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El ministro consideró que existieron ‘claras violaciones’ durante el proceso legislativo de aprobación de la iniciativa enviada por el presidente López Obrador.
El
ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) anular la primera parte del ‘Plan B’ de reforma electoral al argumentar que
existieron “claras violaciones” al proceso legislativo.
Dentro de su proyecto, el ministro señaló que la iniciativa
presentada ante el Congreso no pasó por un procedimiento legislativo
ordinario, provocando una “transgresión al principio de deliberación
democrática”.
“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con
la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la
inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara,
desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y
democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”,
explicó.
Con su proyecto, Pérez Dayán propone anular la validez de
las reformas hechas a la Ley General de Comunicación Social y a la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Para que esta consideración se sostenga, tiene que
obtener al menos ocho de los 11 votos de los ministros que conforman
el pleno de la Suprema Corte.
Plan B de reforma electoral, en ‘suspenso’
Fue en marzo cuando Javier Laynez Potisek, otro
ministro de la Corte, quien otorgó una suspensión contra toda la reforma electoral impulsada
desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El ministro concedió al Instituto Nacional Electoral (INE)
una suspensión provisional contra todos los artículos del plan B “para efecto
de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y
rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el decreto no
solo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de
aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, agregó.
La Corte justificó la medida al considerar que el Plan B
plantea una posible violación a los derechos político-electorales de
las y los mexicanos.
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