La aplanadora avanza en la Cámara baja, tal como se preveía
con la aprobación en lo general del proyecto de decreto por el que se expide la
Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se abroga la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sin embargo, esas
prácticas con las que arrancó Morena, el Verde y PT le significarán serios
reveses cuando se trate de aprobación de reformas constitucionales y en las
cuales se requiera la mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de
los asistentes a la sesión.
En el espacio político que por naturaleza debe privilegiarse
la política, los acuerdos, el diálogo y el establecimiento de puentes de
entendimiento, se optó por el agandalle del mayoritoreo y ello, de suyo,
representa un revés para la aprobación del entramado jurídico que atienda las
necesidades de la población.
Está claro que a Morena y aliados les interesa más aprobar
la agenda del presidente que no necesariamente tiene que ver con atender, por
ejemplo, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia; la inseguridad
pública; la militarización y los intentos de estatización del sector
energético, entre otros relevantes temas.
Así las cosas, diremos que bajo la advertencia del grupo
opositor en la Cámara de Diputados, de que presentará controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprobó este
engendro legislativo que busca de dientes para fuera el juicio político. Sin
embargo, al escudriñar en las tripas de lo que se aprobó, resulta que para que
se aplique, verbigracia, contra el actual presidente, resulta más fácil que se
termine el desabasto de medicamentos en este sexenio, que llevarlo a juicio por
algún ilícito cometido.
La aprobación del decreto en cuestión se avaló con 273 votos
a favor, 220 en contra y cero abstenciones.
El objeto de esta ley, reglamentaria de los artículos 108,
109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política, es regular los sujetos de
responsabilidad política en el servicio público, las causas y sanciones en el juicio
político, los órganos competentes y el procedimiento en el juicio político.
También, los órganos competentes y el procedimiento para la
declaración de procedencia respecto del enjuiciamiento penal de las personas
servidoras públicas señaladas en el artículo 111 de la Constitución Política, y
los órganos competentes y el procedimiento en materia de responsabilidad penal
del presidente de la República.
Sobre el procedimiento de juicio político, el ordenamiento
legal especifica que sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona
servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año
después de la conclusión de sus funciones.
En cuanto a la responsabilidad penal del presidente de la
República, el dictamen indica que durante el tiempo de su encargo podrá ser
imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos
electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado
cualquier ciudadana o ciudadano.
El diputado Gerardo Peña Flores (PAN) señaló que la
propuesta de ley es contradictoria al espíritu del Constituyente, atenta contra
el federalismo y es inconstitucional de facto, absurda y penosa. “No legislen
con la ira, un día serán oposición y reformas como esta ponen en riesgo la
libertad de actuación institucional del servicio público”.
Por el PRI, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo consideró
que la propuesta, en vez de agilizar procedimientos, genera incertidumbre y
refleja la intención de usar la figura de juicio político y declaración de
procedencia como herramientas de persecución política.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) dijo que
nadie se opone a lo establecido en materia de juicio político y se coincide en
que hay vacíos que deben modificarse, pero desde la pasada legislatura se han
buscado hacer las cosas de manera apresurada y al final en otros espacios se
enmiendan las cosas y se regresan las leyes.
Del PRD, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete argumentó
que el proyecto tiene vicios de origen en el procedimiento. De aprobarse, el
Congreso de la Unión violará las competencias en las declaratorias de
procedencia y en los juicios políticos de servidores públicos de gobiernos
locales, así como los principios del federalismo.
Esperemos que en la Cámara de Senadores se piensen mejor las
cosas y se legisle con base en la razón y lo que le conviene más al país, y no
por ocurrencias que reditúen simpatías pasajeras.
