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La consejera electoral Rita Bell López Vences expresó que la ley tiene como finalidad “promover y fomentar la cultura de la no violencia” contra las mujeres
Con fundamento en “La Ley 8 de 8 contra la violencia de
género”, el INE presentó este lunes el mecanismo para retirar las
candidaturas a los aspirantes a cargos públicos durante el proceso en el proceso
electoral 2024 que tengan sentencia firme por haber cometido algún delito
relacionado con esta ley.
Al dar un posicionamiento al respecto, la consejera
electoral Rita Bell López Vences expresó que la ley tiene como finalidad
“promover y fomentar la cultura de la no violencia” contra las mujeres.
Añadió que esta decisión se da, a partir del Acuerdo que
se emitirá el INE, el próximo 29 de febrero, en el que se expedirán las
solicitudes de registro de todas las candidaturas presentadas por los siete
partidos políticos nacionales.
La consejera López Vences añadió que el acuerdo del árbitro
electoral tiene que ver con el antecedente de la implementación de la “Ley
8 de 8 contra la violencia”, la cual es una medida que en el proceso electoral
del 2020-2021 fue denominada como “Ley 3 de 3 contra la violencia” y que se
aplicaba a las candidaturas, a través de formatos de buena fe y de la
manifestación de decir verdad de no haber sido personas sentenciadas o
sancionadas por actos de violencia familiar, sexual o deudores alimentarios.
“En el proceso electoral, 2022-2023, la medida contra la
violencia incluyó una fase de revisión de una muestra representativa aleatoria
de 1177 candidaturas para verificar que ninguna de ellas se ubicara en ninguno
de los supuestos mencionados. Para el proceso de revisión en el 2021, se contó
con el apoyo y colaboración de instituciones de impartición y procuración de
justicia y con la información proporcionada por la ciudadanía, lo cual permitió
determinar la cancelación de tres candidaturas por este Consejo General”,
recordó la consejera electoral.
Agregó que para el proceso electoral 2023- 2024, “la 3 de 3”
ahora es llamada medida “8 de 8 contra la violencia” y, este cambio tiene que
ver, con la reforma emitida el 29 de mayo del 2023 al Artículo 38 y 102
constitucionales, donde se estipuló por el Congreso que se suspenden
los derechos o prerrogativas de los ciudadanos que tengan sentencia firme por
algún delito relacionado con la violencia de género.
“De tal forma que quedaron ‘8 de 8 (delitos) contra la
violencia’ y, hacen referencia a la suspensión de derechos ciudadanos y la
cancelación de una candidatura por tener sentencia firme por la comisión de delitos
contra: la vida y la integridad corporal; la libertad y seguridad sexuales; el
normal, desarrollo psicosexual; la violencia, familiar; violencia doméstica;
violencia a la intimidad sexual; violencia política y por supuesto a los
deudores alimentarios”, dijo la funcionaria electoral.
E 2 de marzo, el INE publicará la lista de candidaturas
registradas a través de su portal web para recabar y obtener información
respecto a candidaturas que incumplan cualquiera de los requisitos de la Ley 8
de 8. / Foto: Laura Lovera / El Sol de México
Subrayó que, La Ley 8 de 8 contra la violencia constituye
para el actual proceso electoral, un instrumento normativo básico para
determinar la pérdida del registro de las candidaturas que se ubiquen en
cualquiera de los supuestos mencionados.
Precisó que para implementar esta medida y dotarla de
eficacia, primero: todas las candidaturas debieron de haber llenado un formato
de buena fe y bajo protesta de decir verdad de que no se encuentran en ninguno
de los supuestos que ya se mencionaron.
En segundo llegar, explicó que el 29 de febrero se emitirá
la lista de candidaturas cuyo registro resultó procedente y, en tercer término,
dijo que, a más tardar el 2 de marzo, el INE publicará la lista de
candidaturas registradas a través de su portal web y en los principales medios
de comunicación del país, para recabar y obtener información respecto a
candidaturas que incumplan cualquiera de los requisitos de la Ley 8 de 8.
Agregó que para poder hacer la depuración de candidaturas,
primero, se servirán de la información que les haga llegar la ciudadanía. La
cual, puede usar un formulario en su página electrónica para señalar a
candidatos que cometieron delitos de género o, bien, acudir de forma física a
los Consejos locales y distritales para poder aportar información y elementos.
“Esto podrán hacerlo a partir del 2 de marzo y tendrán hasta el 2 de abril”,
remarcó la consejera López Vences.
La segunda vía, para alertar de candidatos que no
incumplan con la “8 de 8” será, dijo, a partir de la colaboración o información
que compartan diversas instituciones. Esto también iniciará a partir del 2 de
marzo y concluirá hasta el 2 de abril.
“Una vez cerrada la fase de información se llevará a cabo el
análisis y verificación a través de distintas unidades del INE que serán
responsables de ello”.
En los casos que se advierta el posible incumplimiento de
requisitos de una candidatura y se cuente con evidencia, la
Secretaría Ejecutiva dará vista entre el 2 y 8 de mayo a las candidaturas del
partido involucrado para que en un plazo de tres días naturales, manifieste lo
que su derecho convenga, expuso la consejera.
“Como pueden observar la 8 de 8 contra la violencia contra
las mujeres constituye un proceso complejo de revisión y verificación e
involucra la participación de diversas áreas institucionales y también de la
ciudadanía. Sin embargo, todo el despliegue de actividades vale la pena. Dado
que el objetivo último es verificar que las candidaturas registradas, no tengan
suspendido sus derechos por actos relacionados con violencia en diversas
modalidades”, remarcó.
“Se trata de una medida adicional para promover y
fomentar la cultura de la violencia y para garantizar el ejercicio pleno
de los derechos político-electorales de las mujeres y de la ciudadanía en
general”, subrayó la consejera, mientras aprovechó para hacer una invitación a
toda la ciudadanía a conocer la lista de las candidaturas y, en su caso, para
remitir información en aquellos supuestos en que se cuente con datos
relacionados con el incumplimiento de requisitos o de actos de violencia”.
Finalmente, hizo extensiva esta invitación a los medios de
comunicación para la difusión de esta medida, pues subrayó que la construcción
de un país democrático y libre de violencia, es responsabilidad de todas y de
todos”, concluyó.
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