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lunes, 2 de noviembre de 2015

¿Por qué hasta ahora?

La CNTE tiene años haciendo llamados a la insurgencia nacional y comportándose de acuerdo con una agenda que, claramente, va mucho más allá de la defensa de unos intereses mal
Víctor Beltri
Era de esperarse el revuelo que causó la detención de los cuatro integrantes de la Sección 22 de la CNTE, realizada la semana pasada: en estos días veremos, sin duda, sus efectos en nuestras principales vías de comunicación. Plantones, manifestaciones, toma de casetas de cobro y, previsiblemente, enfrentamientos directos con la autoridad. Las medidas de presión a las que estamos acostumbrados, y con las cuales pretenden forzar la excepcionalidad de la norma a su favor.
Fue la decisión adecuada, sin embargo. Era, simplemente, cuestión de aplicar la ley. Y vaya que se tardaron, toda vez que la CNTE tiene años haciendo llamados a la insurgencia nacional y comportándose de acuerdo con una agenda que, claramente, va mucho más allá de la defensa de unos intereses mal entendidos y que, en realidad, tiene como propósito la desestabilización del Estado. La naturaleza de las acciones de la CNTE no deja lugar a dudas, y abre el espacio para que el Ejecutivo actúe con firmeza. Hace una semana lo decíamos en estas páginas, en referencia a las lecciones que nos dejó el paso del huracán Patriciatras los buenos resultados de la actuación del gobierno federal en torno al fenómeno: “México es un país capaz de unirse (…), incluso con un líder que no aprecia, si éste asume sus responsabilidades, comunica con claridad y actúa con decisión. La sociedad está dispuesta a reconocer los logros del gobierno cuando actúa con eficiencia, y a unirse a él en las batallas que reconoce justas: si los reclamos más apremiantes de la ciudadanía son el Estado de derecho y el combate a la corrupción, parece muy claro cuál es el siguiente huracán en el que el gobierno federal deberá de poner todo su empeño”.
El problema, en cambio, sería que las batallas justas no fueran tales sino simples escarceos para lograr elevar la apuesta. ¿Por qué tomar estas acciones hasta ahora? La falta de acción difícilmente puede ser atribuida a la voluntad de una sola persona, sobre todo cuando tan sólo se trata de aplicar la ley ante uno de los problemas más acuciantes que enfrenta la administración actual: la omisión ante la flagrancia y el desafío frontal de los enemigos del Estado hablaría de temor a las consecuencias o de cálculo político. El primer supuesto es espeluznante: uno de los argumentos del PRI para favorecer su regreso a Los Pinos era, precisamente, su capacidad de ejercicio del poder. La mera posibilidad de que quien sabe ejercerlo no lo hiciera, por temores de cualquier tipo, nos hablaría de la debilidad de las instituciones o de la falta de capacidad de quienes las representan.
El segundo supuesto, sin embargo, sería peor. La mera hipótesis de que el gobierno hubiese estado dispuesto a permitir tanto, en espera de adquirir algún tipo de ventaja —porque a final de cuentas de eso se tratan los cálculos políticos— en medio de una situación tan complicada, supondría la pérdida completa de credibilidad para quien la necesita más que nunca. El primer supuesto refleja falta de capacidad, mientras que el segundo implica la carencia de voluntad: cualquiera de los dos extremos sería inadmisible.
El Estado debe aplicar la ley y cumplir con sus funciones: no sólo actuar con diligencia ante huracanes o realizar detenciones de alto valor mediático. Hace tres años nos hicieron pensar en que el gravísimo problema de la educación se resolvería con una persona en la cárcel, sin que nada haya cambiado sino para empeorar: hoy, para poder confiar en la voluntad de quienes no tendrían sino que cumplir con su deber, necesitamos acciones más profundas y que sean parte de un plan ambicioso para recuperar el Estado de derecho, sin duda la reforma estructural por la que debimos haber iniciado.

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