Así es 'el negocio' de las campañas en México, según Dinero bajo la mesa

Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, detallan la ruta del dinero ilegal en las campañas.

Las campañas son un negocio redituable aun cuando seas el candidato que pierde, ya que el manejo de grandes cantidades de efectivo en las mismas permite la compra de votos y la operación de redes para convencer al electorado, revela el informe Dinero bajo la mesa elaborado por María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.
En entrevista con Javier Risco para el programa La Nota Dura, donde los autores presentaron el documento, Ugalde indicó que por cada peso que los partidos muestran de gasto de campaña hay probablemente 15 pesos por debajo de la mesa, por eso, el estudio se llama Dinero bajo la mesa.
“Es un secreto a voces que las campañas cuestan muy caro, pero la verdad es que nunca nadie había hecho el esfuerzo de dibujar el animal con todas las imprecisiones que puede tener este primer ejercicio”, señaló Ugalde.
Agregó que las campañas son como una economía del trueque porque en ellas se usan altos montos de efectivo y los gastos en las mismas no son observables.
“Por ejemplo, la movilización del voto, la inhibición del voto, la compra del voto, en ocasiones, el pago de cobertura informativa, de estrategia de campaña, hay un sinnúmero de cosas que son buena parte en 'cash'. Es una economía en efectivo”, agregó.
Ugalde detalló que buena parte de los recursos ilegales que entran a las campañas se destinan al clientelismo, es decir, a un ‘ejército’ de personas que se dedican a convencer al electorado de votar por un candidato en específico y a las dádivas que se otorgan a la gente.
“El dinero ilegal de una campaña política se gasta principalmente en el clientelismo electoral que tiene tres modalidades: uno es promover el voto casa por casa durante semanas o meses anteriores; la segunda son los intentos de compra de voto, que es dar despensas, beneficios materiales o dar incluso dinero, y la tercera es la inhibición del voto, que es más efectiva que las otras porque si yo te quito tu credencial y te ofrezco dos mil pesos, de lo que estoy seguro es que si tú eres de un partido, no vas a poder votar por ese partido”, describió.
María Amparo Casar indicó que en el estudio se calcula que son 300 millones de pesos lo que, en un estado mediano, se gasta en clientelismos.
“Calculamos que para estos estados medianos se necesita un ejército de 31 mil personas, cosa que nos han dicho los operadores políticos. Si sumamos esto y lo multiplicamos por las 32 entidades federativas y hacemos un promedio, calculamos un salario de entre 2 mil a 10 mil pesos (para los que forman parte de ese ejercito) y solamente los tres meses de la elección”, agregó.
En el análisis se describe que sólo para la estructura de personas que se dedicarán a convencer al electorado se gastan 180 millones de pesos y el resto para llegar a los 300 millones, en dádivas.
"La pregunta es por qué está pasando esto y está pasando porque hay más competencia y entonces cuando tú necesitas dos o tres puntos para ganar en el margen vale la pena invertir en estas estructuras. Se ha creado una industria de la extorsión de las comunidades que ven en las campañas una oportunidad de hacerse de cierto patrimonio y porque se ha construido una industria de mercenarios", describió el director de Integralia.
Argumentó que hacer campaña es un buen negocio como dice una cita en el estudio: "campaña que no deja para rancho, no es una buena campaña".
Casar detalló que para elaborar este análisis, partieron de cuáles eran los topes de campaña y descubrieron que hay estados que fijan 4.2 millones de pesos y hay otros, como el Estado de México, que tienen 299 millones de pesos.
“Uno pensaría que es porque en el Estado de México hay más electores que en Quintana Roo, pero no tiene nada que ver, esto tiene que ver con este absurdo que tenemos en México de nuestro muy maltrecho federalismo de utilería. Entonces cada instituto electoral fija con los criterios que le da su gana el tope de campaña”, señaló.
Casar y Ugalde también realizaron 60 entrevistas a profundidad a gobernadores, exgobernadores, excandidatos presidenciales, presidentes del SAT, abogados fiscalistas, operadores políticos de todos los partidos sobre estos temas, aunque algunos lo hicieron bajo condición de anonimato.
Casar describió que al cuestionar a un excandidato presidencial por qué participó en una campaña electoral si sabía que iba a perder, éste le respondió: "Es un negocio aún siendo candidato perdedor, acabo ganando en él".