La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) propuso al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, un Protocolo de Protección para Alcaldes que garantice la seguridad de los ediles en riesgo.
La ANAC consideró seguir procesos para la protección de las autoridades locales, adicionales a lo estipulado por ley, como la creación de consejos municipales, investigación detallada y hasta en su caso la supresión de Cabildos por causas graves que hayan contribuido a los delitos en contra de alcaldes.
La agrupación señaló la necesidad de incluir indicadores como amenazas, homicidios previos cercanos, regiones con delincuencia organizada y delitos de alto impacto, para determinar el grado de protección que requieran los alcaldes.
De acuerdo con el nivel de riesgo, se deben establecer los recursos económicos incluyendo partidas del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad(Fortaseg), recursos humanos, materiales e inteligencia policial que deben incluirse por zona y en específico a quienes lo necesitarán con prioridad, señalaron.
En un comunicado, la Asociación de Alcaldes mencionó los estados con más riesgo para los alcaldes: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas.
También, en la información de la asociación, citan que de 2003 a la fecha (julio 2016) han sido victimados 40 alcaldes en funciones, siete electos y 32 ex alcaldes, en total de 79.
Las cifras contemplan los recientes atentados de Ambrosio Soto Duarte, presidente Municipal de Pungarabato, Guerrero, y Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas.
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