Durante su participación en la consulta pública organizada por la senadora Blanca Alcalá, en torno a la reforma a la llamada Ley Antilavado de dinero, el funcionario federal también aclaró a los senadores que el alza del dólar provocó que disminuyera el número de reportes de alertas, que están fijados en la superación de los 10 mil dólares.
A su vez, Narciso Campos, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, informó que desde el año pasado, México salió del seguimiento intensificado bajo el cual estaba en el Grupo de Acción Financiera sobre el Bloqueo de Capitales (GAFI).
Precisó que “México tiene un cumplimiento respecto de las recomendaciones en materia de lavado de dinero del GAFI, por encima del promedio de sus países miembros. Y México se encuentra también por arriba, en cumplimiento, por arriba del mayor promedio, comparado con otras economías agrupadas en el G20”, dijo.
Ayer, las y los senadores integrantes de las comisiones unidas que procesan estas modificaciones, como Francisco Yunes, Jorge Luis Lavalle, Cristina Díaz, Alejandro Encinas y Pilar Ortega, escucharon a representantes de diversos sectores, quienes realizan actividades que se denominan “vulnerables” al lavado de dinero, como joyerías, tiendas departamentales, venta de automóviles, casinos, correduría pública, agentes aduanales, subastas y tarjetas bancarias.
Todos ellos coincidieron en que es altamente positivo que se modifiquen los umbrales de alerta, pues las cifras estrictas que se tienen ahora inhiben sus actividades, pero también hicieron observaciones a las propuestas de reforma, pues algunos puntos, como el hecho de que los responsables de las actividades vulnerables tengan que llevar un registro de todos sus clientes y entregar un reporte semestral a las autoridades, cuando detecten clientes con actividades que pueden constituir lavado de dinero, generará un problema grave de organización, como expuso Vicente Yáñez Solloa, de la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
Alberto Elías informó de los resultados obtenidos con la Ley Antilavado, promovida por el gobierno de Felipe Calderón, entre ellos que hay un registro de aproximadamente 60 mil personas físicas y morales que han realizado o realizan actividades vulnerables; entregan unos tres millones de avisos en ceros, lo que trae consigo un volumen de información anual que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera de 18 millones de reportes de avisos; antes de la ley la Unidad podía integrar entre 35 y 45 denuncias; ahora, gracias a esta información, entre 2013 y 2014 el promedio es de 85 denuncias.
“En este año, podríamos estar hablando que llevamos aproximadamente un poco menos de dos mil millones de pesos asegurados o bloqueados con la nueva facultad que el Congreso de la Unión otorgó a la Secretaría de Hacienda, a través de la Lista de Personas Bloqueadas.
“Esto, comparado con otros ejercicios, estamos hablando que entre 2010, 2011, 2012 hablábamos de 200 a 300 millones de pesos”, dijo.
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