El Gobierno publicó en el DOF la reforma supremacía constitucional, que tiene como objetivo blindar cambios constitucionales.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), durante la madrugada de este viernes 1
de noviembre, la reforma llamada “supremacía constitucional”, que tiene como objetivo blindar
cambios constitucionales.
La publicación de la reforma se da después de que, en tiempo
récord, 17 Congresos estatales avalaran la supremacía constitucional, además
del visto bueno en el Congreso de la Unión.
Esta iniciativa fue publicada a través de la Secretaría de
Gobernación y en ella se agrega un quinto párrafo al Artículo 105 de la
Constitución sobre la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a
la Constitución.
“Son improcedentes las controversias constitucionales o
acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las
adiciones o reformas a esta Constitución”, explica el documento.
También se modifica el inciso II del artículo 107, el
cual impide que se proceda el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la
Constitución; esta reforma fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y
busca frenar la reforma al Poder Judicial.
¿Por qué es polémica la supremacía constitucional?
La reforma supremacía constitucional plantea que las
disposiciones de la Constitución se mantendrán por encima de
cualquier otra norma o resolución, incluso cuando se trate de acciones
suspensivas dictadas por el Poder Judicial.
Entre las modificaciones, se establece que las controversias
o acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra reformas a la
constitución no podrán frenar su aplicación inmediata.
Incluso se prevé que no sean impugnables ni los cambios
constitucionales aprobados por el Congreso ni los pendientes de discusión, lo que
dará oportunidad a la 4T para impulsar sin ninguna traba jurídica el paquete de
reformas que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero
pasado.
En el texto se establece que “no procederá el juicio de
amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
Los principales grupos empresariales de Méxido expresaron su
preocupación por la reforma y advirtieron en un comunicado que la iniciativa “pone
en riesgo las garantías fundamentales que han protegido a los ciudadanos
durante décadas”.
La iniciativa “abre la puerta a decisiones del
Congreso sin control judicial, debilitando así el sistema de contrapesos”,
agregaron los empresarios.
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