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En los seis años que AMLO estuvo gobernando, se registraron 72 mil 337 tomas clandestinas equivalentes a 35 diarias, la mayoría en Hidalgo
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó el 30 de
septiembre con 72 mil 337 tomas clandestinas, un promedio diario de
35, para robar combustibles en ductos de Pemex, según datos obtenidos
por EFE mediante solicitudes de transparencia.
Los piquetes en poliductos, oleoductos y gaseoductos durante
el sexenio muestran solo una parte del robo de combustibles, delito que en el
país se llama 'huachicol'.
El crimen va aparejado a una cultura en
torno al hurto de gasolinas y gas, como ejemplifica la figura del Santo
Niño Huachicolero, venerado por delincuentes en distintas regiones,
alertó en una entrevista con EFE la coordinadora en México de la Red Amassuru
de Mujeres en Seguridad y Defensa, Margarita Zapata Moreno.
El estado de Hidalgo lidera las
estadísticas con el mayor número de tomas ilegales, con 24 mil
710, pero junto con entidades como Puebla y Guanajuato es
un ejemplo de una base social y de una cultura en torno al 'huachicoleo',
expuso la experta, autora de una investigación académica sobre el diseño de la
estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos en el Gobierno de
López Obrador.
“El robo de combustibles es una cadena muy extensa, desde el
personal de Pemex que facilita información, la participación de la delincuencia
en la extracción, distribución y almacenamiento, y quienes lo compran”, afirmó.
La sólida base social del huachicol
Los números oficiales obtenidos por EFE mostraron
que entre 2020 y 2021 hubo 11 mil llaves instaladas ilegalmente
anuales, pero en 2022 y 2023 subieron a 13 mil 946 y 14 mil
890, respectivamente. Y de enero a agosto del 2024 la cifra alcanzó más de
8 mil piquetes.
Los informes muestran que el delito ocurre en todo el
territorio, pero el mayor número de agujeros se registró en tres entidades del
centro de México: Hidalgo, Estado de México (8 mil 919)
y Puebla (8 mil 636).
En los primeros 10 lugares también están Tamaulipas,
con 4 mil 441 piquetes, Veracruz, 4 mil 110, Guanajuato (3 mil
992), Querétaro (mil 833), Baja California (mil 787),
y Tabasco (mil 764).
Se estima, afirma la especialista en políticas públicas y
seguridad pública, que el robo de hidrocarburos ocurre por lo menos
en 24 entidades, con variaciones en los actores, grupos delincuenciales,
alianzas y del modus operandi.
“Habría dos niveles de riesgo, uno en el que hay un
fuerte involucramiento de las comunidades y la sociedad civil, sobre todo en
Hidalgo y Puebla, asociado al desarrollo de toda una cultura de estos
delitos. En Guanajuato se volvió una especie de economía y fuentes
de ingreso para las familias”, describió.
En su investigación detectó que en la comunidad de Palmarito Tochapan del
municipio de Quecholac, ubicado en el llamado 'Triángulo Rojo del
Huachicol' en Puebla, un líder delincuencial apodado 'El Toñín'
repartía “ayudas sociales” como despensas y camiones repletos de verduras a la
población.
Y encontró que, por ejemplo, una persona que comercializa
gasolina robada en el municipio de Tula, Hidalgo, percibe hasta 30
mil pesos semanales (unos mil 500 dólares), casi el doble del salario
promedio mensual del país.
“La población defiende a esos grupos criminales, que les dan
fuentes de trabajo y dádivas”, alertó.
La mano del narcotráfico
Los tentáculos de la operación de los carteles del
narcotráfico mexicanos, dedicados usualmente al trasiego de drogas y extorsión se
extendieron al 'huachicol', delito que han convertido en una fuente
principal de sus ingresos, advirtió la investigadora.
El último informe de la Administración de Drogas identificó
la operación en México de al menos nueve organizaciones del narcotráfico:
el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana, Juárez, Beltrán
Leyva, Golfo, La Familia Michoacana, Los Caballeros
Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La empresa petrolera respondió con la presentación de 32.323
denuncias penales, pero la experta señala que lo denunciado no corresponde a
los delitos que se involucran en la cadena del mercado ilegal: transportación,
almacenamiento, distribución y, sobre todo, de compra.
“Eso quiere decir que toda esta parte de la cadena delictiva
está pasando desapercibida para las autoridades”, advirtió.
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