El sistema acusatorio adversarial –el cual permite los juicios orales–, que debía haber entrado plenamente en vigor en 2016 en México luego de ocho años de ajustes y entrenamiento, aún no se ha aplicado de manera cabal.
Y ahora está en riesgo, pues ya hay en el Legislativo algunas propuestas para reformarlo.
En opinión de especialistas, no es que ese sistema no funcione, sino que no se ha mostrado interés en capacitar a los encargados de implementarlo y operarlo en el día a día.
El aumento de la inseguridad en México los gobernadores se lo achacan a el nuevo sistema de justicia penal que todavía no ha sido puesto en operación de manera completa por eso ya quieren reformarlo.
Ha esto se suma el hecho que existe un gran incumplimiento de los gobiernos estatales y federal para capacitar a los policías, ministerios públicos, defensores públicos, personal penitenciario y todos los operadores del nuevo modelo, pese a los millonarios recursos que recibieron y que tuvieron ocho años para hacerlo.
El presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ya anunció un paquete de reformas a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, mientras que el PRI tiene en la Cámara de Diputados una iniciativa que especialistas no dudan en calificar de contrarreforma a lo aprobado por el propio Congreso en 2008.
María Novoa, directora del área jurídica del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), experta en reformas de sistemas de justicia penal en América Latina, asegura que los gobernadores desconocen o se han desentendido de la operación del sistema penal acusatorio, que este domingo 18 cumple un año de haber entrado en vigor en todo el país.
A trompicones
La operación del sistema de justicia penal mexicano está empezando, pero nació con grandes rezagos y obstáculos. Apenas entrado en vigor, el Ejecutivo federal decidió la desaparición la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), y mediante un acuerdo con los poderes Legislativo y Judicial decidió que la operación recayera en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como si fuera un asunto meramente de esta materia.
Ni siquiera se han definido, en el gobierno federal ni en los locales, los criterios para homologar los registros de su operación, no hay ningún sistema tecnológico que permita el intercambio efectivo de información entre las instituciones y menos un modelo homologado de investigación delictiva en las procuradurías.
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