El Derecho es un cuerpo vivo y se debe ir ajustando a las condiciones sociopolíticas y económicas del país respectivo. Sin duda, estamos en consolidación de nuestra democracia, y un elemento fundamental de ésta es la calidad de la justicia penal.
La procuración de justicia es parte esencial del sistema de justicia penal, ya que constituye el motor del acceso a la justicia por parte de las víctimas u ofendidos y el impulso del ius puniendi del Estado.
Desde las discusiones de don Luis Cabrera con don Emilio Portes Gil en los años treinta del siglo XX se perfilaba la necesidad de que la institución de procuración de justicia penal fuese autónoma de los tres poderes clásicos del Estado democrático.
Muchos intentos para alcanzar esa autonomía se dieron en el camino, pero es hasta el día 10 de febrero de 2014 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma político-electoral, la cual, entre otros puntos, adiciona al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) la fracción IX, para quedar de la siguiente manera:
“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
”Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
”I. a la VIII. […]
”IX. Las constituciones de los estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.”
La citada reforma en materia político-electoral, ya en vigor, ordena construir una autoridad encargada de la procuración de justicia autónoma en la investigación y la persecución de los delitos, sometida únicamente a la ley.
Es así que al menos seis entidades federativas han asumido el modelo de fiscalía general autónoma, con diversos matices y modalidades, y siete más se han convertido en fiscalías. De igual forma está en marcha la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República, por lo que la tendencia hacia las fiscalías autónomas de los tres poderes es irreversible.
A nivel internacional la existencia de fiscalías en lugar de procuradurías es una añeja tradición anglosajona que muchos países europeos y algunos latinoamericanos tienen, pero también con múltiples variantes. Basta recordar las fiscalías en los estados de la Unión Americana, y las más recientes de Chile, Costa Rica y Colombia.
La realidad es que el cambio a fiscalía también obedece a la adopción del modelo procesal penal acusatorio, que orienta la investigación del delito a las policías y a la persecución del mismo a los fiscales, pero sin duda genera una nueva imagen y una nueva percepción social de las instituciones.
En cambio, la autonomía se justifica por la ancestral percepción de dependencia del poder político, y con ello, por la idea de que las procuradurías proceden conforme a las instrucciones políticas y no a las razones técnicas.
En realidad, la autonomía se basa en un sistema democrático de gobierno que incluye el esquema de pesos y contrapesos, que exige objetivamente una institución de procuración de justicia desvinculada de los tres poderes del Estado, para que su único apego sea a la ley y pueda libremente proceder en contra de servidores públicos, de gente que tenga alta influencia política o económica y, por supuesto, de la delincuencia de alto impacto.
El Estado de México se une a esta tendencia, ya que el 24 de mayo de 2016 el titular del Poder Ejecutivo presentó al Congreso del estado la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución local, para incorporar un nuevo órgano constitucional autónomo, que cuente con todas las herramientas jurídicas para ejercer su labor de procuración de justicia, en un ambiente de coordinación de poderes y entes autónomos, ya que finalmente la seguridad ciudadana y la justicia penal es una tarea de todos.
La iniciativa comprende, además de la creación del órgano, sus características y sus atribuciones esenciales, los ejes de organización y gestión y las unidades básicas con las que debe contar, que nos dan una visión panorámica del nuevo organismo.
Por ahora, el Congreso del estado ha tomado muy en serio la necesidad de ajustar nuestro marco jurídico al texto de la Constitución federal, tanto en la transformación de la procuraduría a fiscalía, como en el carácter autónomo que debe tener la institución, ya que dos grupos parlamentarios han presentado sus iniciativas, y ahora ingresa la del gobernador, con lo que el poder reformador del Estado tiene los insumos para la mejora constitucional.
El 31 de mayo pasado la Legislatura aprobó la reforma a la Constitución del Estado de México, por lo que el primer paso se ha dado.
Como sabemos, un cambio a la Constitución del estado requiere, además de la aprobación de la Legislatura, la aprobación por la mayoría de los ayuntamientos municipales, por lo cual la consumación de la reforma está en curso.
Es por eso que también se está construyendo la propuesta de ley de la fiscalía, en la que se establecerán propiamente las características del nuevo órgano constitucional.
Sin duda, la nueva fiscalía deberá ser un ente más eficiente y efectivo en la procuración de justicia, y con mejor servicio a la ciudadanía, lo cual será su legitimación ciudadana.
Veo una fiscalía más enfocada a la solución temprana de los casos no graves, para que el denunciante o querellante encuentre una respuesta efectiva y rápida a su reclamo; veo una nueva policía científica con la participación de una fortalecida área de inteligencia y con la coordinación operativa de los peritos, con el fin de que sea el policía de investigación quien ejecute la misma, bajo la conducción y el mando del Ministerio Público.
Veo una fiscalía con una mejora sustancial en los laboratorios forenses con los que debe contar, que otorgue mayor apoyo científico a las tareas policiales y ministeriales para construir casos que resistan el principio de contradicción en los juicios.
Veo una fiscalía con unidades policiales y ministeriales especializadas para asuntos de alta complejidad, que trabajen en coordinación con fiscalías regionales y más operativas en delitos de alto impacto.
Veo una fiscalía con mayor profesionalización de su personal, para lo cual se debe desarrollar el servicio de carrera, que conlleva más exigencia a los servidores públicos, pero también mejores prestaciones en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución federal.
Veo mayor participación ciudadana en la construcción y la operación de la fiscalía, para que su servicio cumpla mejor con las expectativas ciudadanas.
En suma, visualizo que la transformación de la Procuraduría del Estado de México a fiscalía autónoma conllevará su modernización para un mejor y eficaz servicio.
Es un gran paso que cambiará cualitativamente el servicio de procuración de justicia en el estado, en beneficio del acceso a la justicia de la gente, del abatimiento de la impunidad y de la seguridad ciudadana.
Es importante considerar el proceso de designación del fiscal, así como sus atributos de autonomía y estabilidad, paralelamente al esquema de apoyo institucional que le brindará el Poder Ejecutivo, ya que sólo con trabajo en equipo se puede realizar con eficacia la labor de investigación y persecución de los delitos. La autonomía no excluye la coordinación y el apoyo entre autoridades.
El proceso aún no concluye y la transición debe ser muy cuidada por su alta complejidad, ya que incluye una planeación estratégica, nueva normatividad, reorganización institucional y gestión renovada; incremento en el uso de la tecnología en los procesos de trabajo y mayor infraestructura, equipamiento y procesos de evaluación y seguimiento.
Es importante la asignación del presupuesto necesario para esta transición y para la correcta operación de la fiscalía que asume nuevas atribuciones, hoy asignadas a otras dependencias del Ejecutivo u organismos descentralizados.
Todos los que participamos en este proceso estamos comprometidos con ello y entregaremos buenas cuentas a los ciudadanos.
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