La detención de ‘La Tuta’

La aprehensión de Servando Gómez Martínez es un acontecimiento de la mayor relevancia, como lo fue hace más de un año la de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. El país debe romper con el negativo humor social y recuperar la capacidad para valorar lo positivo.

Por Federico Berrueto

El enojo colectivo y socializado incubado por razones varias hace que se pierda perspectiva de lo que acontece. La detención de un criminal mayor es un hecho a celebrar, aunque todavía haya mucho por hacer y también aprehender a muchos otros delincuentes para someterles al rigor de la justicia. La detención de Servando Gómez Martínez, La Tuta, es un acontecimiento de la mayor relevancia, como lo fue hace más de un año el de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

El país debe romper con el negativo humor social y recuperar la capacidad para valorar lo positivo y presentar una actitud más generosa hacia el porvenir. Las dificultades y los problemas no se superan por la inercia del tiempo, sino por la actitud de la sociedad. La calidad del gobierno y de la política también mejora en la medida de que prevalezca un espíritu de lucha, esfuerzo, autocrítica y reconocimiento. Las malas noticias siempre estarán presentes, los escándalos y las insuficiencias de nuestras élites. Hay que dejar atrás el poco constructivo regocijo con la tragedia, y el regateo a las buenas acciones y resultados; no dejarlas en el olvido o que se vuelven materia de sospecha.

El gobierno actual lleva resultados impresionantes en la detención y aniquilación de criminales. Ya se sabe que eso es insuficiente para regresar al país a la tranquilidad, incluso, si no hay una acción subsecuente, puede llevar a una mayor violencia y a la proliferación de medianos grupos criminales, igual o peor de violentos. Buena parte de la barbarie de años pasados y el disparo de los delitos de alto impacto tienen origen en la disputa de grupos criminales a partir del descabezamiento de los cárteles mayores.

Ganar la batalla a la delincuencia requiere, necesariamente, anular a quienes dirigen a los cárteles. Por ello es motivo de satisfacción pública y de merecido reconocimiento a las autoridades la detención de los delincuentes que han ensangrentado al país. Los niveles de crueldad y barbarie no guardan precedente. La incapacidad de las autoridades para proteger personas y bienes en partes importantes del país, provoca que la sociedad se muestre impotente y desesperada, abriendo espacio a la justicia por propia mano, como son los grupos de autodefensa y los linchamientos, un desafío mayor para el estado de derecho.

La impunidad es la mayor dificultad que enfrenta el país porque propicia inseguridad y corrupción. El deficiente sistema de justicia criminal demanda respuestas institucionales más profundas de lo emprendido hasta hoy. Una mejor policía es una necesidad y la nueva Fiscalía General de la República deberá ser base para abatir la impunidad. Sin embargo, las causas de la criminalidad son más profundas y, por lo mismo, no se resuelven solo con una policía nacional eficaz, tampoco con la detención de los capos más buscados.

Los gobiernos locales y municipales tienen una responsabilidad mayor para revertir la ola criminal. Sin embargo, hay que advertir las causas de la debilidad institucional de ayuntamientos y gobiernos locales para no agotar el argumento en la simple recriminación. Se requiere más voluntad, pero también más recursos y atribuciones. Lamentablemente, la política nacional desde hace tiempo va en sentido contrario: disminuir a los gobiernos subnacionales, someterlos bajo imprudente sospecha y generalizarles bajo la discutible tesis de incapacidad, abuso y frivolidad. Si tal fuera el caso, corresponde a la dinámica local resolver tales problemas en democracia, no pretender, como ahora se ha hecho, imponer soluciones desde el centro.

Los acontecimientos de importancia deben dar lugar a un espacio de reflexión para no banalizar eventos y acciones. Es alentador que las cifras de los delitos de alto impacto muestren que se va ganando la batalla, como también es positivo que los criminales más buscados estén bajo las rejas. Sin embargo, es preciso observar que la delincuencia organizada está evolucionando y hay casos como los de Michoacán y Guerrero que se han apoderado de los órganos de autoridad y han llevado a que las policías y el sistema de justicia sea recurso funcional a sus objetivos criminales.

En este sentido la detención de La Tuta debe llevar a una investigación profunda sobre la penetración del crimen en la vida política, económica y social de los territorios donde operaba. La didáctica de la justicia es que la sanción no se agota con la detención del líder criminal, sino también de todos aquellos que participaron o se beneficiaron de sus acciones delictivas. Esto no significa un llamado para afectar a quienes fueron víctimas por la vía de la extorsión e intimidación, sino para quienes fueron beneficiarios y para aquellos que siendo autoridad prefirieron declinar en el cumplimiento de sus responsabilidades. La detención no solo es una buena noticia, puede ser el inicio de la recuperación de la confianza pública de que se puede ganar la batalla al delincuente.