Abuso sexual, desaparición, despojo y homicidio, los delitos
con menos sentencias
En el Estado de México, de cada 100 delitos que se
cometieron en 2023, un promedio de 96.54 quedaron impunes, en especial si se
trata de abuso sexual, desaparición, despojo y homicidio.
Esto implica que, en promedio, solo seis de cada 100
delitos cometidos en territorio mexiquense logran iniciar un proceso judicial.
Así lo revela el reciente informe 'Hallazgos 2023: Seguimiento y Evaluación de
la Justicia Penal en México', de la organización México Evalúa, dedicada al
análisis, monitoreo y evaluación de políticas públicas en el área de seguridad
pública y gasto gubernamental.
Los hallazgos del análisis posicionan al Estado de
México como uno de los cinco estados con mayores niveles de impunidad en el
país, incluso por encima de la Ciudad de México, que registra un índice de
96.11%.
La estadística refleja que la gran mayoría de los
delitos en la entidad permanecen sin resolverse, lo que afecta principalmente a
las víctimas y socava la confianza en las instituciones.
Delitos con mayor impunidad en el Edomex
El estudio de México Evalúa destaca que los delitos de
desaparición, violencia familiar y abuso sexual cometidos en 2023, presentan
altos niveles de impunidad.
En el caso de desapariciones, 97.75% de los casos siguen sin
resolverse, mientras que en secuestros, el porcentaje de impunidad es
de 74.85%. Otros delitos graves como la extorsión y el narcomenudeo
también registran índices preocupantes de impunidad, con 94.10% y 97.84%, respectivamente.
En el caso de los feminicidios, la impunidad asciende a
76.19%, lo que significa que, por cada 10 feminicidios, solo dos agresores
enfrentan una sentencia.
Delitos como el abuso sexual y el fraude también
destacan en esta estadística, con 100% de impunidad y 96.94%, respectivamente.
Estos datos, señala el estudio de México Evalúa, demuestran
una falla en el sistema de justicia, donde delitos que afectan gravemente a la
población siguen sin tener un seguimiento adecuado ni una resolución final.
Procesos y audiencias prolongadas
El informe también revela una baja tasa de vinculación a
proceso en el Estado de México, con solo 63.01% de los casos en el fuero
común. En cuanto a la resolución judicial, apenas 17.90% de los casos
alcanzan una conclusión para los delitos del fuero común y federal. Según
México Evalúa, esta baja tasa de resolución está relacionada con la frecuente
dilación en los procesos penales, ocasionada principalmente por la
insuficiencia de personal, incluyendo fiscales, defensores públicos y asesores
jurídicos.
Las audiencias suelen diferirse de forma repetitiva, especialmente
en la etapa intermedia del proceso judicial. Las autoridades atribuyen
estos aplazamientos a la falta de personal capacitado y a la falta de
preparación de las partes involucradas en los casos, lo que contribuye a que
los procesos se extiendan innecesariamente, afectando la resolución de los
mismos.
Carpetas archivadas y casos sin respuesta
Otro aspecto que destaca el análisis de México Evalúa sobre
el sistema judicial en el Edomex es la cantidad de carpetas de investigación
que terminan en el archivo temporal. Se señala que 77.14% de las carpetas
iniciadas en 2023 fueron archivadas, una cifra que supera la media nacional de
60.56%.
Aunque el archivo temporal debería ser una medida
transitoria que permite continuar la investigación en espera de nuevos
elementos, en la práctica estos casos suelen permanecer en el olvido,
convirtiéndose en asuntos no resueltos.
El estudio señala que, una vez que una carpeta se
archiva, es poco probable que sea reactivada, lo que genera un cúmulo de casos
que representan una carga en las fiscalías. La decisión de archivar un
caso puede estar justificada en algunos escenarios, sin embargo, se
recomienda analizar los motivos y tipos de delitos que terminan en esta
categoría, para que aquellos que requieren más investigación reciban el
seguimiento adecuado.
Alternativas de solución y acuerdos reparatorios
En aquellos casos que logran llegar a una resolución, las
alternativas al juicio se convierten en las opciones más utilizadas. Según el
informe, 72.97% de los casos concluidos en el Estado de México optaron por
el juicio oral, de los cuales 56.75% resultaron en condenas. En contraste,
otros mecanismos como la suspensión condicional del proceso y los acuerdos
reparatorios fueron menos comunes, con 10.24% y 6.46%, respectivamente.
El uso de acuerdos reparatorios representa una oportunidad
para aliviar la carga en el sistema judicial, permitiendo resolver casos en
etapas tempranas de la investigación. Sin embargo, el informe sugiere que
las fiscalías deben identificar los casos con posibilidad de solución mediante
estos acuerdos para evitar la judicialización innecesaria y así agilizar el
sistema penal.
Cifras negras y delitos no denunciados
Un desafío adicional para el sistema judicial en el Edomex
es la alta cifra de delitos que no se denuncian. La Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023, elaborada por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que a
nivel nacional, los delitos de extorsión, fraude y robo en transporte público
son los que más comúnmente no se denuncian.
En extorsión, 97.4% de los casos no llegan a las
autoridades, en fraude 96.5% y en robo o asalto en la vía pública 93.4%.
Estos delitos, considerados de alto impacto en la vida
de las personas, no son reportados al Ministerio Público debido a la falta
de confianza en las autoridades y la percepción de que no se obtendrá
justicia.
Lo anterior genera otras problemáticas, ya que estos
casos no se contabilizan formalmente y no forman parte de las estadísticas
oficiales, lo que contribuye a perpetuar la impunidad y a dificultar la
asignación de recursos para mejorar la seguridad y la procuración de justicia.
Retos y áreas de oportunidad
El informe 'Hallazgos 2023' subraya que a nivel nacional se
enfrenta una crisis en su sistema de justicia penal, con una alta carga de
trabajo en sus fiscalías y un bajo índice de resolución de casos. Para
combatir la impunidad, se recomienda fortalecer la capacidad operativa de las
fiscalías, reducir el tiempo de los procesos judiciales y promover el uso de
alternativas de resolución temprana de conflictos.
Ante la magnitud de la impunidad, se requiere una
transformación estructural que no solo agilice los procesos, sino que también
genere confianza en la ciudadanía.
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