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El exfuncionario está acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
A las 9:28 de la mañana inició la audiencia con la que se
busca vincular a proceso al exprocurador general de la
República, Jesús Murillo Karam.
El exfuncionario comparece ante un juez en el Reclusorio
Norte acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la
administración de justicia en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Después de que el juez de control Marco Antonio Fuerte le
dictara prisión preventiva el sábado pasado, ahora el juzgador tendrá de
decidir si se vincula a proceso a Murillo Karam.
Jesús
Murillo Karam, extitular de la desaparecida Procuraduría General de la
República, fue detenido el pasado 19 de agosto como presunto responsable de la
fabricación de la llamada ‘Verdad Histórica’ en el caso Ayotzinapa.
La aprehensión del exfuncionario federal ocurrió cuando
salía de su domicilio ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec.
De acuerdo con las investigaciones, Murillo Karam sería uno
de 33 exfuncionarios públicos implicados en la alteración de hechos y
circunstancias para llegar a la ‘Verdad Histórica’, la cual ocasionó violaciones
graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
Derivado de los actos de tortura cometidos durante la
investigación durante la administración de Enrique Peña Nito, 77 de las
personas que habían sido detenidas fueron liberadas por diversos jueces al
acreditar que fueron sometidos actos de tortura.
La detención de Murillo Karam se produjo después de que el
Gobierno federal presentó las conclusiones preliminares de la
investigación hecha sobre el paradero de los estudiantes de Iguala.
Uno de los puntos señalados por Alejandro Encinas,
subsecretario de Gobernación, fue que las autoridades federales y estatales del
más alto nivel de ese entonces fueron “omisas y negligentes” con el caso.
La investigación llevada por el Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador señaló también que existen “indicios suficientes” para que la
Fiscalía “inicie o continúe indagatorias para el deslinde de
responsabilidades”.
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