La reforma electoral busca replantear el funcionamiento del
Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de hacer menos costosa la
democracia en México y replantear el funcionamiento de la autoridad electoral a
fin de que no sea un ente autónomo y dependa, bien del Poder Judicial en su
totalidad o del Ejecutivo federal.
Y nuevamente se ha planteado una segunda reforma
constitucional en el actual sexenio a la Guardia Nacional, a fin de que esta ya
no esté adscrita a la SSPC y pase a depender de la Sedena, con lo cual ésta
tendría todo el control de la Seguridad Pública, la Seguridad Interior y
la Seguridad Nacional.
CON LÓPEZ OBRADOR, 18 REFORMAS
La Constitución no sólo es el ordenamiento jurídico y
político que da sustento al país, también es el instrumento para plasmar el
estilo del gobernante en turno.
El abogado, catedrático de la UNAM y especialista en la
Constitución, Juvenal Lobato, afirmó que el primer trienio del actual gobierno no
ha escapado a esa inercia y ha generado un paquete de reformas que incluye los
temas de bienestar social, combate a la corrupción, política fiscal, y
seguridad pública, entre otros.
A la fecha, el gobierno de López Obrador ha generado 18
reformas constitucionales, y las tres siguientes, ya puestas sobre la mesa por
el presidente Andrés Manuel López Obrador, avecinan debates ideológicos,
álgidos, de pronóstico reservado.
La reforma eléctrica no se trata del abasto de energía, sino
de cambiar el paradigma del mercado, de privilegiar la rectoría del Estado en
materia económica, puntualizó Lobato.
El tema de fondo en el debate de la reforma eléctrica es una
posición ideológica de este gobierno con los gobiernos anteriores, ahí va a ser
más convencimiento, un trabajo político.
Tardamos mucho también para temas vinculados con la
competencia económica paraque de un plumazo se pueda echar al traste”,
puntualizó Lobato.
La reforma respecto a los organismos autónomos plantea
devolver al estado la rectoría en materia electoral que costó décadas a los
partidos políticos, la sociedad civil y la academia, arrancar de la esfera del
poder para generar organismos autónomos como el INE.
Tal vez sea uno de los riesgos más grandes que se vive en
materia legislativa, donde se espera que los debates sean los más duros,
adelantó el académico.
En el tema de los organismos autónomos y concretamente el
INE, me parece que estamos o yo lo veo de manera muy preocupante. No estamos en
un país para regresar a situaciones en la que se concentraba el poder.
Ésa es mi mayor preocupación.
Que el hecho de desaparecer órganos autónomos se traduzca en
darle un mayor poder central al Presidente de la República y eso me parece es
muy delicado. Tardamos mucho en tener un INE para bien o para mal”, sentenció
el académico.
La tercera reforma pendiente será la adhesión de la Guardia
Nacional a la Sedena, donde la oposición ha adelantado su rechazo.
En la víspera del 105 aniversario de la Constitución, Lobato
aseguró que se trata de un documento perfectible, maleable, que se reconfigura
cada sexenio para generar un nuevo proyecto de nación.
