Toluca, México.-El auditor superior del Estado de México, Fernando Baz Ferreira, advirtió que pese a la aprobación de los informes de las cuentas públicas estatal y municipal ninguno de los alcaldes, tesoreros, ni otros servidores públicos de los municipios mexiquenses a quienes han hecho observaciones, estará libre de responsabilidades al dejar el cargo.
Aclaró que esas cuentas no están aprobadas, pues la Legislatura ya no califica la situación financiera del gobierno estatal, ni las de los ayuntamientos y por primera vez se dan cuatro meses para que las autoridades aclaren las observaciones que les hacen.
El Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (OSFEM ) detectó que en 2017 los actuales municipios mexiquenses desviaron recursos de fondos federales, hicieron obras con sobreprecios y algunas fantasma, pues se pagaron y no se ejecutaron con las medidas establecidas.
Por esas observaciones el OSFEM inició procedimientos resarcitorios a varios integrantes de municipios, y advirtió que sin importar que dejen el cargo deben aclarar el uso de recursos observados.
El auditor superior precisó que en esta ocasión el decreto que emiten es distinto, pues enmarca y especifica a todos los municipios las observaciones resarcitorias, es decir, aquellas relacionadas con posibles faltantes, que les hicieron con el monto de cada uno.
Por lo que toca a la cuenta estatal 38 programas tuvieron deficiencias y evaluaciones bajas, por lo cual en el dictamen piden que el gobierno del estado aclare por qué tuvieron un deficiente desempeño.
“Se especifica en el decreto las observaciones precisas, esto no se había hecho así en años anteriores y deja muy puntual que deben solventar, resarcir o comprobar cada uno de los municipios que debemos informar.
“Funciona dar plazos porque ya hay límite para que puedan solventar, siempre venía hasta su total solventación, ahora puntualiza que se da como límite 4 meses, pero no se liberan de responsabilidades y no se califican las cuentas, lo que están calificando es el decreto que emite la comisión de vigilancia. Las cuentas públicas no están aprobadas ni por el Órgano Superior, ni por la misma comisión de vigilancia, es un informe de lo que se hizo en las mesas de trabajo con la comisión de vigilancia”.
En caso de responsabilidad, explicó, hay tres tipos de consecuencia: la resarcitoria para indemnizar hasta dos veces más el daño causado, la administrativa disciplinaria por hasta 20 años de inhabilitación y la penal.
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