Distribuidores de medicinas, los culpables

 

Por una década varias distribuidoras se pusieron de acuerdo para manipular la distribución y precio de medicamentos. El monto que exige la Cofece por reparación del daño supera los 2 mil 316 mdp.

Jeanette Leyva Reus

 

Justo cuando está en la mira para ser una de las entidades públicas a desaparecer, y luego de varios años de que este tema se ha estado debatiendo entre el gobierno pasado y las empresas privadas distribuidoras de medicinas, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer que hay una demanda de acción colectiva, la primera en su historia, contra varias empresas.

Durante años, se han presentado diversas historias en sectores por estos temas, pero ninguna había llegado a concretar una acción colectiva, lo que para muchos en general se ve como una llamada para justificar que sigan operando, pero sobre todo un manotazo a empresas que han sido señaladas por el pasado gobierno federal como las causantes de toda la escasez de medicinas en el país.

El monto que exige la Cofece, que tiene al frente a Andrea Marván, por reparación del daño que han causado las empresas infractoras, de lograr sentencias favorables y que todo el proceso judicial se complete, es de más de 2 mil 316 millones de pesos.

La acusación es que Casa Marzam, de Luis Doporto; Casa Saba, de Isaac Saba; Fármacos Nacionales, de Francisco Pérez Fayad, y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana se pusieron de acuerdo durante 10 años para no distribuir medicamentos durante ciertos días del año, limitar la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias, y manipular los precios de venta y limitar los descuentos a las farmacias, tiempo en el que parece que nadie se dio cuenta y no se levantaron denuncias o sanciones por ello.

Lo que sí, es que ahora la Cofece ha pedido al Poder Judicial, que justo se encuentra también en crisis por la reforma en marcha, que el dinero se destine al IMSS-Bienestar, lo que por donde se vea hará ganar a todos de haber en el futuro fallos a favor sobre esta primera acción colectiva.

Eso sí, en 2021 la Cofece sancionó a varias empresas y a 21 personas físicas por 903.4 millones de pesos, la multa máxima que en este caso permitió la ley y también inhabilitó a diez directivos involucrados en los acuerdos anticompetitivos. El presidente, en ese momento, dejó fuera de licitaciones a varias de ellas.

El debate en todo el sector farmacéutico es, por un lado, que todos conocen la forma en que operan las empresas distribuidoras de medicamentos, que son precisamente no de buenas prácticas; al final, que se sancione lo que se hizo mal, pero que no se perjudique a quienes no han tenido nada que ver, como son los laboratorios, ya que el desabasto de medicinas no ha venido por ese canal. Esta historia apenas empieza.