El presidente de la Comisión de Gobernación, Abel Salgado Peña advirtió que el derecho a la información pública no es ninguna concesión, sino es una demanda de la sociedad, por lo que nadie podrá ejercer la transparencia como bandera política.
Porque el acceso a la información abonará en la reivindicación de otros derechos y obligaciones como la rendición de cuentas, y en otras funciones de gran relevancia como lo es el combate a la corrupción. Porque los ciudadanos tienen el derecho de conocer el destino del gasto público, tanto como el correcto ejercicio de la función pública a cargo de autoridades y representantes populares”, manifestó.
Al fundamentar el dictamen, sostuvo que con la Ley de Transparencia se termina con los privilegios para las personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.
El legislador priista subrayó que luego de que el dictamen sea avalado por el Pleno y sea aplicado no se descarta que posteriormente haya correcciones a efecto de pulir la ley.
El proyecto está conformado por 8 títulos, 216 artículos y 13 transitorios, que reglamentan el Artículo 6 de la Constitución que busca promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública.
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