Rodolfo Domínguez Márquez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio, explicó que esto es un mensaje para que las autoridades del Estado de México, entidad que gobierna el priiista Eruviel Ávila Villegas, investiguen y castiguen y no sean omisos ante este tipo de casos.
“Los efectos de este amparo son: obligar al Estado de México, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a que vuelva a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía ya no como un suicidio, sino como un probable feminicidio. Esto obliga a reconocer terribles omisiones y negligencias graves que había llevado a este caso a la impunidad”, dijo Domínguez Márquez.
Tanto la mamá de Mariana como el representante legal de la familia calificaron la decisión como “histórica” al tiempo que un grupo de personas los recibió afuera de la sede de la Corte al grito de: “¡Justicia! ¡Jusiticia!”.
Los manifestantes protestaron además por los casos de violencia contra las mujeres que –aseguraron- imperan en el Estado de México y que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas no ha hecho nada para erradicar.
“A partir de ahora tenemos un primer precedente que va a obligar a todo el poder judicial a aplicar estos estándares en todos los casos que se conozcan en caso de muertes violentas de mujeres, y esto lo vuelve histórico”, aseveró Domínguez Márquez.
“A él lo han protegido [...] los ministerios públicos, tres fiscales, tres subprocuradoras de feminicidio y tres procuradores generales”, explicó.
Mariana se casó en 2008 con un policía judicial mexiquense, Julio César Hernández Ballinas. De acuerdo con los testimonios disponibles, el agente la golpeó desde el inicio de la relación. El 29 de junio de 2010, el hombre llamó a su suegra, Irinea Buendía, para informarle que la joven había muerto.
Cuando Irinea llegó ante el cadáver de su hija, la notó golpeada y recién bañada. Hernández Ballinas declaró que la encontró colgada y que, en esa posición intentó reanimarla. Luego la acomodó en la cama y ahí “la besó” y “dio masaje en los pies” para resucitarla.
Hernández fue investigado por sus compañeros de trabajo. Nunca fue suspendido. Al contrario: fue ascendido como comandante de la Policía Judicial. Desde entonces, Irinea Buendía lucha, como dice ella, por dos cosas: “justicia y justicia”. Hoy, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dio ese reclamo que en México no se otorga de manera espontánea.
Junto con el caso de Mariana, otros cientos de feminicidios han quedado impunes en el Estado de México, que ha echado mano de todos los recursos políticos para evitar la declaratoria de alerta de género, un vanguardista instrumento jurídico existente en México, pero que nunca ha sido aplicado.
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