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jueves, 26 de noviembre de 2015

Apatzingán: Y sí, fueron los Federales


salvador Camarena


La Policía Federal vive una de sus peores horas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ayer una recomendación para castigar, entre otros hechos, la ejecución extrajudicial de una persona y cinco muertes en las que la CNDH ha comprobado uso excesivo de la fuerza, homicidios todos donde los incriminados son de la PF.

La CNDH ha publicado por fin su investigación sobre los graves abusos a los derechos humanos ocurridos en un desalojo en Apatzingán la noche de Reyes de este año, donde murieron otras cuatro personas y donde se presentaron otras violaciones a derechos humanos en las que están involucrados además de policías federales algunos soldados del Ejército Mexicano.

Como se publicó aquí en abril, varios medios de comunicación –Punto de Partida, Reforma y Aristegui Noticias, entre otros– reportaron graves inconsistencias en la versión que dio el gobierno federal sobre los hechos. En voz del entonces comisionado de Seguridad para Michoacán Alfredo Castillo, la Federación intentó sembrar desde el principio la idea de que los fallecidos –ligados a autodefensas pertenecientes a un grupo criminal conocido como Los Viagras– se habían matado entre ellos en un fuego cruzado.

No fue así. Fueron los federales, como bien tituló su reportaje al respecto la periodista Laura Castellanos. Y quedará para la controversia si no debieran en realidad ser seis, y no sólo una, las muertes que deben ser procesadas bajo la terrible categoría de ejecución extrajudicial.

Porque luego de escuchar al ombudsman Luis Raúl
Gónzalez Pérez y al visitador Ismael Eslava detallar los
hechos, parece un mero tecnicismo no calificar como ejecución extrajudicial la muerte de cinco personas que según testimonios recabados por la CNDH estaban armados sólo con palos, que levantaron las manos en señal de rendición y que gritaron que no los mataran.

Cuestionados sobre por qué sólo una de las muertes se calificaba como ejecución y las otras como producto de un excesivo uso de la fuerza, Eslava y Pérez hablaron de que en el primer caso se acreditó plena intencionalidad, y en los segundos no.

Insisto, dados los propios reportes de la CNDH –que, otro ejemplo, encontró que un cuerpo de los occisos tenía 27 impactos de bala– parece que la oficina del Ombudsman se quedó corta en la categorización de las violaciones a los derechos humanos en lo ocurrido en la madrugada y mañana del 6 de enero.

Hasta la hora del cierre de esta columna, el gobierno federal no había respondido a las recomendaciones. Ya en dos ocasiones la Policía Federal ha fallado en su deber de rendir cuentas sobre su actuación en Apatzingán.

Fallaron cuando Alfredo Castillo presentó videos para inculpar a los Viagras de matarse entre sí, y fallaron meses después, cuando en la víspera de que Aristegui Noticias publicara el reportaje de Laura Castellanos, la Secretaría de Gobernación anunció que iniciaría una investigación.

Sin embargo, no sólo no supimos nada al respecto, sino que incluso Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, en julio declaró que sus subordinados actuaron adecuadamente: ‘‘Creo que quedó muy claro desde el principio que la Policía Federal actuó dentro de sus protocolos”, publicó Gustavo Castillo el 8 de julio (http://www.jornada.unam.mx/2015/07/08/politica/007n1pol).

Los protocolos defendidos por Galindo ayer fueron
calificaciones de ejecución extrajudicial, uso excesivo de la fuerza, así como de tratos crueles y denigrantes en detenciones.

En este gobierno en el que nadie asume responsabilidades, ¿Galindo dirá algo a la altura de las graves acusaciones que su institución recibió ayer?

Y falta Tanhuato, hechos donde el periodista Carlos Loret de Mola ha denunciado que hubo múltiples ejecuciones.

Twitter: @SalCamarena

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