Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el Congreso de la Ciudad de México eliminará los lujos de los que gozó la última legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, recordada por ser la más cara de la historia de ese órgano legislativo.
Ayer en sesión del Pleno, los diputados aprobaron el acuerdo mediante el cual se pactó disminuir en al menos 30% el presupuesto del Congreso, es decir, que se reducirá en poco más de 800 millones de pesos.
Esta cifra resultaría de eliminar los seguros de gastos médicos con instituciones privadas, por lo que los diputados serán inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Además, se establece que ningún legislador recibirá retribución adicional a sus remuneraciones por el desempeño de su cargo, no habrá bonos, se cancelarán los fondos de ahorro para la alta burocracia y los seguros de separación individualizada.
La todavía coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Ernestina Godoy, declaró que “viene una compactación de la estructura (del Congreso), podemos decir que más de 340 puestos de confianza que tiene la actual estructura lo dejamos en no más de 200”.
“Desaparecerán algunas direcciones generales para compactarse con otras (…) Había mucha duplicidad, lo mismo que hacía un director general, lo hacía el subdirector de área, el jefe de departamento y esto no puede ser”, criticó la morenista.
Como informó El Sol de México desde el 2 de agosto pasado, la séptima legislatura fue la más cara de la historia de la extinta ALDF, con un presupuesto en sus tres años de seis mil 89 millones 579 mil 226 pesos.
Esta cifra equivalió a poco menos de la mitad de lo que el Gobierno capitalino ha gastado de desde 2008 en el programa de video vigilancia Ciudad Segura, que asciende a los 12 mil 600 millones de pesos.
Asimismo la propia Ernestina Godoy presentó ayer ante el Pleno la iniciativa que expide la Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, misma que tendrá que ser dictaminada y luego aprobada.
En ella se plantea que ningún funcionario de la administración pública local podrá ganar más que la futura jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien percibirá cerca de 80 mil pesos, y en ese sentido ningún servidor público podrá percibir más que su superior jerárquico.
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