Los desencuentros entre el Poder Judicial y el Legislativo y el Ejecutivo van a ser el común denominador en los próximos meses.
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Hay señales de que los desencuentros entre el Poder Judicial
y el Legislativo y el Ejecutivo van a ser el común denominador en los
próximos meses.
Se han ido acumulando temas que marcan diferencias. Permítame
hacer una breve enumeración de algunos de ellos, comenzando con los más
recientes.
1.- El día de ayer, la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados (Jucopo), rechazó la propuesta del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para acudir a una
reunión relativa a la orden emitida por el Tribunal con el objeto de que se
modifique la Convocatoria al proceso de selección de los cuatro consejeros
electorales que habrán de reemplazar a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana
Favela y Roberto Ruiz Saldaña.
Además, la Jucopo determinó hacer una mesa para hacer
una revisión puntual de las facultades del TEPJF y buscar más bien un
encuentro con la presidencia de la Corte para ver el tema.
Los días pasan y el proceso de selección de los consejeros
va a enfrentar tiempos recortados.
2.- Ayer por la mañana, el presidente López Obrador
volvió a la carga con relación a la Corte y a su presidenta. “La señora
presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta,
porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la
Corte”. Seguramente la Corte y su presidenta, por prudencia, no responderán a
este señalamiento específico. Es claro que la presidenta de la Corte está allí
por la voluntad de los ministros, quienes la eligieron, no por el presidente
López Obrador. Si todo hubiera dependido de la voluntad del jefe del
Ejecutivo tenga la certeza de que sería Jazmín Esquivel quien
presidiera el Poder Judicial. Pero el señalar que la ministra Piña está por él
también es una amenaza velada para ella.
3.- Más allá de juicios y opiniones, en los siguientes
meses la Corte va a tener que enfrentar disyuntivas muy relevantes en
materia electoral. Varias ya están en curso. Contra las dos leyes del plan
B que ya fueron promulgadas, ya está interpuesta una controversia
constitucional (del INE), cuatro acciones de inconstitucionalidad (de
legisladores) y al menos un juicio de amparo (de un particular). Bajo la lógica
de que se aprobarán próximamente las otras cuatro reformas pendientes, los
recursos van a multiplicarse. Llegarán a la Corte y también a tribunales.
4.- Los amparos promovidos por empresas contra la
Ley de la Industria Eléctrica, que han seguido su curso en tribunales, también
van a llegar a la Corte, y es probable que en alguna de las salas se decrete la
inconstitucionalidad de la ley, por lo que no habrá de aplicarse, al menos en
los criterios de despacho.
5.- La adscripción de la Guardia Nacional a la
Secretaría de la Defensa también recibió impugnaciones y en el curso de
los siguientes meses seguramente habrá de abordarse en la Corte. No sería
extraño tampoco que se decretara la inconstitucionalidad de esa reforma y se
ordenara que regresara a su adscripción anterior.
No sería extraño que, en el curso de los siguientes meses,
el choque se acentuara si la Corte, algún o algunos ministros, alguna sala o
incluso jueces o tribunales, fallan en contra de los intereses del
Ejecutivo, y como hemos visto en la enumeración previa, es bastante probable
que suceda en diversos casos.
Ya sabemos que el presidente no se va a quedar callado y
va a lanzar un embate de críticas a la mayoría de los ministros o magistrados o
jueces.
Lo comentamos en este espacio ya hace algunos días, pero hay
que reiterarlo: el Poder Judicial y su independencia requieren un respaldo
pleno de los ciudadanos.
Las presiones y cuestionamientos contra los juzgadores van a
subir de tono, tratando de que el temor o la conveniencia influyan en
decisiones que deben fundarse en la legalidad o constitucionalidad de las
normas.
No es exagerado decir que el país está en manos de los
jueces.
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