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Entre enero de 2019 y septiembre de 2023, se registraron al menos 41 asesinatos de periodistas, seis de trabajadores de medios de comunicación y 91 de defensores de los derechos humanos en México.
Según la Oficina de Derechos Humanos además hay 13
personas desaparecidas (ocho defensores y cinco periodistas).
De las 138 víctimas, prácticamente dos tercios habían
sufrido incidentes previos, y más de un 30% habían presentado formalmente
denuncias que, de acuerdo con la información disponible, no fueron
adecuadamente consideradas y tramitadas
La Oficina presentó un informe en
el que hace recomendaciones al gobierno mexicano para abordar estos
casos, como considerar y agotar una línea de investigación relacionada
con los intereses que podrían verse afectados por la labor de los periodistas y
defensores y publicar indicadores de desempeño por parte de las fiscalías.
La ONU-DH México pudo constatar cuando elaboró un
Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección,
solicitado al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador
por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que el Mecanismo juega un papel
importante y ha logrado salvar vidas y, al mismo tiempo, “no puede ser
entendido como la única respuesta a la violencia contra quienes ejercen el
periodismo y defienden derechos humanos”.
En ese sentido, resulta sumamente preocupante que
en México persistan elevados niveles de impunidad, misma que
constituiría uno de los principales alicientes de nuevas agresiones en
contra de personas defensoras de derechos humanos
y periodistas. El propio Fiscal General de la República reconoció que el
99% de los delitos cometidos en México quedan impunes.
De las 138 personas defensoras y periodistas víctimas
de asesinatos documentados por la ONU-DH México entre 2019 y 2023,
prácticamente dos tercios habían sufrido incidentes previos, y más de 30%
habían presentado formalmente denuncias que, de acuerdo con la información
disponible, no fueron adecuadamente consideradas y tramitadas.
En otras palabras, el Estado no habría cumplido con sus
obligaciones en materia de prevención y protección efectiva de
quienes habían ya demostrado estar en riesgo. De igual modo, habría faltado a
su deber de investigar, juzgar y sancionar las agresiones en contra de
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, señala la Organización
de Naciones Unidas en su informe.
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