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La FGR subrayó que se pondría en riesgo a "testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso”
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
(CNPJ), que reúne a los 32 fiscales estatales y al titular de
la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, exhortó a los ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a “cumplir con la
Constitución” en el tema de la posible desaparición de la figura de
la prisión preventiva oficiosa y pidieron al máximo
órgano de justicia del país evitar un fallo que permita la “liberación masiva”
de presos.
“Resolver en contra de la Constitución permitiría que
alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos
por delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y
otros graves, obtengan su libertad procesal”.
La FGR subrayó este domingo a través de un comunicado que
esto “implicará que la sociedad quede expuesta a graves riesgos,
principalmente testigos y servidores públicos que intervienen en
cada caso”.
“Es frecuente que los procesados que quedan en libertad
atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir, de lo
cual se cuenta con un gran número de casos”, advirtió la Fiscalía.
Miembros de la Sala Superior de la SCJN, como la
ministra Margarita Ríos Farjat, han revelado que este mismo año algunos
ministros propondrán acotar la ampliación del catálogo de delitos que
involucran la prisión preventiva oficiosa, así como reinterpretar
la figura para que ésta deje de ser automática.
Ríos Fajat ha mencionado, además que tiene un
proyecto que plantea que sea la Fiscalía General de la República (FGR) y
el Poder Judicial de la Federación (PJF) quienes se encarguen
de efectuar un esquema mediante el cual se revisen cuáles son
los casos que ameriten prisión preventiva oficiosa y con ello se
frene la liberación masiva de manera inmediata.
La ministra señaló que la discusión planteará que la medida
cautelar ya no se aplique en ciertos delitos, una vez que logren ejecutar
cambios en las leyes secundarias, por lo que en caso de cometerse estos
delitos, la medida cautelar dejará de aplicarse de manera automática.
Algunos ministros de la Corte también han
planteado que la prisión preventiva oficiosa no sea superior a dos
años, a excepción que el ejercicio del derecho se prolongue en casos como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación (incluyendo
contra menores de edad), secuestro, trata de personas, genocidio, espionaje, terrorismo, feminicidio, robo a
casa habitación, corrupción y uso de programas sociales con
fines electorales.
La Fiscalía General de la República recordó en el
comunicado que el 21 de junio la CNPJ determinó por unanimidad que,
en el caso de la prisión preventiva oficiosa, “debe preservarse la soberanía
nacional y la supremacía constitucional, en su aplicación
puntual, ya que de lo contrario se mermará la autonomía del Estado mexicano,
su seguridad y la justicia penal en el país”.
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