Las peores pesadillas y augurios de quienes levantaron la
voz, pues vieron con desasosiego cómo se extinguía el Seguro Popular para
dar paso al Insabi de la 4T, hoy se ven materializadas con el desmantelamiento
de un equipo emanado del modelo del Servicio Profesional de Carrera, cuyos puestos
penden de un hilo, y avizoran con ello un colapso administrativo que
pondría en jaque la operación del instituto.
Sí, 26 trabajadores han dejado de recibir su sueldo durante
este 2021 y nadie les da razón de este abuso por parte del Insabi.
Estos funcionarios forman parte de áreas sustanciales como
el Despacho de Financiamiento y del Padrón de Afiliados –ay nomás–,
motores del desaparecido Seguro Popular y base nodal para la correcta puesta en
marcha del Insabi, caracterizado hoy en día por la improvisación.
Desde su titular, Juan Antonio Ferrer, quien no sólo
carece de toda experiencia en el sector, sino de ética profesional alguna, pues
ante su incapacidad ya debió de haber renunciado.
Pero esto no es la nota. La nota, como ya leyeron, es que el
Insabi atropelló a los trabajadores del Servicio Profesional de
Carrera que llevaban años trabajando ahí, sin importar su antigüedad,
currículum, si le entendían al tema, etcétera, etcétera.
Y no es por echarle más limón a la herida, pero entre los
transitorios de la apresurada reforma a la Ley General de Salud se
estipula que los recursos financieros, materiales y humanos de la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) –que administraba el
empleo de los fondos para el Seguro Popular– serían transferidos al
Insabi.
No obstante, entre los estatutos del nuevo instituto no
figuraba el Servicio Profesional de Carrera, ni lo adoptaron como modelo de
contratación, por lo que muchos funcionarios suscritos bajo este régimen
quedaron en la incertidumbre y otros más fueron obligados a firmar sus
renuncias bajo presión.
Siendo más específica, para junio de 2019 eran más de 100
funcionarios. Para el inicio de 2020 fue cuando metieron el acelerador para
desmonte del brazo operativo del Seguro Popular.
A la fecha, un grupo de 26 funcionarios –remanentes de un
grupo de 70 que ya no les renovaron su contrato– está en vilo, pues no sólo no
saben qué pasará con su futuro, sino que llevan sin cobrar tres quincenas a
pesar de seguir trabajando.
Lo grave no sólo es que la 4T está atropellando sus
derechos laborales y a ellos como personas, sino que al echarlos
comenzaría una contratación indiscriminada en el Insabi, que no sólo vulneraría
la operatividad del día a día en una institución que debería ser clave en la
procuración de salud, sino que pone en riesgo recursos económicos que no
garantizan un impacto en la atención de las personas sin seguridad social y
condena al rezago a miles de pacientes.
Pues no hay que ser una eminencia para adivinar que las
nuevas contrataciones por designación directa, como ya está sucediendo, son de
personas que no garantizan tener los CV óptimos para el puesto.
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