Derivado del tope de los precios del gas LP impuesto por parte de Gobierno federal, el gremio gasero se organizó y está haciendo un llamado para realizar paros de labores.
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Gaseros anunciaron que, a partir de este martes, y por
tiempo indefinido, dejarán de repartir gas en protesta por los precios máximos
impuestos por el Gobierno federal.
El Gremio Gasero Nacional pidió a las agrupaciones de la
Ciudad de México y Estado de México a no salir a laborar este martes. “Debido a
que no se cuenta con las condiciones operativas necesarias ante esta directriz
de emergencia para el bienestar del consumidor de Gas LP”.
Según estimaciones, en ambas entidades serán más de 38 mil
unidades, entre pipas y camiones repartidores de cilindros, las que dejarán de
surtir el combustible.
En tanto, un grupo de gaceros de Tulancingo, Hidalgo, indicó
que también su protesta es por el abuso de las empresas al cargarles a su
cuenta hasta el doble de la pérdida generada.
Los trabajadores de diversas empresas señalan que las
pérdidas las padecen directamente ellos y no los patrones, por lo que esperan
la atención de los empresarios a fin de llegar a un acuerdo al respecto del
tema.
Los distribuidores dijeron no estar en desacuerdo con el
beneficio que representa bajar el precio del gas, pero son las empresas las
que, mañosamente, están cargando el déficit a los comisionistas y repartidores,
por lo que piden que el descuento aplique de manera equitativa.
Los gaseros tienen la intención de detener el abasto de gas
por el tiempo que sea necesario hasta que puedan tener un acuerdo.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de
gas L.P. y empresas conexas, señaló en un mensaje en Twitter que se deslindan
de las acciones tomadas por los comisionistas independientes que impiden la
venta y distribución de combustible.
“Las empresas distribuidoras del Valle de México se
deslindan de las acciones de grupos de comisionistas independientes, que no
tienen permiso de distribución y están bloqueando las plantas, impidiendo que
salgamos a trabajar y suministrar los hogares y comercios que requieren gas”,
señaló uno de sus mensajes.
Además, dijo que con la implementación del control de
precios de gas LP, los distribuidores comunicaron a las autoridades “los
riesgos y afectaciones implícitos y nuestro interés en coadyuvar en una
solución integral que si resuelva el problema de fondo en beneficio de los
consumidores”.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó la
metodología para establecer la regulación de precios máximos de gas LP, en
cumplimiento con la directriz de emergencia que emitió la Secretaría de Energía
la semana pasada.
De acuerdo con el regulador, el objetivo es que la
adquisición de gas LP se realice a precios accesibles, además de que
comercializadores, distribuidores y expendedores puedan recuperar sus costos.
Para mitigar los incrementos de precios al usuario final, la
CRE utilizará las 145 regiones de precios que se ajustan a los municipios
vigentes, establecidas por la Secretaría de Economía (SE).
La CRE publicará los precios máximos al usuario final por
medios electrónicos cada sábado para cada una de las regiones y para cada uno
de los municipios que componen las regiones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
estima que el 79 por ciento de las viviendas en México utilizan gas LP como
principal combustible para la cocción de alimentos.
A inicios de julio, el presidente López Obrador anunció la
creación de un órgano público, llamado Gas Bienestar, que prevé suministrar
este combustible a un “precio justo”.
En la rueda de prensa matutina, el mandatario explicó que si
bien Petróleos Mexicanos (Pemex) vende el gas a un determinado precio, las
empresas privadas de suministro lo ofrecen “al consumidor a un precio muy
elevado”.
Además, recordó que solo cinco empresas grandes distribuyen
casi 50 por ciento del gas LP y obtiene un amplio margen de beneficio.
Desde que llegó al poder en 2018, el presidente Andrés
Manuel López Obrador tiene una encrucijada con las firmas energética privadas,
a las que acusa, entre otros asuntos, de haber “saqueado” a las estatales
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
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