Bienvenidos a la era de los videos falsos que pueden usar y manipular rostros, el tuyo, el de un artista o el de políticos.
Imaginen que las casillas están listas. Mañana son las
elecciones. Pero justo hoy, un día antes, un video corre por los chats de
WhatsApp, casi todos lo reenvían por el escándalo que representan esas
imágenes.
Parece ser la candidata cometiendo un acto indebido, de los
que cuesta trabajo ver… amarrando fajos de billetes con ligas, o algo atroz,
como lastimar a un niño o a un animal. Ustedes no lo pueden creer, pero el
video muestra su rostro, su voz, y ustedes lo están viendo en su teléfono.
¿Debe ser real, no?
No hay tiempo para revisar tal veracidad. La gente se
despertará para cruzar las boletas. Lo que pase después de ese día, cualquier
investigación que verifique el video, será secundaria y cargada de política. Lo
hecho, hecho está y tendrá un impacto en la elección y en la historia de
México.
Bienvenidos a la era de los videos falsos que pueden usar y
manipular su rostro, el de ustedes, el de un artista o el de políticos. La
inteligencia artificial llega a la democracia, controlada por quién sabe quién.
Andrea Lobato Meeser, columnista de El Financiero, puso
esta semana el dedo sobre este importante asunto que debe ser atendido
urgentemente por legisladores y el Poder Judicial:
“En México, un claro ejemplo es el caso de Sofía Yunes.
Personas desconocidas tomaron fotos de las redes de Sofía y usando inteligencia
artificial las modificaron para mostrarla desnuda a través de las redes
sociales. Las fotos han circulado por Twitter, WhatsApp e incluso crearon una
cuenta falsa de OnlyFans utilizando las imágenes alteradas de Sofía”.
Yunes es parte de Movimiento Ciudadano. Es una política
mexicana.
¿Cuál es el riesgo que pesa sobre quienes representan a
otros partidos, como Morena o de la oposición? ¿Qué riesgo corren Xóchitl o
Claudia… y la democracia con ellas?
“Hoy, por primera vez en la historia, gracias a la
inteligencia artificial, cualquiera puede diseñar personas falsas que puedan
pasar por reales en muchos de los nuevos entornos digitales que hemos creado.
Estas personas falsas son los artefactos más peligrosos de la historia de la
humanidad, capaces de destruir no sólo las economías sino también la libertad
humana misma”, escribió aparte Daniel C. Dennett, profesor
emérito de filosofía en la importante Universidad de Tufts, en Boston.
“Antes de que sea demasiado tarde (puede que ya sea
demasiado tarde) debemos prohibir tanto la creación de personas falsificadas,
como su “transmisión”. Las penas por cualquiera de los delitos deberían ser
extremadamente severas, dado que la civilización misma está en riesgo”, añadió
en mayo para The Atlantic este escritor de los libros Consciousness
Explained, Darwin’s Dangerous Idea y From Bacteria to Bach and Back:
The Evolution of Minds.
Es un asunto de Estado y de cada Estado elevar el costo de
la creación de contenido falso. Pero también hay una responsabilidad muy clara
de las empresas.
Google, Microsoft en sus vínculos con OpenAI, Nvidia, TSMC…
Los protagonistas de la revolución de la inteligencia artificial deberían estar
incentivados para crear barreras al diseño de mensajes de esta naturaleza y su
difusión.
Hoy dependen en buena medida de la denuncia de los usuarios
para reconocer mensajes que no deben circular en internet. Meta, en WhatsApp,
deja pasar casi todo, bajo el argumento de la encriptación y secrecía en los
chats.
Cuando hay intereses de por medio, las cosas
funcionan. El famoso escritor Yuval Noah Harari demanda que quienes
proveen de servicios de inteligencia artificial, evidencien su intervención en
contenidos mediante “marcas de agua”.
Funciona con los billetes. Gracias al sistema EURion
Constellation, muchos aparatos de scanner interrumpen su proceso
cuando alguien quiere falsificar papel moneda. Quienes diseñan software están
en capacidad de crear barreras similares a la indebida falsificación digital de
personas.
Andrea Lobato advierte que este acto no cabe dentro de la
Ley Olimpia o como delito de violación a la intimidad sexual, según el Código
Penal Federal. Pero el contexto amerita subir su clasificación y castigo a la
agenda legislativa.
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