La magistrada Janine Otálora explicó que su propuesta está motivada porque el presidente o los gobernadores no pueden ser sancionados por el TEPJF
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) perfila crear un registro público
de las infracciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y demás servidores
públicos, a las leyes electorales, el cual podría ser utilizado para calificar
la elección presidencial del próximo 2 de junio.
El registro fue propuesto por la magistrada Janine
Otálora en su proyecto que plantea confirmar la sentencia de la Sala
Especializada que determinó que el presidente vulneró el principio de la
equidad en la contienda, cometió promoción personalizada e incurrió en uso
indebido de recursos públicos con el discurso que emitió en el evento
denominado Quinto aniversario del triunfo del pueblo, que tuvo lugar el 1
de julio de 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México y en el que arremetió
contra la oposición.
“Mi propuesta de abrir un cuaderno de antecedentes, un
cuaderno auxiliar vinculado con el dictamen de la calificación presidencial, en
la cual se vayan registrando todas las sentencias, todas las resoluciones
emitidas por diversos órganos y autoridades en los que se acreditó de manera
definitiva que cualquier titular de un poder ejecutivo (...) violó un principio
fundamental en nuestra democracia que es el de la equidad”, dijo.
La magistrada Otálora explicó que su propuesta está motivada
en que el presidente o los gobernadores no pueden ser sancionados
directamente por el Tribunal Electoral, lo que ha provocado que las sentencias
que emite el TEPJF por violaciones a la ley electoral queden en letra muerta.
“Esas sentencias quedaron letra muerta, sinceramente. Me
parece que en lo que llevamos de este proceso electoral estamos caminando en el
mismo sentido (..) De ahí esta propuesta de abrir un cuaderno de antecedentes”,
expresó.
La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, se sumó a
la propuesta de crear el registro y pidió a Janine Otálora aplazar la
aprobación de su proyecto, con el fin de robustecer el registro que, dijo,
tendrá el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía la injerencia de los
servidores públicos en las elecciones.
“Este catálogo de sujetos sancionados no sólo sería útil
para la consulta ciudadana con fines de transparencia y justicia abierta, sino
que cualquier parte interesada podría hacer uso de éste para recabar
información relativa a la injerencia de personas servidoras públicas en las
elecciones o conductas que podrían tener algún impacto en sus condiciones de
eficacia”, dijo Soto.
La magistrada Otálora aceptó aplazar la discusión del
asunto, mismo que será abordado en la sesión pública de la próxima semana, una
vez que precise cómo funcionará el registro y los efectos jurídicos que tendrá.